VALÈNCIA (EFE). CCOO PV ha pedido al Consell que rectifique y restituya las sanciones laborales a raíz de la Dana al considerar que el riesgo sufrido por miles de personas "no puede quedar impune" y afirma que sentaría un precedente "peligrosísimo" para futuras emergencias climáticas.

El sindicato ha mostrado su apoyo a la decisión del Ministerio de Trabajo de trasladar a la Fiscalía la anulación de una serie de sanciones laborales a raíz de la Dana por parte de la Generalitat Valenciana para que investigue si puede ser constitutivo de un delito de prevaricación administrativa.

Tras conocer esta decisión, la Generalitat Valenciana ha manifestado que la anulación de una serie de sanciones laborales se adoptaron tras "una evaluación individualizada, técnica y basada en criterios estrictamente legales".

Para CCOO, la anulación de esas sanciones contra empresas que obligaron a sus plantillas a trabajar en plena catástrofe es de "extrema gravedad", y ha criticado que el Consell actúe "como escudo protector del empresariado que ignoró las alertas rojas".

Según el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Sostenibilidad de CCOO PV, Antonio Inarejos,"no estamos ante un debate técnico, sino ante una decisión política vergonzosa para proteger el beneficio empresarial por encima de la vida".

El sindicato rechaza el uso de la "fuerza mayor" como excusa legal para anular las actas de infracción y argumenta que el riesgo era previsible, y la alerta roja era pública y conocida, y asegura que los expedientes recogen instrucciones explícitas de las empresas para mantener la actividad, a pesar del peligro de muerte.

CCOO recuerda que anular sanciones "de forma sistemática, ignorando las pruebas del personal inspector de campo, apunta a un presunto delito de prevaricación", según indica en un comunicado.

Según informaron fuentes de Trabajo el pasado 13 de marzo, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia había impuesto una serie de sanciones por accidentes laborales que se produjeron de facto o por los riesgos graves ocurridos durante la dana del 29 de octubre de 2024.

En estos expedientes, "se constataba la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias  para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores", lo que provocó que estos "se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave" que, en uno de los casos, se materializó en la muerte de un trabajador, añadieron esas fuentes.

Según fuentes de la Generalitat, se confirmó la sanción propuesta por la Inspección en seis empresas tras analizar las circunstancias concurrentes en cada caso y dejar sin efecto las que no consideraron ajustadas a derecho.

En algunos casos, la autoridad laboral apreció la concurrencia de circunstancias vinculadas a un episodio extraordinario de fuerza mayor, elemento que jurídicamente excluye o limita la responsabilidad administrativa cuando los hechos se producen en un contexto de emergencia imprevisible.

La Generalitat colaborará con cualquier actuación de investigación que se pueda llevar a cabo, aportando la documentación necesaria para acreditar que las decisiones se ajustan al ordenamiento jurídico.

A su vez, CCOO ha afirmado que pondrá a disposición de la Fiscalía toda la información y testimonios recabados por sus delegados y delegadas en las empresas afectadas.