VALÈNCIA (EFE). El sindicato CCOO protagoniza este martes una manifestación en València, encabezada por su secretario general, Unai Sordo, para reclamar otro modelo ante el Gobierno valenciano y la patronal, a los que han exigido la reversión de las privatizaciones de los servicios públicos, negociar la financiación autonómica y mejorar los salarios de los trabajadores.

Antes del inicio de la marcha, Sordo ha manifestado este mediodía que la situación política deja margen escaso para grandes reformas legislativas en beneficio de los trabajadores por la mayoría que forman PP, Vox y Junts en el Congreso que "ha impedido" continuar con los avances laborales y sociales.

También ha subrayado que los beneficios empresariales "tienen que llegar a los bolsillos de los trabajadores" para mejorar los salarios, en un contexto de récord histórico de cotizantes y de estar en disposición de alcanzar el pleno empleo en España en los próximos cinco años, con subidas salariales de entre el 4 y el 7 %, un incremento que el sindicato plantea para los convenios de ámbito estatal.

Sordo ha reivindicado además vivienda asequible y una rebaja de precios de consumos básicos, vivienda y servicios públicos, pues cada vez más familias tienen que dedicar más dinero a la formación profesional, la universidad o los seguros sanitarios, debido al "deterioro consciente" de los servicios públicos derivado de la "insuficiente" inversión de muchas administraciones autonómicas.

En este punto, ha manifestado su apoyo expreso a la federación de enseñanza del sindicato en la Comunitat Valenciana, donde hay una huelga del profesorado y un conflicto con la Conselleria de Educación en defensa de sus condiciones de trabajo, la calidad de la educación y menores ratios.

En una asamblea de delegados celebrada antes de la manifestación, Sordo y otros dirigentes del sindicato han recibido una camiseta amarilla de esa federación que reivindica que luchar es educar y que se han colocado para participar en la protesta.

Por su parte, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha denunciado que se registran "más de 300.000 horas extra a la semana no pagadas" en la Comunitat Valenciana, que generarían 7.200 empleos, y ha afirmado que hay casi medio millón de viviendas vacías, por lo que ha reclamado aplicar la ley estatal de vivienda y congelar alquileres.

Desde el Teatro Olympia, la manifestación se ha dirigido a las puertas del Palau de la Generalitat, donde ambos han compartido la lectura de un manifiesto reivindicativo, y de este punto han acudido a la sede de la patronal CEV, donde han entregado una carta con los conflictos y convenios abiertos.

En la manifestación, desarrollada con el lema "Salari, sostre i temps", se han coreado consignas como 'Violencia es no llegar a fin de mes', 'No queremos recortes en sanidad y educación', 'No son políticos, son boniatos', 'Más inversión para la población' o 'Tener techo no es un lujo, es un derecho universal'.

Para esta tarde se ha convocado un encuentro de las secretarías generales del sindicato con representantes de partidos de izquierda (PSPV, Compromís, EUPV, Podem, Sumar y ERPV) y una reunión con entidades sociales vinculadas a los ámbitos de juventud, igualdad, migraciones y vivienda.

Sobre Zapatero

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que mientras no haya "pruebas categóricas" en la investigación contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias, debe prevalecer el principio de la presunción de inocencia.

"En la medida en que hay una investigación en la que se supone que va a haber acusaciones de tipo penal, evidentemente habrá que pasar de los indicios a las pruebas. Y mientras esas pruebas no demuestren que ha habido algún tipo de tráfico de influencias, conviene tener clara la bandera propia de un Estado de Derecho, que es el principio de la presunción de inocencia", ha defendido.

Sordo ha añadido: "habrá tiempo de analizar las cosas y hacer un análisis de carácter ético, de carácter moral o incluso una reflexión en profundidad sobre las actividades de las personas que dejan la política o las responsabilidades institucionales, en concreto de los presidentes del Gobierno".

"Pero esta será otra reflexión paralela que me parece que no es menor. En la medida estamos hablando de un proceso de investigación que puede tener consecuencias penales, hay que esperar a que se concreten las pruebas, si es que se concretan, porque está saliendo mucha información. y alguna un poco atribulada", ha agregado.

Ha insistido en que "lo propio de un proceso penal es que aparezcan pruebas y mientras tanto, mantener cierta calma porque el tema es serio, es decir, la imputación de un presidente del Gobierno no tiene precedentes en la democracia española y la presunción de inocencia, como digo, propia de un Estado de Derecho, que hasta que no haya cosas claras es la que debe, en mi opinión, prevalecer".

En su opinión, en este caso "se van a mezclar unas cuantas cosas; va a tener mucho que ver con los entramados societarios que pueda haber en torno a las exportaciones de un país como Venezuela. Yo creo que ahí van a irrumpir también elementos de geopolítica y hay que tener un poquito de prudencia".