CASTELLÓ (EP). La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga la causa abierta por el derrumbe de un edificio de Peñíscola en el que murieron dos personas en 2021, ha dictado la declaración en calidad de investigados de técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola y de la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico del inmueble. De esta forma, el juzgado estima un recurso de reforma interpuesto por la Comunidad de Propietarios Patios Fase V contra la resolución dictada por ese juzgado el 8 de enero de 2025 que acordaba la práctica de determinadas diligencias.
El auto de la jueza indica que la declaración en calidad de investigados de los técnicos del Ayuntamiento de Peñíscola que intervinieron en la concesión de la licencia de obras y de primera ocupación de la finca resulta una diligencia procesal "adecuada", puesto que resulta necesario determinar si existen indicios suficientes de responsabilidad penal, particularmente en relación con una eventual actuación negligente o contraria al deber de cuidado, o con el desconocimiento o desatención de advertencias relevantes sobre la seguridad estructural del edificio por parte de tales técnicos.
Así, la jueza ha acordado efectuar requerimiento al Ayuntamiento de Peñíscola para que aporte al procedimiento la licencia de primera ocupación del edificio siniestrado, así como las actuaciones que se llevaron a cabo por parte de los técnicos del Ayuntamiento para la concesión de dicha licencia. También se considera procedente la declaración en calidad de investigada de la persona que firmó el visado del proyecto arquitectónico del edificio, para lo que deberá recabarse la información correspondiente del Colegio de Arquitectos de Castellón.
Según la jueza, esta diligencia resulta "fundamental" para determinar si efectivamente existió una negligencia grave en la omisión de la advertencia sobre la falta de documentación esencial en el proyecto, así como para esclarecer si el mismo cumplía o no con los requisitos básicos de seguridad estructural. Además, se deberá requirir al Colegio de Arquitectos de Castellón para que certifique si verificó que el proyecto contenía la documentación exigida por las normas de aplicación.
Reapertura de la investigación
La Sección Segunda de la Audiencia de Castellón reabrió la investigación por el derrumbe del edificio de la Urbanización Pont Nova de Peñíscola ocurrido el 25 de agosto de 2021 y en el que murieron dos personas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El Tribunal estimaba así el recurso de apelación interpuesto por los denunciantes contra el sobreseimiento provisional de la causa, acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinaròs 21 de febrero de 2024 al considerar que no quedaba suficientemente justificada la perpetración de la infracción penal, y que revocó por considerarlo prematuro.
La Comunidad de Propietarios Patios Fase V ha indicado en un comunicado que, según el informe de la Conselleria de Vivienda, las causas del derrumbe fueron "una suma de deficiencias y errores en la estructura del bloque", y concluye que "no se respetaron los criterios establecidos en el proyecto de construcción de este edificio". El informe señala que "el principal motivo es que la ejecución de la obra se alejó del proyecto de construcción". Los ladrillos que se usaron para sostener la estructura eran de peor calidad que los indicados en ese proyecto, los cimientos eran demasiado finos y la cámara sanitaria, que separa el suelo de las zonas habitables, estaba llena de humedades y rebajó hasta un 40 por ciento la capacidad de los muros de carga", añade.
