VALÈNCIA. La Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana (CDCCV) ha emitido un informe en el que analiza cómo ciertas prácticas y normativas internas de los Colegios Profesionales suponen un obstáculo a la libre competencia. El documento señala que, pese a su función de supervisión profesional, algunas entidades utilizan su posición para dificultar el acceso al mercado y distorsionar la competencia.

Uno de los aspectos que más preocupa al organismo es la imposición de requisitos de formación o experiencia previa para el acceso a listados profesionales, donde nombra especificamente el caso de los peritos judiciales y cuyos profesionales son requeridos por los tribunales. En este sentido, señala que "no se consideran proporcionados los requisitos de formación consistentes en la exigencia de la acreditación de la superación de un determinado curso u obtención de una determinada titulación, impartidos por una determinada entidad formativa, colegio profesional, academia o institución". Sobre el requisito de experiencia previa, también destaca que no resulta proporcionado exigir experiencia adquirida en el territorio geográfico en el que opera el colegio profesional, ni tampoco atribuirle mayor valoración. 

Reservas de actividad no recogidas en la legislación

El informe también denuncia la práctica de emitir comunicaciones dirigidas a administraciones públicas o empresas privadas en las que se afirma la existencia de reservas de actividad profesional en favor de sus colegiados, sin que dichas reservas estén recogidas en la legislación vigente. Actuaciones que, según apuntan, pueden inducir a error a los destinatarios y provocar que se excluya injustificadamente a profesionales cualificados que no estén colegiados o que pertenezcan a otros ámbitos territoriales.

La CDCCV recuerda que este tipo de prácticas pueden vulnerar los principios recogidos en la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado, y que, por tanto, podrían ser sancionables como infracciones graves o muy graves. También se hace referencia al marco normativo europeo, concretamente a la Directiva (UE) 2018/958, que establece la necesidad de justificar cualquier limitación al acceso o ejercicio profesional mediante un análisis de proporcionalidad, algo que, en muchos casos, los colegios no realizan.

Otra preocupación destacada en el informe es el uso de los códigos deontológicos como herramientas indirectas de regulación profesional. La Comisión subraya que, si bien los colegios tienen autonomía para establecer normas internas, estas no pueden traducirse en restricciones que limiten la competencia sin pasar por el correspondiente control legislativo. En este sentido, se valora positivamente la reciente reforma del Real Decreto 472/2021, que obliga a los colegios de ámbito estatal a someter sus códigos a evaluación previa por parte de la CNMC.

Someter a un test de proporcionalidad las restricciones

Ante este análisis, Competencia de la Comunitat Valenciana lanza una serie de recomendaciones tanto a las administraciones públicas como a los propios Colegios Profesionales. Entre las diferentes propuestas, insta a que cualquier regulación sobre el acceso o ejercicio profesional sea sometida a un test de proporcionalidad riguroso, basado en datos objetivos, y con el fin de garantizar que las restricciones estén justificadas por motivos de interés general y no supongan una carga innecesaria.

También solicita que los Colegios se abstengan de comunicar reservas de actividad no amparadas por la normativa vigente, ya que estas prácticas pueden tener efectos disuasorios sobre la contratación de profesionales y falsear las condiciones del mercado. También se sugiere revisar las leyes autonómicas de creación de colegios para eliminar posibles disposiciones desactualizadas que mantengan obligaciones de colegiación sin respaldo en la legislación estatal actual.

La Comisión pone especial énfasis en la necesidad de desarrollar una cultura institucional orientada a la buena regulación, tanto en las administraciones como en las entidades colegiales. Esta cultura debe implicar una revisión periódica de las normas, así como una evaluación ex ante de su impacto en la competencia y en el funcionamiento eficiente del mercado. Por último, el informe concluye reiterando la disposición de la CDCCV a prestar asesoramiento técnico a cualquier organismo interesado en alinear sus normas con los principios de buena regulación.