ALICANTE (EP/AP). Nueva jornada de declaraciones en la causa que investiga presuntas anomalías en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus con explicaciones similares. Los ocho compradores de los pisos que debían comparecer en calidad de investigados ante la jueza que instruye las diligencias (finalmente solo lo han hecho seis, puesto que dos se han acogido a su derecho a no declarar) han coincidido en defender que cumplían los requisitos de acceso a una vivienda protegida como adquirientes únicos, sin necesidad de que computase la renta de sus respectivas parejas, puesto que se encontraban separados o en trámites de divorcio. Así, han sostenido que sus respectivos cónyuges no formaban parte de la misma unidad familiar, en contra de lo que concluyó el informe de comprobaciones elaborado por el Servicio Territorial de Vivienda después de que trascendiese la polémica, y que se pudiese determinar que el funcionario autonómico encargado de revisar los contratos de compra de los 140 pisos, Roberto Palencia, había visado el contrato de su propia esposa sin considerar sus datos económicos (los de él).
Entre esos comparecientes que han prestado declaración ha figurado, precisamente, la pareja de dicho funcionario: la arquitecta del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret. A preguntas de los fiscales Anticorrupción, Pablo Romero y Fran Marco, y de su abogado defensor, la funcionaria ha sostenido que compró el piso con la intención de trasladarse a vivir junto a su hija, después de que, a partir de la pandemia del coronavirus, se hubiese deteriorado su relación con su marido y abogasen por separarse. En esta línea, ha explicado que su intención era trasladarse a vivir a ese nuevo domicilio de Residencial Les Naus, sin llegar a divorciarse, y que entendía que cumplía los requisitos para acceder a esa VPP en tanto que su marido no iba a vivir en esa vivienda y, por tanto, no formaba parte de la unidad de convivencia. De ahí que no aportase sus datos económicos sobre los ingresos que percibía él.
Además, ha asegurado que se enteró del desarrollo de la promoción a través de las informaciones publicadas a través de los medios de comunicación a partir de 2018, con lo que ha negado que su papel como trabajadora municipal hubiese tenido nada que ver con el hecho de que se registrase como cooperativista. Así, ha negado que su marido le informase sobre el desarrollo de la promoción. De igual modo, ha sostenido que su sueldo era bajo y que, por ello, cumplía el requisito de renta establecido en el decreto autonómico, sin considerar los ingresos percibidos por su todavía marido. En esta línea, ha señalado que se empadronó en la nueva vivienda del residencial en noviembre de 2025 con la intención de trasladarse en cuanto hubiese acabado de dotarla de mobiliario, aunque ha manifestado que no había llegado a realizar la mudanza puesto que su padre había enfermado y había tenido que dedicarse a cuidarlo, posponiendo el traslado.
Entre esos cooperativistas investigados también ha declarado la actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez, que ejerció como interventora de la Generalitat hasta la pasada legislatura. Pérez ha ofrecido una versión similar a la de Lloret, al sostener que compró la vivienda en Les Naus cuando se encontraba separada de hecho de su marido con la intención de establecerse en el piso nuevo junto a sus hijos, y que por eso no aportó la documentación económica de su marido. De igual modo, también ha negado que su condición de funcionaria hubiese tenido nada que ver con el acceso a ese piso y ha explicado que se enteró del desarrollo de la promoción porque se lo comentó un familiar, que sabía que llevaba a sus hijos a un colegio próximo al solar en el que se iba a construir la urbanización.
A su vez, las dos han explicado los motivos que les habría llevado a presentar un escrito en el que mostraban su disposición a renunciar a la adquisición de las viviendas. Lloret y Pérez han asegurado que, pese a que su intención era mudarse a esas viviendas, e iniciar una vida en separado respecto de sus parejas, preferían desprenderse de ellas a la vista del revuelo que se había generado en torno al desarrollo de la urbanización. Así, han sostenido que la compra de esas viviendas se había convertido en un problema, por lo que habían optado por expresar su intención de desprenderse de ellas para poner fin al problema.
Ingresos en España, declaraciones y comisión
Otros tres socios cooperativistas, que también han declarado bajo la condición de investigados, han reproducido ese mismo alegato para mantener que sí cumplían los requisitos establecidos para poder comprar una VPP, en contra del informe de revisión de los contratos visados promovido por el departamento autonómico de Vivienda. Por su parte, una cuarta propietaria, que compró la vivienda mientras residía en Alemania, ha declarado desde ese país por el sistema de videoconferencia, que también cumplía los requisitos económicos del decreto regulador y que había declarado que no tenía ingresos porque, según ha sostenido, solo debían computar los obtenidos en España, y no los del país en el que residía.
Tras las declaraciones de este viernes, la toma de testimonios continuará el próximo 17 de junio cuando la magistrada ha acordado llamar a declarar en calidad de testigos a representantes de cinco empresas que también registraron oferta por la adquisición del solar municipal en el que se levantó la promoción, así como a los responsables de Block Arquitectura y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) que presentaron un recurso contra el pliego de condiciones de la subasta, al considerar que la cláusula de anticipación en el registro de la oferta planteado como fórmula de desempate entre licitadores no era el método indicado para decantar la adjudicación. Esa misma fecha también deben comparecer la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante, que ya prestaron declaración en abril, con la intención de volver a pronunciarse sobre las explicaciones que había ofrecido Palencia al prestar declaración, en función de la solicitud planteada por la Fiscalía Anticorrupción.
Entre tanto, este próximo lunes está convocada una nueva sesión de la comisión municipal constituida con el voto a favor de los cinco partidos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Vox, Compromís y EU Podem) con la intención de revisar los procedimientos administrativos relacionados con la promoción de Les Naus y con el resto de VPP que se hayan podido construir sobre suelo municipal en los últimos mandatos. En principio, solo se tiene constancia efectiva de la participación en esa comisión de una de las personas citadas a comparecer en esa sesión de trabajo. Se trata del secretario general de Provia, Jesualdo Ros.
Por su parte, el administrador único de la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus (Fraorgi), Franciso Ordiñana, ha presentado un escrito de excusa en el que se limita a informar de que no acudirá a dicha sesión. Está por ver si sí acude el tercero de los comparecientes propuestos por los grupos políticos. En este caso, se trata del interventor municipal, Francisco Guardiola, quien ya había sido llamado a participar en la comisión en una sesión previa, a la que informó que no podía acudir al encontrarse fuera de Alicante en esa fecha. La comisión acordó volver a solicitar su comparecencia y, por el momento, no consta que haya respondido sobre su posible asistencia o ausencia.
