VALÈNCIA (EP). Compromís acusa al Consell de negarse a establecer una línea de ayudas a los ayuntamientos valencianos para que puedan adaptar sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) con el objetivo de ordenar su término municipal ante la "presión" que ejercen las empresas instaladoras de energías renovables. "El PP de Carlos Mazón ha dicho que no, se ha negado a defender la autonomía local y la ha recortado con la 'ley simplifica'", denuncia.

El portavoz de Industria de Compromís en Les Corts, Vicent Granel, y la diputada en el Congreso Àgueda Micó se han reunido con los representantes de la Coordinadora Valenciana por la Ubicación Racional de las Energías Renovables, que agrupa a más de 70 colectivos en defensa del territorio y grupos ecologistas del territorio valenciano.

Los representantes valencianistas se han mostrado alineados con las reivindicaciones y propuestas de la Coordinadora, al considerar que "la necesaria transición energética tiene efectos no deseados en el territorio y la economía cuando se impulsa mediante grandes infraestructuras de energía renovable que no están planificadas", informa la coalición.

Desde Compromís se constata que "hay dos factores que agravan la problemática: uno es la descoordinación total entre el gobierno de Mazón y el Ministerio de Transición Ecológica y el otro la presión de los promotores de las instalaciones para conseguir licencias exprés a modo de barra libre".

"Mazón ha tirado por la vía fácil y ha escogido la peor opción posible, solo en beneficio de las empresas que quieren establecer las instalaciones, y ha marginado completamente a las poblaciones valencianas que reivindican un uso racional de sus términos municipales, teniendo en cuenta sus sectores productivos, especialmente el agrícola, los recursos naturales y los elementos patrimoniales que los rodean", denuncia el diputado en Les Corts.

La coalición valencianista apunta a otros elementos "absolutamente necesarios" para conciliarlos todos. Uno de ellos es que la ocupación de terrenos de un municipio por parte de plantas renovables no supere el 3 %.

Casos "muy graves" en Villena y el interior de Castellón

Se refiere a "casos muy graves" como los de Villena (Alicante), "con 22 proyectos sobre la mesa que afectarían al 40% de su producción vinícola", o los parques eólicos proyectados en el interior de las comarcas de Castellón.

Según recuerda Compromís, la nueva normativa autonómica prescinde de la necesidad de informes de impacto ambiental, las instalaciones de renovables se pueden situar a 500 metros de un Bien de Interés Cultural (BIC) y pueden ocupar el 10% de un término municipal "aunque el municipio no lo considere conveniente, porque la última palabra la tiene la Generalitat". "Mazón manda y la consellera Marián Cano ejecuta sin vergüenza, a pesar de las advertencias de las personas expertas", critica el diputado autonómico.

La coalición ha impulsado acciones institucionales en Les Corts, el Congreso, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos encaminadas a exigir la elaboración de un plan de acción territorial (PAT) de implantación de las energías renovables en el territorio valenciano.

Se trata de analizar y establecer un mapa valenciano con las zonas idóneas para implantar instalaciones de energías renovables, unas zonas que deben ser compatibles con la explotación agrícola y la minimización del impacto medioambiental y patrimonial. A su juicio, también una planificación hecha en colaboración y no contra la ciudadanía y los ayuntamientos, "que es lo que está ocurriendo ahora".

Compromís tiene la "convicción absoluta de que hecho el PAT, la agilización de los trámites para crear plantas e instalaciones fotovoltaicas y eólicas sería mucho mayor y todas las partes saldrían beneficiadas": "Hecha la zonificación, las instalaciones generadoras de energías renovables solo requerirían de una licencia municipal, acompañada de un solo informe o de una simple validación".