VALÈNCIA (EP). Compromís ha registrado este viernes en Les Corts un total de 63 enmiendas al proyecto de ley de simplificación administrativa impulsado por el Consell. Unas enmiendas con las que pone de relieve que "la supuesta simplificación no puede servir de excusa para recortar derechos sociales y debilitar los controles democráticos, abriendo la puerta a mayor opacidad y especulación".

Desde la coalición valencianista denuncian que el Consell del PP, con el apoyo de Vox, "vende como lucha contra la hiperregulación es, en realidad, un desmantelamiento de garantías esenciales".

Las enmiendas de Compromís se encaminan a situar los derechos sociales como obligación institucional. Por ejemplo, vinculan presupuestariamente las prestaciones de asistencia personal para que sean derechos exigibles, "no favores condicionados a la voluntad política de cada año". Y conectan la política social con la fiscal, ya que "una valoración injusta o un sistema de deducciones desfasado empobrece directamente a familias con personas con discapacidad".

Paralelamente, sus enmiendas ajustan el sistema fiscal (el IRPF autonómico) con nuevas deducciones y revalorización de cuantías para familias con hijos con discapacitado/diversidad funcional, incluyendo una deducción recurrente por discapacidad severa y definiendo 'permanencia' para evitar interpretaciones restrictivas.

En cuanto al control y transparencia de la administración, las enmiendas refuerzan a la Abogacía General de la Generalitat y al Consell Jurídic Consultiu (CJC) como filtros obligatorios para leyes, reglamentos, convenios, contratación, sanciones y subvenciones.

También blindan la participación ciudadana en la elaboración de normas, impidiendo que la consulta previa y la audiencia se conviertan en "papel mojado". Y rechazan el uso desregulado de la inteligencia artificial (IA) en la intervención y el control interno, para evitar "algoritmos de caja negra" en decisiones sobre dinero público.

La lucha contra la corrupción es otro de los objetivos de las enmiendas de Compromís, reintroduciendo los contenidos esenciales de las bases de subvenciones: criterios, cuantías, métodos de control, compromisos como el de no deslocalización empresarial. Piden que bases y convocatoria se puedan aprobar a la vez solo en casos justificados, evitando la opacidad y prácticas discrecionales, refuerzan la obligación de supervisión técnica de obras antes de pagar subvenciones y clarifican el régimen de reintegros para evitar que errores formales dejen impunes cobros indebidos.

Estas enmiendas también reconstruyen la regulación de los proyectos de interés autonómico y de inversión estratégica para que sean realmente excepcionales, sostenibles e integrados en la estrategia territorial y la infraestructura verde. Y cierran la puerta a macrooperaciones especulativas: limitan los usos principales (terciario, industrial, logístico), excluyen el residencial especulativo y reclaman participación pública en plusvalías.

Según explica la portavoz adjunta Aitana Mas, "el hilo de las enmiendas busca reforzar instituciones propias (Abogacía, Consell Jurídic Consultiu, Inspección, Consell de Formació, Consell Valencià del Turisme, Autoridad de Transporte) como escudos de la ciudadanía, no como ornamentos. E implantar un modelo propio de bienestar y territorio. Queremos que la dependencia, la fiscalidad social, los proyectos económicos y el turismo se regulen desde una mirada valenciana, arraigada, con criterios propios y no solo con el discurso abstracto de la unidad de mercado".

"El Consell del PP vende esta modificación legislativa como una lucha contra la hiperregulación, pero cuando miras el detalle, lo que debilitan son informes jurídicos, audiencias públicas, códigos éticos, garantías en dependencia, controles de subvenciones y límites a la especulación urbanística. Dicen que quieren menos papeleo; el problema es que lo que recortan no son papeles, son derechos", concluye la parlamentaria.

El PSPV presenta más de 80 enmiendas

Los socialistas valencianos han presentado más de 80 enmiendas al considerar que "estamos ante una nueva norma cargada de ideología y que obvia las realidades sociales y territoriales de la Comunitat Valenciana".

Entre las enmiendas del PSPV destacan las referentes a la vivienda de protección pública (VPP), donde exigen la vuelta a la normativa anterior para que "la vivienda sea un derecho y no un negocio, ni un bien que repartir entre amigos con carnet del PP", detallan desde el grupo parlamentario.

En materia de política territorial, los socialistas proponen la vuelta al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel) y la protección de la costa "frente a un Consell entregado a la depredación del territorio".

Además, desde el punto de vista económico, alertan que este decreto recoge "un descontrol a la hora de repartir subvenciones, mientras siguen dando regalos fiscales a las rentas altas".

Como ejemplo, señalan que "la misma rapidez con la que dan deducciones fiscales a las rentas altas es la que han tenido a la hora de perpetrar a escondidas un recorte fiscal que afecta a las personas con discapacidad".

Por todo ello, desde el PSPV advierten que "nos quieren vender como simplificación lo que en verdad son menos derechos sociales y menos valores democráticos". "La simplificación es solo una coartada para su cruzada contra el Estado de Bienestar valenciano", aseveran.

Vox propone una mayor simplificación administrativa y eliminar "trámites burocráticos"

El grupo parlamentario Vox en Les Corts ha presentado un total de 18 enmiendas al proyecto de ley en la línea de conseguir una mayor simplificación administrativa, eliminar "trámites burocráticos" en la Comunitat y suprimir carga administrativa en empresas, comercios, colegios profesionales, autónomos, Fuerzas de Seguridad del Estado, sanidad y servicios sociales.

Entre las iniciativas, la formación liderada por Santiago Abascal plantea que se puedan abrir comercios en todos los municipios de la región de forma "más rápida" al eliminar trámites burocráticos con el objetivo de incentivar nuevas aperturas de negocios.

Por otro lado, apuesta por una mayor unidad de mercado y para ello propone que se impida solicitar requisitos adicionales a empresas o a profesionales "que ya cumplen en otra parte de España", tales como autorizaciones, titulaciones o exigencias técnicas.

Otra enmienda establece que los ayuntamientos deban revisar en un máximo de un año las declaraciones responsables, que son documentos oficiales presentados por ciudadanos o empresas para poder iniciar obras menores o actividades comerciales.

Seguidamente, se obliga a que la Generalitat diseñe las normas "pensando en no poner trabas" a empresas o profesionales de otras comunidades, para favorecer así la unidad de mercado. Además, se establece la obligación de revisar cada año dicha normativa y eliminar aquellos requisitos que sean "más restrictivos" que en otras CCAA.

También se derogan dos decretos del Consell que establecen como punto obligatorio que las grúas deban presentar un libro en el que indiquen las revisiones, mantenimientos e inspecciones oficiales. Vox considera este hecho un trámite "innecesario e injustificado" que genera "mayores cargas administrativas", por lo que cree que debe ser eliminado para "simplificar y mejorar la calidad del servicio".

Otra de las enmiendas presentadas por la formación aborda la realización de los informes para elaborar normas en las empresas y negocios de menos de 10 trabajadores y plantea tener en cuenta su impacto social y económico. Así, propone valorar "cada caso en concreto" para conocer si una empresa "debe cumplir o no" con las obligaciones recogidas en la norma. Además, señala que las notificaciones se deberán recibir en días y horas hábiles, para facilitar "el conocimiento efectivo" de las personas interesadas.

En otro orden de asuntos, el partido de Abascal plantea establecer una reserva de plazas para militares de complemento y profesionales de tropa y marinería en las convocatorias para el ingreso en los cuerpos de la Policía Local.

Por otro lado, en materia de sanidad y servicios sociales, Vox quiere reforzar el derecho a una historia social única y para ello apuesta por establecer un marco jurídico que permita la "comunicación bidireccional" de datos personales entre el Sistema Valenciano de Salud y el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El objetivo es que ambos puedan acceder a la historia del mismo paciente para garantizar "una atención integral y centrada en la persona".

También pide modificar la ley por la que se regula la Iniciativa Legislativa Popular ante Les Corts y propone incorporar como requisitos para ejercer esta iniciativa tener la nacionalidad española y formar parte del censo electoral o ser ciudadano de los estados miembros de la UE o de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza.

En otro punto, la formación pretende reducir los trámites, las autorizaciones y la intervención administrativa en las instalaciones eléctricas. Finalmente, apuesta por modificar la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, para agilizar los procedimientos de verificación de los requisitos para facilitar la vida al comercio. Con todas estas enmiendas, Vox defiende que cumple "una vez más" con su programa electoral.