VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha elevado a exposición pública el proyecto de orden que establece, por primera vez, una regulación conjunta de las plantillas y ratios de personal, las titulaciones profesionales exigidas, la estructura organizativa y los sistemas de participación para los centros y programas de servicios sociales de la Comunitat Valenciana y que permite mejorar la calidad asistencial y seguridad jurídica.

Según la vicepresidencia, este proyecto supone "un hito para la política social valenciana, ya que agrupa en un único marco normativo aspectos esenciales que antes se regulaban por separado", lo que aporta "seguridad jurídica, simplificación administrativa y agilidad, y facilita su aplicación tanto en entidades públicas como en las del tercer sector e iniciativa privada".

De este modo, se quiere "mejorar la calidad del servicio, la atención a usuarios, las condiciones de los profesionales y la gestión de los centros". Además, "permite potenciar la creación de nuevas plazas para dar respuesta a las crecientes necesidades de la sociedad".

Además, señala que el texto normativo, elaborado en base a un "profundo proceso de consenso técnico con todas las direcciones generales implicadas, responde a las necesidades reales del sistema". Por ejemplo, las nuevas ratios de personal mínimo se han diseñado atendiendo al tipo de centro y programa específico, y se ha introducido un "notable" incremento en los recursos humanos con respecto al decreto anterior que "atiende especialmente a centros que trabajan con personas con altas necesidades de apoyo o vulnerabilidad".

Respecto a las titulaciones y categorías profesionales, la orden no actualiza los requisitos formativos de los perfiles estándar y define equivalencias específicas para garantizar la administración de funciones de dirección y gestión. Con ello "se refuerza la profesionalización, asegurando que los equipos cuenten con una formación mínima adecuada y válida para todos los perfiles", destaca.

Del mismo moso, afirma que la regulación de la estructura organizativa y los sistemas de participación "también experimenta una mejora significativa". Así, se ha eliminado la normativa "redundante" y "se han reducido los reglamentos internos y normas de funcionamiento a lo imprescindible, con una redacción más clara y accesible", lo que facilita "la adaptación de los centros a la normativa y permite una mejor implicación de usuarios, familias y trabajadores en los órganos de participación".

En su conjunto, apostilla, "la orden persigue garantizar la eficiencia organizativa de los centros, al tiempo que sienta las bases para la creación de nuevos recursos, que permitan ampliar plazas en el nuevo marco de gestión, respondiendo a modelos reales y actuales de atención".