ALICANTE. El proceso de comprobaciones promovido por la Conselleria de Vivienda respecto a los requisitos de los compradores de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022 llega a su fin, después de analizar la documentación requerida a cerca de una docena de los socios cooperativistas que adquirieron pisos en la promoción de la polémica con el fin de precisar si reunían las condiciones para acceder a una VPP. Básicamente, no disponer de ingresos inferiores a 54.600 euros (que pueden elevarse por encima de los 60.000 euros en determinados supuestos, como tener hijos o mayores a cargo, por ejemplo) entre el conjunto de miembros que conforman la unidad familiar conviviente en el domicilio y no contar con otra vivienda en propiedad.

El departamento autonómico trasladó este martes al juzgado que instruye la investigación sobre las supuestas anomalías en la gestión y compra de esas viviendas el informe de conclusiones tras la revisión de esa documentación, junto al resto de información reclamada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en su denuncia. Y, según fuentes que tuvieron acceso a su contenido, en él se detallaría que al menos dos de las adquirientes de los 140 pisos del residencial a las que se había emplazado para que aportasen datos adicionales no habrían respondido a esa petición de información. En concreto, se trata de dos altas funcionarias: la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret, pareja del técnico de Vivienda que visó la totalidad de los contratos; y la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez, que ejerció como interventora de la Generalitat en la Conselleria de Hacienda durante seis años, hasta que, el pasado octubre, se produjo su reincorporación al ayuntamiento santjoaner.

¿Qué consecuencias tendría el hecho de no haber atendido esa solicitud? Como mínimo, que no se haya podido certificar si cumplían esos requisitos de acceso a una VPP establecidos en el último decreto regulador, aprobado en 2024, con lo que no se habrían despejado dudas sobre la corrección del visado de los contratos de compra de sus viviendas. O lo que es lo mismo, que no se habría podido verificar si cumplían esas condiciones o si pudieron incurrir en un supuesto fraude al omitir información. Se da la circunstancia de que distintos representantes del PP han venido ligando a ambas con ascensos promovidos bajo el mandato del Consell del Botànic. En el caso de la arquitecta municipal, la promoción se circunscribiría a su pareja, el funcionario de Vivienda que visó los contratos, ya sancionado con suspensión de empleo y sueldo por la conselleria tras detectar que no tuvo en cuenta sus propios ingresos económicos a la hora de validar el contrato de compra de su mujer, a pesar de que él formaba parte de la misma unidad familiar.

Desistimiento e incumplimientos 

Y también se da la circunstancia de que las dos ya han comunicado su intención de desistir de la propiedad de sus pisos, tras haber elevado consultas sobre qué proceso debían seguir para desprenderse de ellos, como había anticipado este diario. Por lo pronto, las únicas fórmulas contempladas serían la anulación de los contratos por vía judicial, o la negociación de una venta de esos inmuebles a terceros interesados que cumpliesen los requisitos para acceder a una VPP, por el mismo importe de la primera adquisición, lo que abriría la puerta a que la administración (bien Vivienda o bien el Ayuntamiento de Alicante por delegación, a partir del convenio anunciado tras el estallido de la crisis) pudiese ejercer el derecho de tanteo y asumir su titularidad.

¿Qué sucedería con el resto de socios cooperativistas a los que se requirió esa información adicional y sí la remitieron? Las mismas fuentes precisaron que se habría podido constatar que algunos de ellos no cumplían los requisitos para poder comprar una VPP, aunque no ha trascendido cuántos de ellos, ni si ocupan algún tipo de ocupación profesional ligada a la administración. En todo caso, será la conclusión de las diligencias de investigación judicial la que marque el camino a seguir respecto a esas situaciones concretas, sin que, hasta entonces, pueda determinarse tampoco la posibilidad de aplicar sanciones económicas.

Por el momento, todo parece indicar que la instrucción de la causa llevará meses a la vista de la ingente cantidad de documentación facilitada por el Ayuntamiento de Alicante, por la Conselleria de Vivienda y por la cooperativa Resiencial Les Naus, en respuesta al requerimiento del juzgado. A partir del análisis de esa información, podría requerirse más documentación o acordarse posibles declaraciones de aquellas personas que se considerase que pudiesen aportar información para esclarecer los hechos.