VALÈNCIA (EP). El 91,85% de los 77.804 contratos del sector público de la Generalitat durante el año 2024 se realizaron sin expediente o fueron contratos menores. En concreto, hubo 60.328 gastos sin expediente por valor de 157,7 millones y 11.138 contratos menores por valor de 34,2 millones.

Así, se desprende del Informe de la Intervención del Sector Público Instrumental (SPI) del año 2024, bajo el Gobierno de Carlos Mazón, que ha realizado auditorías a 55 entidades. Dentro ellas, tres han recibido una valoración favorable, 13 una calificación de favorable con observaciones, 27 entidades han recibido una valoración favorable con salvedades y 12 fueron desfavorables.

En cuanto a las incidencias más significativas detectadas en el área de contratación destaca que "en siete entidades se han recibido bienes y servicios sin el oportuno expediente de contratación, incumpliendo los principios generales de la contratación pública". En concreto, hace mención especial al Hospital General de Valencia, el Hospital Provincial de Castellón y Feria Valencia.

Además, en 14 entidades del SPI "se ha realizado un uso incorrecto de la contratación menor, en tanto que se trata de necesidades recurrentes que se repiten año tras año o se producen fraccionamientos de contratos para eludir la tramitación de procedimientos no menores".

En otras 25 entidades "no se han implementado declaraciones de conflicto de intereses para quienes tramitan los expedientes y en 19 entidades se han detectado incidencias en cuanto a los plazos máximos establecido tanto para prestar la conformidad con los bienes suministrados o servicios recibidos, como para efectuar el pago correspondiente del precio.

Asimismo, señala que la mayoría de las universidades auditadas presentan incumplimientos relacionados con la obligatoriedad y los plazos del Plan Anual de Contratación (PAC) y que en todas las universidades se ha detectado el uso de contratos menores, en particular la Universitta Politécnica de València en el 59,33% de los casos.

En el área de personal, señala que el número de trabajadores medios es de 14.659,70, siendo el importe de los gastos de personal de 776.718.117,90 euros y señala que se evidencia una necesidad de mejora en los instrumentos de regulación de las condiciones retributivas de los trabajadores del Sector Público Instrumental. Así, apunta que de 46 entidades sujetas a la obligación de obtener masa salarial únicamente 5 de ellas disponen de masa salarial autorizada por la Dirección General de Presupuestos.

Asimismo, señala que las Universidades Públicas no han recibido del Consell autorización del coste de los conceptos retributivos del personal técnico de gestión, administración y servicios (PTGAS) y del personal docente e investigador (PDI) dependientes de las Universidades.

En el año 2024, el saldo de tesorería a final de ejercicio del SPI sujeto a auditoría era de 881,84 millones de euros mientras que el saldo medio de los tres últimos ejercicios de la GV ha sido de 700,88 Meuro. Por otra parte, hay que destacar que el saldo conjunto de las cuatro entidades con mayor saldo de tesorería a 31/12/2024 ascendía a 527,89 millones de euros (60% del total) y el de 16 mayores 797,83 millones de euros (90% del total).

Entre las incidencias detectadas, apunta que las entidades del sector público instrumental no han reportado, de manera generalizada, contar con un sistema de autoevaluación de riesgos; en 14 entidades no se requiere en todo caso la firma mancomunada para la disposición de fondos de las cuentas bancarias de titularidad de la entidad; algunas entidades aún no están adheridas al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACE) o carecen de un registro electrónico propio y se ha identificado la necesidad de establecer un marco regulatorio común para las entidades del sector público instrumental de la Generalitat que utilizan sistemas de pago similares a los anticipos de caja fija.

"Avances relevantes"

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, preguntado al respecto, ha sostenido que el informe de Intervención de la Generalitat todos los años revela "cosas de índole similar" y "debilidades que lógicamente tienen todas las administraciones", pero ha asegurado que entre 2023 y 2024 hay "una clara mejoría" y "avances relevantes" en ámbitos como la contratación o la tesorería.

Además, ha explicado que el Consell está acometiendo contrataciones en materia de servicios sociales de contratos que estaban caducados, así como concesiones de transporte público de la Generalitat. "Se ha hecho un esfuerzo ingente y estamos en una fase intensísima de corrección", ha defendido.

El también conseller de Agricultura se ha pronunciado así, en rueda de prensa tras el pleno del Consell, al ser preguntado por si, a tenor de este informe de Intervención, es necesario que el gobierno de Juanfran Pérez Llorca encargue una auditoría del sector público de la Generalitat, como la que encargó el anterior ejecutivo de Carlos Mazón sobre la etapa del Botànic entre 2015 y 2023.

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha anunciado la petición de una comisión de investigación sobre el sector público "tras conocerse que el 92% de los contratos de la etapa de Carlos Mazón", 'expresident' de la Generalitat, "fueron adjudicados sin control"·. "En solo un año ya habían creado un modus operandi", ha denunciado en declaraciones a los medios, y ha advertido que "la irregularidad es el anticipo de la corrupción".

A muñoz le ha replicado el síndic popular en, Nando Pastor, que ha señalado que el portavoz socialista "debería explicar por qué el auditor del PSOE huye de Ferraz cuando entra la UCO", y le ha recordado que "el Gobierno de Puig y Oltra generó un caos en la gestión, disparando un 47% el gasto en el sector público".

"Habla quien más tiene que callar", ha recalcado Pastor, que ha apuntado que el informe revela "una clara mejoría respecto a 2023, con una evolución positiva y en fase de intensa corrección por parte de la actual administración".

"Justo el día en que conocemos que la empresa que ha venido fiscalizando las cuentas anuales del PSOE desde 2020 se ha negado a auditar las cuentas de 2025, un socialista como Muñoz se atreve a valorar de forma sesgada auditorías del sector público. Esto como los presupuestos. Quienes presentan la enmienda a la totalidad al presupuesto más social de la historia de la Generalitat el primer día posible, son los mismos que llevan tres años sin ser capaces de presentar su presupuesto", le ha reprochado.

Así, ha recordado que "fue el anterior Gobierno de Puig quien generó un caos en la gestión del sector público instrumental, incrementándose un 47% el gasto en el sector público, donde 50 de las 54 empresas públicas presentaron irregularidades. Estamos todavía esperando que alguien explique los contratos a dedo de hasta 713 millones en la última legislatura o los 4.000 contratos sin informe de la dirección general presupuestaria, contratados de forma ajena al presupuesto".

"La auditoría que critica Muñoz muestra avances relevantes en contratación, tesorería y transparencia, con actualización de concesiones y servicios sociales caducados desde hace años", ha apostillado.