VALÈNCIA. A la vista de lo sucedido, la vigilancia de los barrancos es uno de los eslabones que falló el pasado 29 de octubre. La jueza de la Dana indaga en los motivos del aviso tardío a la población, por lo que la responsabilidad en el control de los cauces es otro de los puntos a analizar en el procedimiento judicial. En ese sentido, el director general de Medio Natural, Luis Gomis, ha respondido a la instructora sobre las competencias en esta materia, reflejadas en el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana.
Gomis fue el alto cargo que, en un primer informe para la jueza, explicó que a mediodía del día de la Dana puso a disposición de Emergencias los 200 agentes medioambientales para la colaboración en el Plan frente al riesgo de Inundaciones, puesto que estos profesionales autonómicos "tienen encomendada, junto a otros organismos, el seguimiento de caudales en ríos, barrancos, sistemas de regulación y zonas inundables". Unas consideraciones que chocaban directamente con el discurso del Consell que dirige Carlos Mazón, que había sostenido que la competencia exclusiva del control de caudales era de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Ahora, en el nuevo informe remitido el pasado 8 de mayo al juzgado, publicado por Levante-EMV y al que ha tenido acceso Plaza, Gomis aclara que el Plan confiere a las confederaciones hidrográficas "un papel preponderante" al aparecer primero en el listado, y "finalmente seguido por una pluralidad de entidades que también pueden colaborar, entre las que se encuentran los agentes medioambientales", que son "uno más de los apoyos auxiliares" entre los que están, por ejemplo, la Guardia Civil.
- Plan de Inundaciones de la Generalitat Valenciana
En ese sentido, insiste en que según el plan, recae la "competencia directa, princial y sustancialmente" en la CHJ y que el "resto de organismos y cuerpos descritos en el propio Plan" tienen un "papel accesorio, complementario y en cualquier caso nunca sustitutivo" respecto a la Confederación. Por ello, reseña que el organismo estatal, que preside Miguel Polo y depende del Ministerio de Transición Ecológica "cuenta adicionalmente con un cuerpo propio, la denominada Policía de Aguas, que pueden ser auxiliados en sus tareas por los Guardias Fluviales". Y pone de relieve que estos agentes "poseen la condición de agentes de la autoridad que, siempre en el respeto del marco normativo, les permite tomar cualquier tipo de decisión revestida de un carácter cualificado al no ser meros funcionarios públicos".
Este cuerpo, "que tiene atribuida la competencia en materia de control de aforos y crecidas de barrancos", depende de la Comisaría de Aguas y "tiene gran relevancia ya que, apunta, representa la competencia para la "vigilancia de los cauces en situaciones de emergencia como avenidas, sequías, mortandades piscícolas, etcétera", señala citando la página web de la Confederación homólga del Duero.
Por otro lado, el director general explica a la jueza, sobre los agentes medioambientales puestos a disposición de Emergencias el pasado 29 de octubre, que se hizo "en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección frente a inundaciones" y que "no consta soporte documental, al menos por escrito" de que Emergencias contestara a dicho ofrecimiento. Así, explica que el ofrecimiento se lanzó "a pesar de ser simplemente la sexta alternativa subsidiaria que ofrece el Plan de Inundaciones para el seguimiento del estado de los barrancos", que ´-insiste- "no compete a la Generalitat, si no a la Confederación Hidrográfica en primer lugar y a los municipios en segundo".
Asimismo, el escrito presentado ante la jueza indica que tampoco consta a que la Confederación Hidrográfica del Júcar, a través de sus agentes medioambientales especializados en las labores de policía de aguas, "se pusiera en contacto con los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio".
Cabe recordar que, la pasada semana, la jueza de la Dana citó al mencionado director general para que acuda a declarar en calidad de testigo, y ha hecho lo propio con numerosos alcaldes de la 'zona cero' de las inundaciones. También con una una operadora del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Todavía no hay fecha para estas comparecencias.
