BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha presenado un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar más de 300 millones de euros a los propietarios de suelo de Serra Gelada. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró firme la sentencia en el mes de abril después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso de casación interpuesto por el Consistorio.

El auto del TSJCV señalaba que el Ayuntamiento debía indemnizar a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada. Como ha venido contando Plaza de largo, esta resolución obedece a no haber ejecutado unos convenios urbanísticos firmados por primera vez hace 22 años. 

Así, el Ayuntamiento presentó el 7 de mayo un incidente de nulidad por vulnerar el derecho a la tutela judicial. Eso sí, la Abogacía de la Generalitat Valenciana habría pedido que se desestimara, según ha informado la Cadena Ser.

Para la defensa de sus intereses, desde el recurso de casación el Ayuntamiento confío en el abogado José María Baño León, especialista en derecho urbanístico, contratación administrativa y procedimiento administrativo, con despacho en València. El incidente de nulidad permite impugnar una sentencia firme de manera excepcional y argumentando la vulneración de derechos fundamentales durante el proceso, que causen indefensión y sin que se hayan podido denunciar previamente.

Como se decía, la condena pide que el Ayuntamiento responda a la responsabilidad patrimonial con el pago de 283 millones de euros más los intereses, lo que podría superar ya los 300 millones de euros. Una cuantía que llama la atención vista con perspectiva, sabiendo que el presupuesto anual del municipio no llega a los 150 millones de euros. Ante esta situación, el alcalde, Toni Pérez, quiso mostrar tranquilidad a la ciudadanía en su última comparecencia sobre este asunto, hace ya casi dos meses. En ese momento, explicó que la administración local estaba estudiando todas las posibilidades que tenía para evitar el pago de la sentencia.

Convenios

Los dueños de este suelo firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas, sin embargo, estas indemnizaciones nunca llegaron a ejecutarse sin antes una sentencia judicial.

Así, el convenio se comprometía a compensar con edificabilidad en otras parcelas a los propietarios por esos terrenos, que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. El PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la nulidad del acuerdo. En noviembre de 2022 se aprobó por el pleno con el voto a favor de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos.

No obstante, los informes aportados en aquel entonces consideraban que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Esta tesis recogía que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc.