VALÈNCIA (EP). El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi CV) ha presentado "un ambicioso" documento de propuestas estratégicas para "blindar" los derechos de las personas con discapacidad en los presupuestos de 2026.

El documento subraya que la coordinación entre las distintas administraciones es "crucial" y al respecto recalca que "la dana evidenció cómo una respuesta fragmentada desprotege a los colectivos más vulnerables".

Por ello, insta a una gobernanza "colaborativa" en el diseño de los presupuestos y, especialmente, en la ejecución del plan de reconstrucción Plan Endavant y su Plan Director. "Estos presupuestos son una prueba de fuego para la inclusión en la Comunitat Valenciana", ha señalado en un comunicado.

El presidente de Cermi CV, Luis Vañó, ha recalcado que tras "las lecciones aprendidas de la dana, no podemos permitirnos una reconstrucción que deje atrás a las personas con discapacidad".

"Exigimos una acción coordinada y una inversión decidida que vaya más allá de las palabras y se traduzca en derechos efectivos, en una fiscalidad más justa y en servicios públicos verdaderamente universales", ha reclamado.

Junto a las propuestas puramente presupuestarias, Cermi subraya la urgencia de acometer varias modificaciones legislativas "clave" para consolidar derechos. Entre ellas, la actualización del Estatuto de las Personas con Discapacidad para adecuarla a la Ley 8/2021 y a la normativa vigente, la creación de un sistema de arbitraje y mediación para la resolución de conflictos, la regulación del reconocimiento de la discapacidad para residentes en el exterior, y la incorporación transversal de la perspectiva de la discapacidad en leyes como la de Protección Civil (ley 13/2010), Salud (ley 10/2014) y Fomento del Emprendimiento (ley2/2012).

En concreto, a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda le reclama que se dote de un presupuesto adecuado y se amplíen las medidas del Plan de Choque ya existente para "acabar definitivamente con las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia".

Además, pide que se complete con la unificación de procedimientos, la creación de informes clínicos normalizados compatibles con el nuevo baremo del RD 888/2022 y el desarrollo de una historia social única para mejorar la eficiencia.

Se exige también un aumento de los módulos económicos de la acción concertada social para cubrir costes "reales" y garantizar la sostenibilidad del Tercer Sector, junto a un incremento "constante" de las plazas concertadas. Además, se pide un Plan de Acción específico para Mujeres y Niñas con Discapacidad que garantice, entre otros, la comunicación accesible para las víctimas de violencia de género.

A Hacienda y Economía plantea una reforma fiscal para crear un sistema "más justo" que alivie los sobrecostes de la discapacidad mediante una deducción extraordinaria en el IRPF para los afectados por la dana, nuevas deducciones para combatir la brecha digital y para apoyar a las familias cuidadoras, para familias con personas electrodependientes y la adaptación de la ley del IRPF a las nuevas figuras de apoyo a la capacidad jurídica como la curatela.

A Sanidad se solicita dotación presupuestaria para planes estratégicos clave como la Estrategia de Daño Cerebral Adquirido (DCA) y el Plan de Salud Mental y la creación de un Catálogo General de Productos de Apoyo y el desarrollo de un plan de resiliencia sanitaria que incluya un registro de personas electrodependientes para priorizar su seguridad en emergencias.

Por su parte, a Emergencias e Interior se demanda una línea presupuestaria específica para un programa de formación obligatoria y continua para todos los equipos de primera intervención (bomberos, policía, UME, etc.) sobre la atención a personas con discapacidad, que sería impartido en colaboración con el Cermi, así como participar en los órganos de decisión durante las crisis.

Concierto social

A Justicia y Empleo propone crear la figura del facilitador procesal para garantizar el acceso a la justicia y adaptar las pruebas de acceso a la función pública para que se centren en las competencias y en materia de empleo, se insta a pasar de un modelo de subvenciones a un concierto social para los servicios de orientación profesional y a aumentar la reserva de contratos públicos para Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.

Por último, la principal reivindicación a Educación es la revisión urgente de los módulos económicos de los conciertos de los Centros de Educación Especial (CEE) para mejorar su financiación y la creación de un Plan Estratégico de Educación Inclusiva y un protocolo para garantizar la continuidad de los apoyos especializados al alumnado con discapacidad en caso de emergencia.

Cermi CV confía en que estas propuestas sean atendidas por el Consell para "avanzar en la construcción de una Comunitat Valenciana que garantice los derechos y la plena inclusión de todos sus ciudadanos y ciudadanas".