VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha modificado el régimen de financiación de las depuradoras y a partir de ahora canalizará todos los pagos a las concesionarias a través de los ayuntamientos responsables de las instalaciones. Así, mientras que el sistema vigente hasta la fecha permitía que las empresas explotadoras de las estaciones percibir cobros directamente de parte de la administración autonómica con cargo al canon de saneamiento, a partir de ahora serán los ayuntamientos los que percibirán este dinero y pagarán a las empresas privadas.

La Conselleria de Medio Ambiente y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus, ha aprobado un decreto en el que introduce estos cambios en el reglamento de financiación de las estaciones de saneamiento y depuración. La disposición explica que se eliminará la posibilidad de que "el tercero que gestione el servicio cobre directamente con cargo al canon de saneamiento", por lo que "a partir de ahora" será "la entidad local titular del servicio de depuración de aguas residuales quien reciba la financiación correspondiente".

Hay otro cambio porque el régimen vigente también contemplaba un mecanismo de compensación por parte de las empresas explotadoras aplicable al cobro del canon de saneamiento, que las suministradoras recaudan del contribuyente en la factura del agua. Pero el decreto suprime este sistema para acabar con "los problemas que en la actualidad está generando la compensación directa por parte de las empresas suministradoras", de manera que se unifica y adaptan los trámites tras los cambios aprobados ya el año pasado en la ley de saneamiento.

Según explican en el departamento de Martínez Mus, hasta ahora se podía hacer esta compensación directa por parte de las empresas explotadoras, que podían "cobrar directamente con cargo al canon de saneamiento". Sin embargo, como hay muchas actuaciones de mantenimiento municipal en las instalaciones que lleva a cabo la Generalitat a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), ahora serán los ayuntamientos los que reciban esa financiación y paguen a las empresas.

El objetivo, aseguran, es "hacer un mejor seguimiento de los importes abonados, de las fechas de pago y de los beneficiarios, además de optimizar la trazabilidad y los procedimientos de verificación y comprobación". El decreto incluye otra disposición en la que se especifica que la partida de personal para la explotación de las depuradoras "podrá adaptarse anualmente" conforme a los convenios estatales, autonómicos y provinciales.