VALÈNCIA. El control y la inspección del fraude en el etiquetado y exposición de alimentos en la Comunitat Valenciana ha sido una de las víctimas de la reestructuración del sector público instrumental de la Generalitat ejecutada por el Consell de Carlos Mazón al llegar al poder en 2023.

El afán del gobierno valenciano por "eliminar grasa" de la Administración se tradujo en el desmantelamiento de varias entidades. Una de ellas fue la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentario (AVICA), la cual tenía capacidad de intervenir ante el fraude alimentario si se consideraba que este afectaba o iba en contra de la Ley de la cadena agroalimentaria, entre otras funciones.

Precisamente, la persecución del fraude en el etiquetado ha sido objeto de confrontación esta semana entre el Consell y el Gobierno. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, instó a la Generalitat a ejercer sus competencias en este ámbito y perseguir el posible engaño a los consumidores sobre el origen del arroz valenciano mediante la realización de controles y, en su caso, sancionando estas u otras posibles prácticas fraudulentas.

Por su parte, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, justificó la inexistencia de un control sobre el etiquetado del arroz por parte de la Generalitat al afirmar que no hay una norma europea que obligue a concretar la procedencia. "Cada producto tiene su normativa", señaló el conseller, que incidió en que desde el Consell han apelado a la Comisión Europea sobre "la necesidad" de que aparezca el origen de estos productos. "No aparece porque la normativa europea no lo reclama", insistió.

La respuesta de la Conselleria se centró en la ausencia de una obligación europea de indicar de forma general el origen del arroz, pero no entra de lleno en la cuestión planteada por el Ministerio, que se refiere a las competencias autonómicas para inspeccionar y sancionar posibles prácticas que induzcan a error sobre la procedencia del producto. 

La normativa de la Unión Europea es clara en este sentido. El artículo 7 del Reglamento (UE) 1169/2011 prohíbe que la información alimentaria induzca a error sobre el país de origen o lugar de procedencia de un alimento. Esta prohibición se extiende no solo a las menciones expresas de la etiqueta, sino también a la presentación, publicidad y apariencia global del producto, según la interpretación consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La normativa afecta a alimentos de muy diversa naturaleza, entre ellos vinos, frutas y hortalizas, carnes, bebidas vegetales y productos elaborados. En el caso del arroz, la legislación comunitaria prohíbe tanto las declaraciones de origen falsas como aquellas presentaciones comerciales que puedan inducir al consumidor a creer que el producto procede de una zona geográfica distinta de la real. La evaluación no se limita al contenido literal de la etiqueta, sino que abarca el conjunto de elementos que conforman la presentación del producto, incluidas imágenes, denominaciones, referencias geográficas o mensajes promocionales.

Y ante estos elementos la Generalitat tiene potestad para actuar con un mecanismo de control y sanción también para el arroz cuando la exposición y el etiquetado pueda dar lugar a confusión o engaño, tal y como recoge el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria y el Reglamento (UE) 2017/625).

La corta pero intensa vida de la AVICA

Precisamente, la agencia valenciana (AVICA) ejercía estas labores de inspección y sanción, no sólo en lo relativo al etiquetado, sino también sobre mala praxis en la contratación en el campo. Fue constituida en 2022 y en su primer año de vida detectó 43 fraudes en alimentos. Las infracciones fueron variadas e iban desde la imprecisión, error o engaño en el etiquetado de productos como vino, horchatas, naranjas pollo y abonos, hasta la adulteración de especias como el pimentón o el azafrán.

Aunque la agencia se creó en enero de 2022, la dirección general ya realizaba inspecciones en los campos de cultivo, almacenes y centros de transformación, sin embargo, con esta entidad ampliaron sus competencias a los puntos de venta. El importe ingresado aquel año por las infracciones detectadas fue de 38.767,2 euros, aunque la mayor parte correspondía a irregularidades en abonos.

Sin respuesta a las denuncias ni datos de inspecciones

Pero, más allá de la guerra argumentativa entre Consell y Gobierno sobre el arroz, desde el campo valenciano lamentan la falta de respuesta por parte de la Administración valenciana a las denuncias reiteradas que han realizado distintas asociaciones sobre fraudes o engaños en el etiquetado de productos alimentarios o en la propia exposición en tiendas y supermercados. "Hemos mandado varias cartas a distintas consellerias y no recibimos respuesta pese a que tenemos cartas de octubre y noviembre del año pasado", señalan desde La Unió Llauradora.

De hecho, la asociación lamenta la eliminación de la Avica y considera que su desaparición ha mermado la capacidad inspectora y sancionadora del Consell en este ámbito. "Consideramos un error que se eliminara porque era un instrumento complementario a la agencia de control alimentaria estatal (AICA). La AVICA, bien dotada, podría ejercer competencias autonómicas claras en estas materias de consumo como son las malas praxis en la cadena agroalimentaria o el mal etiquetaje", explica Carles Peris, secretario general de La Unió a ValenciaPlaza.

Bien es cierto, que el desmantelamiento de la Avica no tendría por qué suponer la desaparecición de un mecanismo de control sobre el etiquetado y la publicidad de los productos, ya que estas funciones pueden ejercerse desde una dirección general de la Generalitat. No obstante, aunque este periódico ha solicitado a la Conselleria datos sobre inspecciones realizadas en este ámbito, no ha recibido información al respecto más allá de la afirmación por parte de la cartera de Agricultura de que "sí se están" aplicando dichos mecanismos contra el etiquetado o publicidad fraudulenta sobre la procedencia de alimentos. 

Esto se suma a que en los últimos informes del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 (PNCOCA), donde se recoge la información proporcionada por los servicios de inspección de las direcciones generales con competencias en consumo de todas las comunidades autónomas, no constan la Comunitat Valenciana ni Melilla, tal y como ha podido comprobar este periódico. Además, tampoco aparecen resultados relativos a los controles realizados en el año 2025 por parte de la Comunitat Valenciana.