VALÈNCIA (EFE). La Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, movilizará 4,8 millones de euros en ayudas a empresas y trabajadores autónomos dirigidas a favorecer la contratación de personas con discapacidad y de colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha presentado este lunes las diferentes líneas de subvenciones impulsadas por Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación durante la reunión que ha mantenido con representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), informa la Generalitat en un comunicado.
"Estas ayudas responden a una prioridad clara del Consell: que nadie quede fuera del mercado laboral por razón de discapacidad o por pertenecer a un colectivo con especiales dificultades de inserción", ha subrayado la vicepresidenta primera, quien ha añadido que la inclusión laboral "es también una inversión social y económica que beneficia al conjunto de la Comunitat Valenciana”.
Apoyo al empleo inclusivo
Las subvenciones se dirigen a empresas y personas trabajadoras autónomas con centro de trabajo en la Comunitat Valenciana y contemplan un máximo de dos contratos subvencionados por entidad, reforzando así el acceso al empleo estable en el mercado ordinario de trabajo.
Por un lado, se incluyen ayudas específicas para la contratación de personas con discapacidad, especialmente de aquellas que proceden de Centros Especiales de Empleo o presentan discapacidad severa, con el objetivo de facilitar su transición al empleo ordinario.
Por otro, se refuerzan las subvenciones destinadas a la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos de atención prioritaria, como personas en situación o riesgo de exclusión social, personas desempleadas de larga duración, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género.
En todos los casos, las personas destinatarias finales deberán haber permanecido desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Labora durante al menos tres meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la contratación, garantizando que las ayudas se dirigen a quienes realmente necesitan este apoyo.
Entre 10.000 y 25.000 euros por contrato
Las subvenciones oscilan entre 10.000 y 25.000 euros por contrato, en función del colectivo y de las circunstancias de la persona contratada.
En el caso de la contratación indefinida de personas con discapacidad procedentes de Centros Especiales de Empleo, la ayuda asciende a 12.500 euros, cuantía que puede incrementarse hasta 20.000 euros si la persona contratada es víctima de violencia sobre la mujer y hasta 25.000 euros cuando concurre, además, una discapacidad severa.
Asimismo, se contemplan ayudas para la contratación temporal de personas con discapacidad severa, por un periodo de entre tres y doce meses, con una subvención de 900 euros por cada mes mínimo de mantenimiento del contrato, siendo también subvencionables las contrataciones a tiempo parcial con una jornada mínima de 15 horas semanales, con la correspondiente reducción proporcional.
Acceso a la vivienda
Durante la reunión mantenida con CERMI, la vicepresidenta primera ha señalado que el Consell trabaja también para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con discapacidad, como un elemento clave para su autonomía personal y su inclusión social y laboral.
En este sentido, ha recordado que la normativa vigente establece una reserva obligatoria de viviendas para personas con discapacidad del 4 % en las Viviendas de Protección Pública (VPP) de promoción privada y del 7 % en las VPP de promoción pública.
Además, ha destacado que el Consell ha reforzado la exigencia de que las viviendas reservadas se construyan en todo caso adaptadas a criterios de accesibilidad y discapacidad, garantizando que respondan de manera efectiva a las necesidades de las personas adjudicatarias.
Asimismo, la vicepresidenta primera ha explicado que, con el objetivo de facilitar el acceso a estas viviendas, el límite de renta exigido se incrementa en un 0,5 % por cada persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % que forme parte de la unidad de convivencia.
