VALÈNCIA (EP). El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno de España los 1.039,7 millones de euros que adeuda por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria, mecanismos con los que la Administración central "debería remunerar" la asistencia sanitaria prestada en la Comunitat Valenciana a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.
En concreto, el Ejecutivo estatal debe a la Comunitat Valenciana, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 887,4 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada desde julio de 2012 hasta la actualidad, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.
Además, desde el Consell han apuntado que el Gobierno de España "también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 30,9 millones de euros, de los que 8,2 millones corresponden a las liquidaciones de los años 2013 a 2023; 11,2 millones a la del 2024 y 11,5 millones de 2025".
Por último, el Gobierno "también tiene pendiente de pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, otros 98,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras".
De esta forma, el Consell reclama el abono de los fondos dejados de percibir por la inoperatividad de la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial según lo previsto en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes para la garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Atendiendo al citado decreto, y en el marco del Fondo de Garantía Asistencial, desde el Consell han subrayado que se debería haber puesto en marcha la compensación económica de la asistencia sanitaria a personas desplazadas entre comunidades autónomas, "pero en la actualidad este mecanismo ha tenido un alcance muy limitado y está generando un importante perjuicio económico a la Generalitat".
Y han argumentado que la Comunitat Valenciana, "como el resto de las comunidades autónomas de carácter turístico, mantiene desde hace años una reivindicación histórica para reducir el desequilibrio económico que supone la prestación de la asistencia sanitaria de ciudadanos desplazados temporalmente de otras comunidades autónomas".
