VALÈNCIA. El Consell ha regulado cómo podrá recurrir a las plantas públicas y privadas de eliminación de residuos cuando una emergencia desborde los servicios ordinarios de la Generalitat Valenciana. Así se recoge en el decreto ley 9/2026, publicado este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), que permite fijar el volumen de residuos que deberá asumir cada instalación y exigirle, si hace falta, que amplíe temporalmente sus turnos, adapte su funcionamiento o utilice capacidad que tenga sin aprovechar. La norma entra en vigor este sábado.
La normativa de protección civil ya permitía intervenir temporalmente bienes privados necesarios para hacer frente a una emergencia. La reforma incorpora ahora a la Ley valenciana de residuos de 2022 una obligación expresa para las plantas de eliminación y establece quién puede ordenar las medidas y en qué condiciones. También prevé que las entidades supramunicipales encargadas de gestionar los residuos aporten los medios y las instalaciones que les requiera la Generalitat, de forma compatible con la prestación del servicio ordinario en su territorio.
El decreto contempla situaciones como inundaciones, incendios forestales o industriales, vertidos y emergencias sanitarias. Las medidas podrán aplicarse cuando la emergencia suponga un riesgo grave o inminente para la salud pública o el medio ambiente, o cuando interrumpa, sature o deje sin capacidad suficiente a los servicios ordinarios de gestión de residuos.
La dana del 29 de octubre de 2024 mostró hasta qué punto una emergencia puede disparar el volumen de residuos. En las primeras semanas, el operativo de limpieza retiró una media de 15.000 toneladas al día para despejar los 767 viales que habían quedado bloqueados. La Generalitat habilitó puntos de acopio en Catarroja, Picassent y Quart de Poblet-Manises, desde donde se trasladaban los residuos a las plantas de tratamiento. En esa primera fase se gestionaron 1,6 millones de toneladas. Meses después, los escombros de las obras de reconstrucción volvieron a llenar las campas y la Generalitat desplegó un segundo operativo, que retiró otras 270.853 toneladas en 19 municipios.
Protección Civil podrá actuar de forma provisional
Cuando la emergencia no dé margen para esperar, Protección Civil podrá ordenar de forma provisional las medidas imprescindibles, previo informe de la conselleria responsable de residuos. El Consell deberá ratificar después lo actuado. En el resto de los casos, será el propio Consell quien adopte y motive la decisión, a propuesta de Protección Civil y con el informe previo de la conselleria.
En la práctica, las entidades supramunicipales tendrán que ceder los medios y las instalaciones que les requiera la Generalitat sin interrumpir el servicio que ya prestan en sus municipios. Para las plantas de eliminación, la resolución concretará cuánta capacidad deberán poner a disposición de la administración y qué volumen de residuos tendrán que asumir. La obligación durará solo el tiempo imprescindible para hacer frente a la emergencia.
