VALÈNCIA. El Consell trabaja en la elaboración de un decreto para regular el servicio del personal facilitador en el ámbito de la Justicia. Estos profesionales se dedican a asegurar que exista "una comunicación eficaz" en todas las fases de los procedimientos judiciales entre el personal de este ámbito y las personas con discapacidad.
En la Comunitat Valenciana, explican fuentes de la Conselleria de Justicia, existió hasta el año 2022 existió "una figura similar" con las Unidades de Asistencia Social, desde las que se designaba al personal facilitador. Es ahora cuando se trabaja en un nuevo decreto dedicado de manera expresa a este tipo de profesionales y siguiendo el marco de la Ley 8/2021, de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
Esta norma introdujo en su articulado que, con carácter general, "se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios" para garantizar la "igualdad" en la participación en los procesos judiciales tanto de las personas con discapacidad y las personas mayores que lo soliciten. de las personas
En este sentido, la citada ley señala que se deberá permitir la participación de un personal experto que, a modo de facilitador, lleve a cabo las "tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida".
Es por ello que el Consell ha sacado a consulta pública un proyecto de decreto para regular esta figura en la Comunitat Valenciana. Entre la información relativa a este trámite, la Generalitat explica que la Comunitat Valenciana cuenta con cerca de 330.000 personas con discapacidad, lo que supone un 6,2% de la población. Este colectivo cuenta con "múltiples barreras en el ejercicio de sus derechos", especialmente en el ámbito de la Justicia.
Ante este escenario, la Conselleria de Justicia plantea esta nueva norma de cara a "completar el sistema de apoyos" en el ámbito de la Administración de Justicia; colaborar con las entidades del tercer sector en esta materia; así como regular la intervención de los expertos facilitadores.
Figura "neutral", sin influencia en las decisiones
Desde el departamento que dirige Nuria Martínez remarcan que la persona facilitadora se dedica a tareas de apoyo a las personas con discapacidad para que "comprendan y tomen decisiones informadas" ofreciendo una explicación "comprensible y fácil" de las diferentes fases del proceso. En este sentido, remarcan: "La persona facilitadora es neutral y no habla en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, ni dirige o influye en las decisiones o resultados".
Entre las funciones concretas de este tipo de profesionales se encuentra la evaluación de los apoyos necesarios según la situación de cada persona, que será plasmada en un informe en el que se propongan las ayudas necesarias que necesita el individuo para "participar en el proceso - judicial - en condiciones de igualdad". La persona facilitadora también se encargará de la puesta en práctica de las adaptaciones o los ajustes que autorice el órgano judicial. La Conselleria plantea utilizar la aplicación informática Boperit para articular esta figura, mediante la creación de una nueva categoría profesional, y del sistema de tramitación y pago previsto en la Orden 1/2023.
Fuentes de la Conselleria de Justicia y Administración Pública destacan que, además de esta figura, la Generalitat ha implementado "numerosas medidas" de apoyo a las personas con discapacidad. Entre ellas, destacan la implementación de servicios de interpretación en lengua de signos y la adaptación de textos a lectura fácil. Además, remarcan la colaboración con Cermi CV en el fomento de la "sensibilización del personal al servicio de la Administración de Justicia".