VALÈNCIA (EP). El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores (CVCP) ha lamentado "profundamente" la jornada de "desconcierto" que se ha vivido este lunes en los juzgados a consecuencia de las alertas decretadas por fuertes lluvias en la provincia de Valencia debido a "la disparidad de criterios de los partidos judiciales".

En un comunicado, el CVCP ha indicado que esta mañana ha solicitado la suspensión de todos los juicios en las zonas donde se había decretado alerta roja.

"Los procuradores hemos estado desde las 9.00 horas teniendo que llamar a los juzgados para preguntar si se celebraban juicios o no. En muchos juzgados nos han dicho que teníamos que acreditar por qué no podíamos ir a pesar de que haya una alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) e incluso por la Generalitat Valenciana", ha señalado la decana del CVCP, Begoña Mollá, quien ha subrayado que las sedes judiciales "han abierto todas sin excepción a pesar de estas alertas".

En este sentido, ha resaltado que "ha habido compañeros de Gandia que tenían un procedimiento en València que han pedido la suspensión porque no podían salir de Gandia por la fuerte lluvia y el juzgado al principio ha dicho que no suspendía; al final se ha tenido que negar a ir para que suspendieran el juicio".

La presidenta del CVCP ha denunciado que cada juzgado "ha aplicado un criterio diferente": "El de Mislata, por ejemplo, ha dicho que no había motivos de suspensión y que no entendían por qué la gente no iba. Los juzgados de Paterna, hasta que no hemos acreditado que por motivo de la alerta roja no podíamos ir, no nos han dado el Webex, es decir, la conexión online. Hay partidos judiciales que han suspendido todos los juicios con independencia de lo que haya dicho el TSJ. Es decir, todo un sinsentido".

Desde el CVCP han informado de que procuradores y abogados han solicitado hoy una reunión "urgente" al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para "evitar que mañana se repitan situaciones como las vividas hoy, y poder crear un protocolo real y efectivo, a la par que operativo, no solo para los órganos judiciales, sino también para los ciudadanos y para los operadores jurídicos". En este sentido, han subrayado que es "algo que se pide desde hace meses tras la experiencia de la dana del pasado mes de octubre".