VALÈNCIA. Última jornada del juicio sobre la pieza K del 'caso Taula' en la Audiencia de Valencia. Con ella se puso fin a la vista oral de la causa, trastabillada tras haber sido suspendida hasta en dos ocasiones. Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo su acusación por la adjudicación de varios contratos de los ayuntamientos de Requena y Enguera y señaló que había un "plan preconcebido" por parte de los respectivos alcaldes para favorecer a las empresas Servimun y Técnicas Legales Administrativas (TLA), mientras que las defensas, en la exposición de sus conclusiones, rechazaron cualquier ilegalidad.

Esta parte de la macrocausa del caso Taula se centra en supuestas irregularidades hasta en cinco contrataciones de ambos consistorios durante el año 2013 y se dirige contra los exalcaldes de dichas localidades Javier Berasaluce (PPCV), Santiago Arévalo (PPCV) y Óscar Martínez (PSPV), a los que pide 8 y 6 años de cárcel. También el empresario Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent –quien fuera gerente de la empresa pública Imelsa y uno de los principales investigados en el caso Taula– y el funcionario de la Diputación de Valencia Ricardo Ángel.

Anticorrupción expuso durante cerca de una hora su escrito de conclusiones definitivas, en las que mantiene la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por las mencionadas adjudicaciones. Pero por otra parte, retiró la acusación contra el empresario Fernando José Palomares, al que se le sobreseyó la causa por su estado de salud, y contra la compañía Servimun. También eliminó la acusación por falsedad al empresario López y por negociación prohibida a funcionarios al empleado de la Diputación por no quedar "acreditada" su participación, que sin embargo sigue acusado del delito de falsedad.

"No estamos hablando de irregularidades o de incumplimiento de mejoras de las ofertas", señaló el fiscal en su exposición, que instó a la sala a entender "todos los contratos como un conjunto". Según su relato, los exalcaldes de Requena y Enguera adjudicaron los cinco contratos a las mencionadas compañías "de forma preconcebida con ánimo de lucro de terceras personas", en referencia a los empresarios citados, "lo que supone un fraude a la administración". Y al funcionario de la Diputación, le acusó de "alterar un documento fundamental que beneficiaba a Servimun" en la regularización del Camping Teularet.

El exalcalde de Requena, el popular Javier Berasaluce, está acusado de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude a la administración y se enfrenta a una pena de 8 años de prisión, mientras que para sus homólogos de Enguera, Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV), Anticorrupción pide una condena de seis años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la administración. 

El representante de la Fiscalía hizo un repaso de las cinco contrataciones, realizadas por el procedimiento de negociado sin publicidad o mediante contratos menores, sobre los que aseguró que, pese a que la normativa exigía entonces sólo la aprobación del gasto y la factura, para cumplir con los "principios" rectores de la legislación los contratos "han de ser idoneos y con empresas solventes". Según su exposición, se realizaron contrataciones ficticias por servicios no prestados o inservibles y con "títulos eufemísticos" y se amañaron procesos negociados sin publicidad.

En estos, explica en su escrito de conclusiones, se invitaron "como mero formulismo y sin motivación ni idoneidad" a una empresa creada por Palomares y con sede social en Canarias y a otra dedicada al comercio al pormenor, sin vinculación con las necesidades expresadas por la administración. En cuanto a la regularización del camping, señala que había sido instada por Comisiones Obreras pero que el funcionario modificó el peticionario a nombre de Palomares para que los empresarios pudieran cobrar por unas facturas sin contrato frenadas por la concejalía de Hacienda.

Las defensas rechazaron de plano todas las acusaciones y cuestionaron la "presunción de culpabilidad" expuesta, a su juicio, por la Fiscalía Anticorrupción. Por una parte, defendieron que las contrataciones no obtuvieron informes desfavorables ni con reparos, pese a las observaciones del secretario o el interventor, y destacaron que es completamente legal que los alcaldes adjudicaran directamente contratos menores, lo cual no era ajeno a su competencia.

En cuanto a los procedimientos negociados sin publicidad, también pusieron de relieve que, pese a que el procedimiento recibe este nombre, sí hubo publicidad para que otras empresas pudieran concurrir. Y defendieron que se puede invitar a una empresa de otro punto de España sin que eso suponga un problema, como ocurre en muchos otros casos, y que la compañía de comercio al pormenor invitada también tenía entre su objeto la gestión de datos, lo cual sí habría estado vinculado al objeto de los contratos.