MADRID (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con medidas urgentes por 182,2 millones de euros para responder a los daños causados por la dana Adam entre el 17 y el 19 de octubre. El paquete incluye 88,7 millones para el sector agrario, 74,5 millones para reparar y proteger costas, cauces e infraestructuras hidráulicas y 15 millones en ayudas al comercio, el turismo y la hostelería, además de medidas fiscales y de financiación para los afectados.
Las medidas extraordinarias para el sector agrario incluyen la reparación de emergencia de caminos agrícolas públicos e infraestructuras colectivas dañadas, así como ayudas directas exentas de tributación para agricultores con seguro agrario. Estas cubrirán hasta el 70% del coste de la póliza y la franquicia no indemnizada.
Además, se amplían los plazos y el ámbito de la línea DANA/ICO-MAPA-SAECA para facilitar créditos con una ayuda a fondo perdido del 15% del principal y sin coste de aval.
Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinará 74,5 millones de euros a reparar daños y mejorar la protección frente a futuros fenómenos extremos.
Esta partida se distribuye en 70 millones para obras de emergencia en el litoral de la Comunidad Valenciana y actuaciones que refuercen su resiliencia ante los temporales y el cambio climático; tres millones para reparar cauces e infraestructuras hidráulicas estatales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ); y 1,5 millones para recuperar cauces, ramblas e infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), incluidos los drenajes del postrasvase.
Las medidas para el comercio minorista, el turismo y la hostelería incluyen una subvención de hasta 15 millones de euros a la Cámara de España, destinada a financiar ayudas por establecimiento afectado de 5.000 euros para autónomos y de 10.000 euros para pymes y entidades sin personalidad jurídica.
En el ámbito financiero, se permite a las entidades locales afectadas destinar el superávit de 2025, 2026 y 2027 a inversiones sostenibles vinculadas a los daños. Asimismo, se excluyen los gastos derivados de la dana del cómputo de las reglas fiscales y se habilitan recursos adicionales para la Comunidad Valenciana.
Además, se contemplan exenciones del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de 2026 vinculadas a realojos y reducciones del impuesto sobre actividades económicas (IAE), ambas compensadas por el Estado a las entidades locales. También se prevén reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias en el IRPF y en el régimen simplificado del IVA.
