VALÈNCIA (EFE). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas para dar respuesta a los daños provocados por la dana Adam, que los días 18 y 19 de octubre de 2026 afectó a la Comunitat Valenciana, especialmente a municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante.
Entre las medidas recogidas en un Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno se incluyen iniciativas fiscales y financieras para garantizar los recursos necesarios para la reconstrucción de los municipios afectados, según un comunicado del Ministerio de Hacienda.
Para garantizar los recursos necesarios para afrontar la reconstrucción, el Decreto contempla la posible financiación de los gastos extraordinarios derivados de la dana Adam, mediante la asignación en 2026 y 2027 de recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, como ya se hizo con la dana de 2024.
Esta fórmula también se aplica para los municipios afectados, de manera que se habilita la posibilidad de asignar en 2027 recursos para cubrir gastos derivados de la catástrofe con cargo a los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.
Dentro de las medidas dirigidas a las Entidades Locales afectadas por esta dana, se prevé habilitar el destino del superávit presupuestario de 2025, 2026 y 2027 de los Ayuntamientos afectados por esta catástrofe para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).
Dichas inversiones deben tener una relación directa con los daños ocasionados por el siniestro, tanto si tienen por finalidad su reparación como la prevención de futuros daños derivados de fenómenos similares.
Por otro lado, el Real Decreto-ley establece un régimen excepcional en la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de modo que, a efectos de la valoración del cumplimiento de las reglas fiscales, se tendrán en cuenta de forma separada los gastos extraordinarios que realicen las Entidades Locales en respuesta a los daños causados por esta dana.
Es decir, los gastos realizados para mitigar los efectos de esta catástrofe no computarán a los efectos de las reglas fiscales.
Igualmente, los consistorios afectados estarán exentos en 2026 y en 2027 de la obligación de formular un plan económico-financiero ante posibles incumplimientos del objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto que se hayan producido o se puedan producir en las liquidaciones de presupuestos de 2025 y de 2026, respectivamente.
Tampoco se aplicará ninguna medida coercitiva por un eventual incumplimiento de dichas reglas fiscales.
Medidas fiscales
Asimismo, se conceden exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) correspondientes al ejercicio 2026 cuando afecten a los inmuebles dañados como consecuencia directa de la dana Adam.
Ello contempla, además, la posibilidad de que los contribuyentes que ya hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias puedan solicitar la devolución de las cantidades ingresadas.
En materia fiscal se prevén también reducciones fiscales especiales para las explotaciones y actividades agrarias afectadas.
En concreto, en el IRPF se establece una reducción en los índices de rendimiento neto dentro del método de estimación objetiva (tributación por módulos) y en el régimen simplificado de IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.
Este Real Decreto-ley, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, contempla que las ayudas públicas, tanto las procedentes del Gobierno central como las aprobadas por Comunidades Autónomas y Entidades Locales, estarán exentas de ser declaradas en el IRPF.
Medidas para otras catástrofes meteorológicas
En este Real Decreto-ley también se incluyen diversas medidas relativas a otras catástrofes meteorológicas anteriores.
En concreto, se recoge la prórroga para 2027 de una serie de mecanismos financieros destinados a paliar los efectos de la dana de 2024, así como de otras inundaciones registradas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, que afectaron especialmente a Extremadura.
De esta forma, excepcionalmente el próximo año, el Estado podrá asignar a la Comunitat Valenciana recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, contemplados en el Fondo de Financiación a comunidades autónomas, para cubrir los gastos extraordinarios ejecutados por dicha comunidad en respuesta a la catástrofe de 2024.
Se trata de un mecanismo que ha permitido ese año asignar 1.300 millones a la Comunitat Valenciana para hacer frente a gastos extraordinarios derivados de la dana, mientras que en 2024 y 2025 se asignaron 3.064 millones, de los que la Generalitat utilizó algo más de 1.700 millones.
