VALÈNCIA. El Gobierno aprovechó la reunión del Consejo de Ministros de este martes para aprobar un real decreto con "medidas extraordinarias y urgentes" de apoyo financiero a la Ciudad de Ceuta por la crisis migratoria que atraviesa este territorio desde el pasado 31 de julio. El texto incluye como acción 'estrella' una ayuda directa de 45,3 millones de euros para que el Gobierno ceutí atienda gastos corrientes y actuaciones extraordinarias derivadas de esta emergencia.
La medida, que llega dos meses y medio después de la entrada masiva de migrantes, permite a la ciudad autónoma que encabeza Juan Jesús Vivas (PP) contar con un espaldarazo financiero del Gobierno central para paliar los efectos adversos de esta situación, en la línea de lo ocurrido con el Gobierno de Canarias tras el volcán de La Palma en 2021, cuando recibió 100 millones a fondo perdido del Ejecutivo central.
Unas respuestas que contrastan con el trato del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez a la Generalitat Valenciana, que sigue sin contar con ayudas a fondo perdido dos años después de la Dana que inundó decenas de municipios valencianos y provocó la muerte de 233 personas.
Si bien los ayuntamientos y las personas afectadas por la catástrofe han recibido cuantiosas subvenciones por parte del Gobierno central, no se ha seguido el mismo modus operandi con el Consell. Así, el Gobierno autonómico ha abordado las tareas de recuperación a través de recursos propios, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y los incrementos de endeudamiento que ha ido permitiendo año a año el Ministerio de Hacienda, que desde abril encabeza el valenciano Arcadi España.
En este sentido, la Generalitat ha ido contando en los tres últimos ejercicios con crédito extraordinario a interés 0% con el que poder atender los gastos extraordinarios derivados de la Dana. Un mecanismo, activado a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que ha permitido al Consell acometer gran parte de las actuaciones de reconstrucción, pero con el peaje de incrementar su ya abultada deuda.
A través de esta vía, el Ejecutivo central ha asignado a la Generalitat 700 millones en 2024, 2.364,3 millones en 2025, y 1.300 millones en 2026. Si bien parte de este importe no ha sido finalmente empleado por parte de la Generalitat Valenciana, lo cierto es que ha sido el único mecanismo financiero que el Consell ha tenido por parte del Gobierno central para reponerse tras la catástrofe de la Dana.
Una situación que han venido criticando tanto el expresident de la Generalitat Carlos Mazón como el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, al considerar que el Gobierno autonómico no debía asumir "a pulmón" las tareas de recuperación, más todavía con la situación de infrafinanciación autonómica que arrastra desde hace años.
De hecho, Pérez Llorca pidió en junio a Arcadi España la condonación de la deuda del Gobierno autonómico derivada de la Dana, que en dicho momento rozaba los 1.900 millones de euros. El ministro "tomó nota" del asunto con la idea de abordarlo en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La situación, en todo caso, sigue en el mismo punto cuatro meses después de la reunión entre ambos dirigentes.
Frente a este escenario, el real decreto aprobado esta semana para la Ciudad de Ceuta contempla los citados 45,3 millones en ayudas, de los cuales 40,6 millones se podrán destinar a gastos corrientes y los otros 4,6 millones a gastos de capital urgentes en servicios esenciales de competencia municipal.
La cifra, indicó este martes Arcadi España, "no es aleatoria", pues ha sido "acordada" con el Gobierno ceutí para "garantizar la estabilidad y la suficiencia financiera" de este territorio en un "momento complejo". Además, con el real decreto se exime a Ceuta de la obligación de presentar un plan económico-financiero en 2026 y 2027 si se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y/o la regla de gasto en las liquidaciones de los presupuestos de 2025 y 2026.
En definitiva, una serie de "recursos adicionales" otorgados por el Gobierno, que defiende la necesidad de "incrementar el apoyo financiero" a este territorio por los "efectos negativos" por la crisis migratoria. Unas circunstancias que el mismo Ejecutivo parece no haber visto de igual manera en la respuesta a la Generalitat Valenciana tras la Dana.
