VALÈNCIA (EFE). El Gobierno central ha manifestado sus discrepancias sobre un artículo del decreto ley del Consell de medidas urgentes en materia de puertos de la Generalitat y para reducir el impacto de la dana en L'Albufera, por lo que se ha abierto una comisión bilateral entre ambas Administraciones para negociar una solución.

En concreto, el Gobierno no comparte la redacción del artículo dos del decreto-ley 10/2025, de 8 de julio, del Consell, de medidas urgentes en materias de puertos de la Generalitat y de minimización del impacto generado por la dana al parque natural de la Albufera, por lo que se ha designado un grupo de trabajo que proponga una solución.

El decreto ley, convalidado en Les Corts con los votos a favor del PP y Vox y en contra de la oposición, tenía como objetivo en materia de puertos regularizar cerca de 250 concesiones administrativas y 150 autorizaciones de ocupación temporal del dominio público portuario, para aportar seguridad jurídica y promover la inversión privada en esas infraestructuras.

El artículo objeto de controversia modifica uno de los apartados de las excepciones al plazo improrrogable de las concesiones portuarias, para ampliar de 20 a 50 años el plazo máximo en que se puede prorrogar una concesión cuando el concesionario lleve a cabo una inversión relevante que mejore la integración entre el puerto, la ciudad y la costa, o que mejore la seguridad o la calidad ambiental de las operaciones portuarias.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio han explicado a EFE que el objetivo del decreto es acelerar inversiones y agilizar los procesos para que los diferentes concesionarios puedan actuar en las instalaciones portuarias, y han destacado que solo hay un punto en el que se ha mostrado discrepancia, por lo que se esperan que en el marco de la comisión se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Según han destacado, el decreto incorpora un título que permite a ayuntamientos y otras administraciones realizar obras menores de urbanización o mobiliario en dominio público portuario, cuando no suponga ocupación excluyente para otros usuarios del puerto.

Esta modificación permitirá "una solución más ágil y eficaz" a las inversiones públicas de obras menores que aporten valor al propio dominio público portuario, como viales, carriles bici, luminarias o mobiliario urbano, han indicado.

Además, las mismas fuentes han asegurado la modificación de la normativa otorga seguridad jurídica a la posible prórroga de concesiones cuando éstas impliquen inversiones significativas que mejoren la integración entre el puerto, la ciudad y la costa.

El objetivo es conseguir esta integración en colaboración con los ayuntamientos, vinculando las inversiones públicas y privadas a medidas de integración del puerto en la trama urbana y eliminación de barreras.

Asimismo, se modifica el procedimiento para otorgar una concesión para la ocupación del dominio público portuario en aquellos casos en los que se realice a través de pública concurrencia.

Estas medidas, han señalado desde la Conselleria, responden a la necesidad de regularizar cerca de 250 concesiones administrativas y hasta 150 autorizaciones de ocupación temporal, aportando seguridad jurídica y promoviendo la inversión privada en infraestructuras portuarias de dominio público.

Tras el inicio de estas negociaciones, que publican este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el BOE, la comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Generalitat dispone ahora de seis meses para alcanzar un acuerdo sobre esos tres puntos de la ley autonómica y evitar así la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional. EFE