VALÈNCIA. El Consejo de Ministros ha acordado este martes la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por 20 artículos de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2026. La norma incluye una batería de medidas propuestas por Vox durante la tramitación parlamentaria que salieron adelante con el apoyo del PP. Entre otras cuestiones, con esta ley se incorpora el concepto de "prioridad nacional" en varias normas autonómicas sobre vivienda o servicios sociales y se determina la prohibición de llevar el rostro cubiero en espacios públicos.
Según ha podido confirmar este periódico, la veintena de artículos que el Gobierno ha impugnado (el 10% del total de la norma) se centran precisamente en estas cuestiones, así como en temas de infancia, migración, función pública y energía. El recurso era previsible después de que la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ya advirtiera en julio que el Ejecutivo llevaría ante el Tribunal Constitucional parte de los cambios normativos que populares y voxistas estaban pactando en el parlamento valenciano.
No obstante, ha sido ahora cuando el Consejo de Ministros ha movido ficha presentando oficialmente el recurso que podría dividirse en seis bloques. En materia de prioridad nacional en el acceso a las ayudas a la vivienda o servicios sociales, "la Ley introduce criterios de arraigo y un genérico principio de prioridad nacional que condicionan el acceso al origen del solicitante", según el Ejecutivo. Por ello, considera que se vulnera el artículo 14 de la Constitución "tanto en relación con los extranjeros como con los nacionales, cuando el arraigo se fija por la Comunidad".
Por otro lado, en torno a la obligación de mantener el rostro descubierto en espacios públicos como centros sanitarios, colegios, espectáculos o el servicio de transporte público, el Ejecutivo central considera que esta regulación "invade la competencia estatal sobre seguridad pública, transporte, función pública básica o sanidad", en función de cada aspecto, y considera que lesiona el citado artículo 14 de la Carta Magna.
Respecto a los derechos de la infancia y la adolescencia, el Gobierno considera que la regulación en materia de reagrupación de menores no acompañados vulnera "la competencia exclusiva del Estado en materia de extranjería". También se considera vulnerado el artículo 149.1.2ª de la Constitución "al incidir sobre el régimen jurídico de los menores extranjeros no acompañados y sobre las decisiones relativas a su permanencia o retorno".
El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez también entra en la extensión de la obligación de proteger el derecho a la vida de los no nacidos, un hecho que ve contrario al artículo 15 de la Constitución. "Vulnera los artículos 149.1.1ª y 16ª, así como el propio art. 15, en la medida en que ordena a la Generalitat garantizar y proteger el derecho a la vida de los no nacidos cuando exista riesgo o amenaza, introduciendo un régimen susceptible de restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", apuntan desde el Gobierno.
Por otro lado, PP y Vox modificaron el régimen de provisión y remoción de puestos de trabajo de la función pública valenciana. Una acción con la que el Gobierno ve vulnerados los artículos 23.2 y 14 de la Constitución "al exigir a los funcionarios de otras Administraciones para acceder a puestos de la Dirección Pública Profesional una antigüedad mínima de 10 años, que no resulta equivalente ni equiparable al que se exige a los funcionarios de la propia Generalitat".
PP y Vox también aprobaron unas modificaciones de la ley educativa en materia LGTBI que el Gobierno considera que "degrada el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en los centros educativos, sustituyéndolo por una previsión potestativa". Así, se considera vulnerado el artículo 149.1.30ª de la Constitución. En materia de proyectos estratégicos de energías renovables, el Ejecutivo apunta a la "invasión de las competencias estatales en materia de medio ambiente, régimen energético y planificación general de la actividad económica".
