VALÈNCIA. La batalla entre taxis y VTC en la Comunitat Valenciana se encuentra en compás de espera mientras el Consell ultima el nuevo decreto que regulará este sector tras años de enfrentamientos en los tribunales e, incluso, a pie de asfalto. 

Sin embargo, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ya ha advertido que es "imposible acoger las peticiones" de las dos partes pese a su intención de ser ecuánime.

Por lo pronto, para las patronales VTC Movva y Unauto, que representan a Uber y Cabify, el nuevo decreto debería cumplir, como mínimo, con las sentencias del Tribunal Constitucional que tumbaron la obligación de establecer 30 minutos de precontratación y prohibían el uso de geolocalización previa de los VTC.

Pero las peticiones de estas organizaciones se componen de más reivindicaciones, tal y como explicaron el presidente de MOVVA, Ricardo González, y el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal. "Estamos negociando que haya un decreto ley que nos dé la suficiente garantía jurídica para seguir dando nuestros servicios", indicaron. 

Las asociaciones empresariales han reivindicado, además de esta cuestión "prioritaria", que la nueva norma incluya un régimen sancionador "claro", "conforme a derecho" y que "no sirva para excluir al sector"; que contemple cuándo debe crecer la oferta de movilidad y que establezca requisitos para el acceso a esta actividad que eviten un carácter "especulador". En ese sentido, piden que se modifique dicho el régimen sancionador actual para dar "más garantías" y "alineado con la jurisprudencia existente". Según denuncian, el actual se usa para excluir los servicios urbanos que se realizan de las VTC.

Berzal ha explicado que las negociaciones con el sector del taxi y la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación están en su "tramo final" y cree que "a finales de este mes" se podrá cerrar un acuerdo.

Según González, la "propuesta inicial" de la regulación "ponía en tela de juicio" que las VTC pudiesen prestar servicios urbanos, lo cual motivó que el Sindicato Libre de Transporte (SLT) convocase una protesta el pasado mes de febrero por las calles de València, a la que se sumaron las patronales. Desde entonces, "han avanzado mucho" las negociaciones y la Conselleria se ha mostrado "dialogante".

1.900 licencias en la Comunitat

Las asociaciones insisten en que el actual decreto en vigor, aprobado por el Botànic, "está obsoleto por sentencias judiciales". Por ello, reivindican que el decreto contemple de manera específica que todos los servicios de las casi 1.900 autorizaciones se siguen haciendo con carácter urbano en toda la comunidad autónoma. Las resoluciones del Tribunal Superiro de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han avalado esta cuestión, según indican.

González y Berzal entienden que, en esta fase de las negociaciones, el servicio urbano está asegurado y "no está encima de la mesa ese debate". "Sería no dar cumplimento a una sentencia, el gobierno de la Comunitat Valenciana es un gobierno serio, eso nunca lo van a hacer. Lo veríamos como una traición al sector y a los ciudadanos (...) Sería indigno de una comunidad como esta teniendo en cuenta no solamente la demanda que hay de los propios ciudadanos, sino también de los turistas", ha indicado Berzal.

"El problema que tenemos es que se están poniendo multas por servicio urbano, cuando tenemos una sentencia que dice que podemos hacerlos. También se pusieron sanciones por precontratación cuando tenemos ganado el tema. El problema es la inseguridad jurídica. Si no hay un texto que avale esa seguridad jurídica, la conflictividad va a seguir", han lamentado los portavoces del sector.

Desde el sector han asegurado que son "los primeros que no quieren que haya intrusismo" ni que "vengan de otras comunidades autónomas para hacer servicios urbanos aquí".

Preguntados por el "ultimátum" de las asociaciones de taxistas, que han advertido que convocarán movilizaciones semanales si el 29 de abril no hay un nuevo régimen sancionador, González y Berzal han señalado que "el sector del taxi ha modulado su discurso". "Primero dijo que no podíamos hacer servicios urbanos hasta que hemos tenido una sentencia, ahora dice que tenemos que ser sancionados", han señalado.

Berzal ha indicado que las VTC tienen derecho a acudir a los tribunales si sus demandas no se ven recogidas, pero que quiere "huir de ese escenario" y contar con una regulación que permita "no seguir litigando". Además, ha añadido que el Consell "no está trabajando según el dictado de lo que dice el sector del taxi" y que las VTC no van a "poner fechas que son amenazas" porque considera que esa "no es la praxis que debe tener en ningún caso para obligar a ningún gobierno a tomar decisiones".

Por otro lado, MOVVA y UNAUTO han subrayado que estas organizaciones no quieren "un crecimiento indiscriminado del sector", sino que el crecimiento de las licencias de taxi y VTC venga determinado por estudios sobre las necesidades de movilidad bajo criterios objetivos.

En esa línea, han afirmado que verían "con buenos ojos una moratoria para que no se den más autorizaciones y que ese tiempo se use por la administración para hacer estudios y determinar cuándo se tiene que dar la autorización".

Asimismo, han señalado que las patronales del sector de las VTC apoyarían "que se flexibilicen las condiciones de desarrollo de la actividad del sector del taxi", para que pueda "modernizarse" por ejemplo en sus condiciones de acceso. "Vamos a aportar las solicitudes que puedan mejorar su sector", han asegurado.

Acercar posturas

Por su parte, Martínez Mus destacó este miércoles que la conselleria está trabajando con las asociaciones del taxi y de las VTC para "intentar acercar lo máximo posible posturas que sabemos que no van a encontrar nunca un punto en común".

"Es necesario encontrar la mejor solución para consensuar con los dos sectores, pero en la prioridad por delante va el ciudadano" y lograr el "mejor servicio público", ha insistido, a preguntas de los medios este miércoles durante una visita a Bugarra (Valencia).

El conseller ha asegurado que hablará con ellos "todas las veces que haga falta", por separado o en la misma mesa, para "tener la mejor solución posible, que no se demorará mucho, porque hay que tomarla". Y la decisión se tomará "pensando en las necesidades de los ciudadanos, no en las necesidades particulares de cada uno de los sectores".

Sobre las movilizaciones avanzadas por los taxistas si el 29 de abril no se presenta un nuevo régimen sancionador, Martínez Mus ha subrayado que él es "muy respetuoso" con las reivindicaciones del colectivos y "ellos entienden que es prioritario", pero él como conseller debe "mirar por la preocupación de todos los ciudadanos y por dar el mejor servicio posible".

"Vamos a procurar entendernos con los taxistas y que no lleguen a estas protestas. Estamos trabajando con ellos en reuniones periódicas para intentar llegar una solución que les conforme lo máximo posible. Pero entiendo que, obviamente, puedan hacer esas medidas de presión", ha zanjado.