VALÈNCIA. Una acusación más en la causa penal de la Dana. La investigación que sigue en el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja integrará al 'lobby ciudadano' Mai Més como acusación popular después de que la plataforma lo solicitase a la jueza, que le ha pedido que abone la fianza de 6.000 euros exigibles en estos casos.
Así pues, la plataforma se suma a otras ocho acusaciones populares que ya están personadas en la investigación y que incluyen la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud así como partidos políticos -PSPV, Podemos y Vox-, las asociaciones Hazteoir y Liberum, Acció Cultural del País Valencià y la Federación de Administraciones Públicas del sindicato CGT.
Mai Més nació a partir de una iniciativa en la red impulsada por Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona para formular una denuncia popular contra el Consell que dirige Carlos Mazón por la gestión de la Dana. Una idea de la que se hizo eco este diario y en la que, ya desde el inicio, casi un centenar de los firmantes eran abogados que se inscribieron como voluntarios para colaborar activamente en la recopilación de información, estudio del caso, redacción y seguimiento de la denuncia. En aquella idea inicial, también se contemplaba trabajar en otra línea de prevención para estudiar las infraestructuras necesarias para que no se repitiera una tragedia de estas características.
Apenas dos meses después es cuando se constituyó Mai Més (Nunca Más) València, que se define como "colectivo ciudadano sin adscripción partidista" conformado por "personas con trayectoria en el activismo social y político valenciano que, ante la magnitud del desastre y la pasividad de las instituciones (tanto autonómicas como estatales) y los partidos de la oposición, decidimos organizarnos para exigir responsabilidades y evitar que el olvido sepulte la verdad y la justicia".
En un principio, la idea era plantear una querella penal contra los responsables de Emergencias de la Generalitat Valenciana que estuvieron presentes en el Cecopi del pasado 29 de octubre, como la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el titular del Consell, "su responsable jerárquico", Carlos Mazón. A su juicio, hay "indicios claros de homicidio imprudente" por los que los cargos públicos "deben rendir cuentas" y contemplaban "posibles responsabilidades de otras administraciones como la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no habría ejecutado las obras necesarias para prevenir gran parte de las muertes y destrozos".
Para llevar adelante las acciones legales, Mai Més asegura haber reunido a casi 500 voluntarios de diversos perfiles: jurídicos, técnicos (peritos, geógrafos, ingenieros) y ciudadanía dispuesta a colaborar en la localización de víctimas y testigos de la tragedia. Sin embargo, finalmente la plataforma ha optado por la personación sin necesidad de presentar una querella.
A la postre, la diligente investigación de la jueza ha llevado a la imputación tanto de Pradas como del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Sin embargo, también es cierto que la instructora ha dejado de la investigación cuestiones como las obras pendientes en los barrancos por parte de la CHJ y ha rechazado la imputación, por el momento, del presidente del organismo, Miguel Polo, centrándose exclusivamente en los motivos que llevaron a la demora en el envío del ES-Alert.
