VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana ha activado su plan para prestar funcionarios a los ayuntamientos y ayudarlos así a tramitar el ingente volumen de dinero recibido en ayudas para la reconstrucción tras la Dana. Este martes, el Consell dio luz verde a un convenio marco que permitirá suscribir los respectivos acuerdos con los municipios que han solicitado el apoyo de personal, coordinados desde la Conselleria para la Recuperación Económica y Social que dirige el vicepresidente Francisco José Gan Pampols.
El proyecto se nutrirá de empleados públicos que accedan a colaborar en este apoyo de medios humanos a las entidades locales. Para ello, el vicepresidente envió el pasado mes de abril una carta a los trabajadores de la Generalitat explicándoles la iniciativa y solicitando su participación, de manera que los que desearan pudieran ofrecerse voluntariamente. Según los primeros datos de la Conselleria, unos 70 trabajadores de la administración autonómica se interesaron por el programa, si bien según explican desde el departamento de Gan Pampols, no hay una cifra clara todavía.
El objetivo es paliar la falta de manos en las entidades locales para tramitar todos los expedientes de los proyectos de reconstrucción financiados a cargo de las ayudas concedidas por el Gobierno central. Los ayuntamientos disponen ya de los 1.746 millones de euros que prometió el Ejecutivo central pero ahora su problema es que no tienen suficiente estructura administrativa para ejecutarlos. Un problema que han ido trasladando al vicepresidente de la Generalitat en sus diferentes visitas y de ahí la iniciativa puesta en marcha por la Conselleria para la Recuperación.
Pero llevarla a cabo no es del todo sencilla porque, a la postre, supone restar efectivos a los servicios de la Generalitat Valenciana, aunque sea temporalmente. Una circunstancia que puede afectar al trabajo del día a día de las Consellerias afectadas, que son además las que han de dar el visto bueno al traslado puntual de los funcionarios voluntarios. De hecho, según publicó El Español, la Conselleria de Administración Pública, donde se integra el departamento de Función Pública, no estaría del todo de acuerdo con la fórmula planteada. En ese sentido, fuentes de Función Pública explicaron que están "estudiando el encaje del llamamiento propuesto" por Gan Pampols, al tiempo que se mostraron "a disposición" de Vicepresidencia para "cualquier ayuda que necesite, igual que para el resto de consellerias, si bien con especial agilidad en este caso, dado que es un tema que lo requiere".
- Foto: JORGE GIL/EUROPA PRESS
Uno de los problemas, tal como explican desde las organizaciones sindicales, es que los perfiles que se necesitan para la tramitación de las obras son funcionarios de una escala alta, sobre todo arquitectos e ingenieros para la redacción y dirección de proyectos. Es decir, figuras que puedan ayudar con estos expedientes a los técnicos municipales pero que tampoco sobran en la administración autonómica. De ahí la preocupación por el impacto que pueda tener el movimiento en los departamentos afectados.
Por ello, la iniciativa cuenta con bastantes reservas entre los sindicatos. "No parece la mejor manera de cubrir necesidades la cesión de funcionarios", explican fuentes de Comisiones Obreras (CCOO). O en la Unión General de Trabajadores (UGT), donde indican que el sistema empleado es "un poco forzado" a la vista de lo justa que ya va la administración autonómica de mano de obra. "Partimos de la base de que la administración de la Generalitat Valenciana está escasa de recursos humanos", apuntan desde Intersindical-STAS, donde recuerdan que "la faena del día a día ya se saca con mucho sobreesfuerzo" y advierten que "vaciar servicios de la Generalitat supone desvestir un santo para malvestir otro".
Por su parte, desde CSIF consideraron que si el "movimiento de personal se hace acorde" a lo que fijó el decreto de medidas extraordinarias "y tal como se consensuó con las organizaciones sindicales en su momento" estarán de acuerdo, aunque advierten que debe hacerse "siempre sin debilitar servicios donde ya haya poco personal", por lo que pusieron en valor el hecho de que sea de manera voluntaria. Así, recuerdan que el decreto habla de "bolsas de refuerzo y sobre todo de voluntariedad, que debe ser preferente". Por lo que exigen que se haga "siempre garantizando los derechos del empleado público" y "como medida puntual, en casos muy concretos".
La propuesta de diferentes organizaciones sindicales es constituir bolsas temporales de empleo que puedan facilitar la mano de obra necesaria a los ayuntamientos sin 'desvestir' algunos servicios autonómicos. Así lo trasladaron hace meses en una reunión con Función Pública, si bien desde este departamento se trasladó que el reclutamiento mediante correo electrónico era algo que iba a llevar a cabo la conselleria de Gan Pampols. Queda por ver si finalmente se opta por una fórmula alternativa para prestar la ayuda prometida a los consistorios, con los que deberan firmarse sendos convenios.
Los 28 ayuntamientos que han solicitado esta asistencia son: Albal, Alborache, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Camporrobles, Catarroja, Caudete de las Fuentes, Chera, Chiva, Gestalgar, l'Alcúdia, Loriguilla, Macastre, Massanassa, Polinyà de Xúquer, Requena, Riba-roja de Túria, Sedaví, Silla, Sot de Chera, Sueca, Turís, Utiel, Vilamarxant y Xirivella.
