VALÈNCIA. Una de las cosas que ha quedado clara en los más de nueve meses que han pasado desde la Dana de octubre es que la reacción de la administración ante la catástrofe fue, cuanto menos, mejorable. La anticipación y la reacción de la Generalitat Valenciana, con las competencias en protección civil, no fue suficiente para evitar las 228 muertes que dejó la catastrófica riada. Por ello, uno de los objetivos que se fijó el vicepresidente y conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, fue mejorar el protocolo de actuación, que se plasma ahora en un Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales.

El plan, que acaba de salir a consulta pública, fija unos protocolos claros de actuación e incluye novedades respecto a los actuales planes de emergencias, cuyo análisis pone en evidencia los fallos que se cometieron el pasado 29 de octubre. La creación de un órgano político dirigido por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el establecimiento de alertas tempranas a la población o la obligación de redactar una suerte de 'acta' sobre las reuniones del Cecopi, que además deben ser "concisas", son algunas de las disposiciones que no hacen sino explicitar aquello que no se hizo y lo que se quiere evitar de cara a futuras catástrofes naturales.

Quizá el aspecto más relevante tiene que ver con la creación de un órgano nuevo, la llamada Comisión delegada. Un "órgano político" a través del cual el Consell "podrá seguir la gestión de la emergencia", según recoge el Plan. Estará dirigido por la persona que ocupe la Presidencia de la Generalitat, en este caso Mazón, que la podrá convocar "cuando considere que concurren circunstancias suficientes para declarar la existencia de una situación de crisis", y estará integrado por los consellers de Emergencias y Hacienda, además del miembro del Consell que actúe como secretario, señala el decreto de creación publicado el lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Ciertamente, contrasta con la actuación del president del Consell durante la Dana, cuestionado por su ya famosa comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. El actual Plan Especial de Inundaciones no atribuye ninguna función al president, que llegó al centro de emergencias de l'Eliana a las 20.28h, según su relato, cuando decenas de municipios de l'Horta Sud estaban anegados y decenas de personas habían fallecido a causa de las inundaciones, como ha revelado la investigación judicial que sigue en marcha.

De esta manera, con la aprobación del nuevo Plan de Anticipación, la persona que ocupe la Presidencia sí jugará un papel concreto en la gestión de la emergencia como presidente de la nueva Comisión delegada "en situaciones en las que la emergencia demanda una intervención conjunta o impacta a varias consellerias". Las funciones del órgano serán "determinar las directrices de la acción del gobierno encaminadas al seguimiento y conducción de la crisis", "planificar y desarrollar las políticas necesarias para resolver la crisis" y "adoptar disposiciones de carácter general relacionadas con la gestión de la crisis y sus efectos", además de "aprobar planes y programas de actuaciones o infraestructuras dirigidos a recuperar y a garantizar la normalidad de la vida ciudadana en las áreas afectadas por la crisis".

La comisión estará jerárquicamente por encima del Cecopi, acrónimo del Centro de Coordinación Operativa Integrado, cuyo director sigue siendo el conseller o consellera de Emergencias como mando único, y se mantiene como "órgano superior de trabajo" para "la dirección y coordinación de todas las actuaciones encaminadas a controlar la situación de emergencia". De este modo, el Cecopi se encargará de "recibir la información y avisos, para tomar la decisión de activar los procedimientos necesarios" y de "asesorar" al conseller "en el proceso de toma de decisiones, así como en la transmisión y aplicación de la información recibida sobre la emergencia".

Pero el plan sí incluye algunas observaciones que confrontan con lo ocurrido en el Cecopi el pasado 29 de octubre. Así, señala que las sesiones han de ser "operativas y concisas, con foco en el estado de la situación" -la investigación judicial ha constatado las dudas, vaivenes y debates internos en las más de tres horas que tardó el Cecopi en enviar la alerta a la población en octubre-. Pero va más allá y recoge que las sesiones se han de convocar "con un intervalo mínimo de 10 horas, una por la mañana y otra por la tarde, de acuerdo con la emergencia", y que se han de "registrar los acuerdos y acciones" que se lleven a cabo, en "una herramienta centralizada que funcione como diario de operaciones", una suerte de 'acta' sobre los pasos que se decidan que en octubre no existió.

En el caso del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), en el tercer escalón jerárquico, el plan prevé que realice reuniones "de punto de situación, a necesidad de la emergencia, al menos cada 6 horas" e, igualmente, establece que habrá que registrar "correctamente los acuerdos y acciones en una herramienta centralizada que funcione como diario de operaciones". Este órgano, ya existente, está formado por el director técnico, la Sale de Emergencia, el 112 y la Unidad de Análisis y Seguimiento así como un oficial de enlace de cada organismo activado.

Una aviso temprano a la población

El plan hace una exhaustiva explicación de cómo se ha de gestioar una emergencia, con tres fases diferenciadas donde han de regir los principios de la preparación, la flexibilidad, la agilidad, la interoperabilidad y la perseverancia. Primero, en una fase de alerta y seguimiento; más tarde, durante la emergencia; y finalmente, una vez finalizada esta, durante la recuperación, tal como marca la normativa.

Así pues, tras detectar un fenómeno adverso, el centro de coordinación de emergencias (CCE) ha de evaluar el riesgo y decidir ya, desde el principio, si se lanza una alerta oficial, en cuyo caso se informa a los organismos competentes, a los municipios que pueden verse afectados y a la Delegación del Gobierno, además de notificar al conseller responsable en materia de emergencias y, sobre todo, a la población. De este modo, el orden cronológico fija esta alerta antes incluso de que el director técnico valore qué nivel de emergencia se ha de activar, decisión que corresponde en último término al conseller del ramo. Algo muy diferente a lo que ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando el aviso masivo no llegó a la ciudadanía hasta las 20.11h.

En cuanto al aviso, el plan señala que se ha de adaptar el canal "según el nivel de alerta y el tipo de riesgo natural", identificando el público objetivo -población general, colectivos vulnerables, etcétera- y asignando los canales de comunicación más adecuados entre los previamente establecidos, y que van desde campanas, megafonía o drones hasta paneles LED o mensajería móvil, entre otros. "El objetivo es asegurar que la información se transmita de forma accesible, comprensible y eficaz, especialmente en contextos de alta gravedad donde una respuesta rápida resulta crítica", asegura el plan.

El plan también aconseja una "vinculación automática entre nivel de alerta y medidas concretas" como la suspensión de actividades al aire libre o la restricción del tráfico no esencial (privado y público) en caso de alerta roja, "evitando que estas dependan de decisiones o criterios subjetivos". Además, plantea la "estabilización de niveles de alerta" para "evitar fluctuaciones constantes" por ejemplo entre el nivel rojo y naranja, todo ello mediante umbrales fijos de riesgo que mantengan activas las medidas mientras persista el peligro, y durante un tiempo determinado de forma cautelar incluso si la probabilidad del fenómeno disminuye.

Por otro lado, propone "mejorar los protocolos de redacción y envío de alertas" para facilitar la coordinación entre los organismos oficiales de predicción y el personal técnico de emergencias, "asegurando la correcta recepción y comprensión de los mensajes, así como la actualización periódica de una biblioteca de textos predefinidos que agilice su difusión y garantice su claridad".

Tres tipos de emergencia

Así, el documento fija tres tipos de emergencia, que se corresponderían con los niveles ya establecidos en los planes de emergencia como nivel 1, 2 y 3. El director del CCE ha de valorar si se activa la fase de emergencia, y si lo decide, ha de recomendar al conseller cuál de los tres tipos de emergencia se declara según la gravedad del suceso y los recursos que hagan falta para gestionarlo. Es el conseller quien, finalmente, ha de tomar la decisión.

Si basta con recursos ordinarios, la gestión recae en el director técnico (nivel 1). Si hacen falta recursos extraordinarios, la competencia pasa al conseller encargado de emergencias como director del Plan (nivel 2). Y si la situación se considera de interés nacional (nivel 3), se solicitaría que asumiese el mando el Ministerio del Interior. Algo que el pasado 29 de octubre no ocurrió, pues se declaró solo hasta el nivel 2 de emergencia. Es en ese segundo nivel en el que el plan contempla la convocatoria de la Comisión Delegada dirigida por Presidencia, "en función de la magnitud e implicaciones de la emergencia".