ALICANTE. La comisión de fiscalización aprobada por el conjunto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) para tratar de desentrañar las presuntas irregularidades que pudiesen haberse cometido en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento entre 2018 y 2022 podría quedar constituida durante la próxima semana. Cuando menos, así lo ha anticipado este martes el vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, quien, a su vez, asumirá la presidencia de la comisión.
Villar ha señalado que la creación de ese grupo de trabajo en el que se abordará el análisis respecto a las viviendas construidas por la cooperativa Residencial Les Naus estaba condicionado a la conclusión de los expedientes de averiguación todavía en fase de instrucción respecto a la participación de funcionarios municipales en los acuerdos vinculados con la venta de la parcela pública del distrito de Playa de San Juan en la que se construyeron los pisos, o respecto a la concesión de la licencia de obra. Se trata de tres expedientes de carácter reservado, según ha subrayado Villar. Como ya ha informado este diario, en uno de ellos se analiza el papel de los dos arquitectos municipales que compraron vivienda en el residencial (Francisco Nieto, que participó en las reuniones de seguimiento del contrato, y Elsa Lloret, esposa del funcionario de la Conselleria de Vivienda que visó los 140 contratos de las viviendas).
El segundo de esos expedientes se instruye respecto a la intervención de la ya exdirectora general de Organización Interna, María Pérez-Hickman, que presentó su renuncia a ese cargo de designación directa por parte del equipo de gobierno para regresar a su plaza como jefa del área de Contratación después de que se conociese que dos hijos y un sobrino suyo también habían comprado pisos en el mismo residencial. Respecto a su situación concreta, Villar ha confirmado que su renuncia al cargo de directora general se hizo efectiva dos días después de que se comunicase, lo que ha propiciado que regrese a la plaza en Contratación que ya ocupaba en el momento en el que se produjo la subasta del solar de la promoción. Con todo, el vicealcalde no ha llegado a concretar si el equipo de gobierno estaba dispuesto a nombrar a un sustituto como nuevo director o directora general.
Y, por último, el tercero de los expedientes trata de dilucidar si pudo producirse un uso indebido del acceso a información reservada relacionada con el procedimiento de subasta de la parcela, con el objetivo de precisar si algún funcionario municipal pudo utilizar esa información en su propio beneficio.
Villar ha señalado que los funcionarios municipales que estaban a cargo de la instrucción de esos tres expedientes habían comunicado al equipo de gobierno que su instrucción estaba apunto de concluir. De ahí que haya apuntado que será entonces cuando pueda convocarse la sesión constitutiva de la comisión, en la que se recopilarán propuestas para fijar un plan de trabajo en el que se concrete la periodicidad de las sesiones y se proponga la solicitud de documentación o la solicitud de posibles comparecientes a iniciativa del conjunto de grupos políticos.
Dos comisiones
En el caso de que se confirme la previsión anticipada por Villar respecto al momento de constitución de dicha comisión, ese foro de trabajo de ámbito municipal quedaría conformado una semana después de la comisión de investigación también acordada en Les Corts, después de que prosperase la promovida por Vox, que acabó sumando los votos de PP y de Compromís, y la abstención del PSPV-PSOE. Esa comisión podría estar presidida por la diputada alicantina voxista Ana Vega. Por el resto de grupos políticos, dicha comisión quedará integrada por los diputados del PP José Ramón González de Zárate, Javier Gutiérrez, Candela Anglés, Elena Bastidas y María Gómez. Por Miguel Pascual y la ya citada Ana Vega, por Vox. Por José Díaz, María José Salvador, Benjamí Mompó y María Luisa Navarro, como representantes del PSPV-PSOE. Y por María José Calabuig y Aitana Mas, por parte de Compromís.
La comisión municipal, por su parte, estará integrada por Villar y el edil de Urbanismo, Toño Peral, como representantes del PP; por Ana Barceló y Silvia Castell, como representantes del PSOE; por Carmen Robledillo y Óscar Castillo, por Vox; por Rafa Mas, de Compromís; y por Manolo Copé, por EU Podem.
La labor que puedan desarrollar esas dos comisiones es independiente de la investigación judicial ya en curso, a partir de la denuncia registrada por la organización Manos Limpias, en la que ya se ha solicitado la remisión de distinta documentación relacionada con los expedientes de las viviendas de VPP de Residencial Les Naus tanto a la Conselleria de Vivienda, como al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa que construyó los pisos. Respecto a esas diligencias, Villar ha señalado que no se había requerido ningún tipo de información adicional respecto a la ya facilitada la semana pasada por el Ayuntamiento. Tanto Vivienda como la cooperativa todavía no habrían cumplimentado ese trámite, según fuentes consultadas.
