VALÈNCIA (EP). La comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts ha aprobado este lunes una enmienda del PP al proyecto de ley de la Generalitat de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado --el llamado plan Simplifica 2-- para que todas las familias con menores con discapacidad puedan tener desgravaciones fiscales en la Declaración de la Renta de 2025.

El PP ha presentado un total de 34 enmiendas y otras once transaccionales con Vox que han salido adelante gracias a los votos de ambas formaciones. Solo ha quedado una 'viva' de los 'populares' para el debate y votación en el pleno. Por el contrario, todas las enmiendas registradas por el PSPV y Compromís han sido rechazadas.

Desde el PP, Mª Carmen Contelles ha concretado que a través de una enmienda se ha recogido una "aclaración" en el tema de la deducción en la fiscalidad al añadirse también la discapacidad en revisión. "Se van a poder deducir en la Renta de este año todos los menores que tienen la discapacidad en revisión y no la permanente, recogiendo el criterio de Cermi", ha indicado.

"Las familias se lo pueden deducir ya y se garantiza que ninguna familia con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad intelectual o trastornos de neurodesarrollo pierda los beneficios fiscales que venía disfrutando y cuenten con esta ayuda en su declaración de IRPF", ha valorado.

La parlamentaria ha señalado que la burocracia "provoca incertidumbre y produce agobio a empresas, ciudadanos y familias", por lo que ha argumentado que esta reforma "es urgente" y consolida "un proceso de simplificación que consolida el cambio de modelo diferente al del Botànic".

"El PSPV y Compromís solo han buscado con sus enmiendas poner más trabas y más burocracia a una ley que, precisamente, lo que busca es combatir la hiperregulación que provoca retrasos. Pretenden incrementar la burocracia revestida de controles, intentando volver a la situación inicial, lo que no tendría ningún sentido", ha lamentado.

Y ha afeado a ambas formaciones que en ocho años "no hicieron nada para reducir la burocracia y ahora pretenden poner trabas para evitar esta reforma urgente y poner palos en la rueda a la simplificación y agilización de procesos para evitar la parálisis".

Dejar atrás la "cultura de la desconfianza"

Por su parte, Vox ha presentado 18 enmiendas con las persigue pasar "de la cultura de la desconfianza y la hiperregulación a la de la responsabilidad, eficiencia y progreso". "Necesitamos acabar con las normas inútiles, con los órganos duplicados y con el intervencionismo", ha reivindicado la diputada Teresa Ramírez.

En esta línea, ha abogado por "facilitar las gestiones a los ciudadanos, reducir los tiempos y trámites porque cada semana de retraso en una licencia, es una oportunidad perdida": "Estas enmiendas dan respuesta a necesidades reales de los ciudadanos y eliminan los obstáculos que separan la administración de la calle".

Entre sus enmiendas, Vox propone impulsar la historia social única para poder unificar en un solo expediente todas las ayudas que percibe cada persona y así "evitar duplicidades" de concepto, abusos y mejorar el sistema asistencial. Y plantea establecer una reserva de plazas para militares de complemento y profesionales de tropa y marinería en las convocatorias para el ingreso en los cuerpos de Policía Local.

Además, pide que en los informes previos para elaborar las normas se tenga en cuenta el impacto social y económico en los negocios de menos de 10 trabajadores, así como reconocer el derecho al error administrativo para incentivar la "subsanación temprana de errores" y facilitar su corrección mediante mecanismos "ágiles y automatizados".

También señala la necesidad de ampliar la superficie exenta de licencia municipal y pasar de los 750 metros cuadrados a los 2.500 con el fin de "incentivar las aperturas de nuevos comercios e impulsar la actividad económica".

"Siempre hemos dicho que por cada norma que entre hay tres que deben salir. Debemos simplificar y por ello aquí están nuestras enmiendas que van a derogar varias normas que están obsoletas", ha subrayado Teresa Ramírez, que ha remarcado: "Quien cumple la ley en España no tiene que volver a empezar desde cero. Se debe revisar cada año la normativa para eliminar los requisitos que sean más restrictivos aquí que en otros puntos de España".

Asimismo, ha garantizado que su formación exigirá a la Generalitat que diseñe normas que "no pongan trabas" a empresas y profesionales de otras comunidades para atraer a nuevos talentos. "Esto sí que es simplificar y facilitar la vida al autónomo y a la pequeña y mediana empresa", ha reivindicado.

"Deriva irracional"

Por su parte, el PSPV ha registrado más de 80 enmiendas para "corregir esta deriva irracional y revertir buena parte de los cambios" que propone la norma. En materia territorial se centran en cuestiones con implicaciones de seguridad jurídica ante futuros proyectos, según ha apuntado la socialista Rosario Navalón.

Entre ellas, han planteado una que añade un párrafo para "blindar que ninguna actuación urbanística que implique una ocupación estable del territorio sea posible en los primeros 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar".

"Decretazo de demolición de garantías y derechos"

Finalmente, Compromís ha cuestionado que este decreto "del Consell de Carlos Mazón se venda como la gran solución cuando es un decretazo de demolición de garantías y derechos" y que plantea "menos controles". Con su paquete de enmiendas, la coalición propone un modelo de Comunitat Valenciana "más justo y democrático".

Entre sus iniciativas, la formación defiende la calidad democrática y el control jurídico, aspira a que la Generalitat sea una Administración "ejemplar y no una empresa más", fomenta la participación y la transparencia, trata de conectar "política social y política fiscal" y apuesta por una digitalización "con derechos".

La diputada Aitana Mas ha denunciado que las enmiendas de Vox plantean que, por ejemplo, "una gran empresa como Mercadona podría instalarse en un municipio sin pedir ni un solo papel de licencia" y ha criticado que esta formación plantee dar "barra libre" a la apertura de las comercios. Y ha cuestionado la iniciativa de reservar plazas para militares: "Es como poner un pulpo en una sabana".