VALÈNCIA (EP). El PP ha presentado en el Congreso seis iniciativas parlamentarias firmadas por la diputada por Valencia Alma Alfonso para poner fin al "bloqueo injustificado" que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene sobre la prolongación sur del túnel de Serrería, una infraestructura "estratégica" para la conexión ferroviaria del Puerto de València y el desarrollo urbanístico de la fachada marítima de la ciudad y la finalización del jardín del Turia.

El paquete está compuesto por dos solicitudes de documentación, dirigidas al Ministro y al presidente de Adif, y por cuatro baterías de preguntas escritas al Gobierno sobre la situación contractual y económica del estudio informativo, el uso "contradictorio" del estudio de viabilidad de 2015, el "incumplimiento" de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el "desprecio ministerial" al Ayuntamiento de València.

Al respecto, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha denunciado que la ciudad lleva "más de cuatro años esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones sobre por qué tiene secuestrado un estudio informativo ejecutado al 76 por ciento, que se pagó con dinero público y que es imprescindible para el futuro de nuestra ciudad".

"Si el Ministerio no responde al Ayuntamiento, si no responde al Consejo de Transparencia y si no responde a los ciudadanos, responderá al Congreso de los Diputados. Y lo hará ahora en seis frentes a la vez: por la suspensión, por el dinero, por el Estudio de Viabilidad, por la transparencia y por el desprecio al Ayuntamiento. Un Gobierno que se esconde de los controles democráticos es un Gobierno que tiene algo que ocultar", ha advertido la responsable municipal.

Según fuentes municipales, el contrato fue formalizado el 30 de enero de 2020, con un plazo de 24 meses, y a dos meses escasos de su conclusión, el 30 de noviembre de 2021, fue suspendido mediante Orden de la Secretaría de Estado de Transportes. En ese momento se habían abonado 193.387,57 euros correspondientes a 17 certificaciones mensuales. En este momento, critican, han transcurrido "cuatro años y medio sin que el Ministerio haya adoptado decisión alguna sobre reanudación, modificación o resolución del contrato".

Estudio informativo

La batería de preguntas escritas sobre el estudio informativo exige al Gobierno "explicaciones por escrito, con fechas y actos administrativos concretos", sobre la situación actual del expediente, la valoración económica y contractual formalizada conforme al artículo 208 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y si existe previsión de dictar orden de reanudación en el ejercicio 2026. Y sobre transparencia, el PP exige al Gobierno explicar las "contradicciones materiales" entre las respuestas ministeriales.

Según el Ayuntamiento de València, uno de los argumentos "repetidos por el Ministerio" ha sido que la prolongación sur del túnel de Serrería "no puede abordarse mientras no concluyan las obras del túnel pasante, al entender que su ejecución cortaría el Corredor Mediterráneo". Sin embargo, esta afirmación "se revela como una excusa técnicamente insostenible" cuando "se confronta con la propia documentación contractual del Ministerio".

En esta línea, desde el consistorio subrayan que el pliego de prescripciones técnicas estableció "con toda claridad" que se deberán analizar "las situaciones provisionales durante la ejecución de la obra, tanto viarias como ferroviarias para la construcción de las distintas alternativas". "La pregunta técnica que el Ministerio utiliza hoy como excusa para bloquear la obra era precisamente la pregunta que había contratado responder y cuya respuesta estaba a dos meses de entrega cuando se decidió suspender el contrato sin ninguna explicación", replican.

Por tanto, Catalá ha calificado de "falacia administrativa" la "excusa" del túnel pasante: "El Ministerio nos dice hoy que no puede abordar la obra porque cortaría el Corredor Mediterráneo, cuando el análisis detallado de cómo evitar esa afección era justamente el contenido técnico que el contrato obligaba a elaborar al adjudicatario. O el Ministerio suspendió el contrato por motivos que no han querido explicar y ahora pretende justificar esa suspensión mediante una afirmación técnica que habría sido respondida por el propio contrato si lo hubieran dejado terminar".

En cualquier caso, para la alcaldesa se trata de una "cadena de incoherencias administrativas que solo se explica por una razón: que alguien en algún despacho del Ministerio tomó la decisión de enterrar esta obra por motivos que no son los técnicos que ahora invocan".

Calendario concreto

Las preguntas escritas registradas reclaman también, de forma expresa, el calendario concreto del Ministerio para la aprobación y sometimiento a información pública del estudio informativo y exigen saber sobre qué base documental afirmó el Ministerio que la Alternativa 3 "estrangularía" los accesos ferroviarios del Puerto.

"Un Gobierno que filtra a los medios supuestas conclusiones técnicas para condicionar el debate público, pero que cuando se le piden esos informes por los cauces oficiales dice que no existen, está haciendo un uso fraudulento de la transparencia", ha denunciado Catalá, que ha deslizado: "O los informes existen, y entonces deben entregarse sin excusas, o no existen, y entonces el Ministerio ha estado mintiendo sistemáticamente a los valencianos. Las dos hipótesis son graves. Y ahora esa disyuntiva tendrá que responderla por escrito ante el Congreso, con firmas y con fechas".

Dimensión económica 

El PP incide, además, en la dimensión económica de este "bloqueo administrativo" que denuncia el Ayuntamiento. Al respecto, desde el consistorio defienden que los valencianos "han financiado ya, a través de sus impuestos, dos contratos consecutivos del Ministerio y de Adif Alta Velocidad relativos a la prolongación sur del túnel de Serrería". "Más de 635.000 euros de dinero público invertidos en dos fases sucesivas del mismo proyecto técnico que, sin embargo, permanecen hoy sin dar resultado tangible alguno para la ciudad", critican.

El PP exige también al Ministerio que identifique qué alternativa técnica considera actualmente "preferente" y sobre la base de qué análisis técnico-económico documentado, fechado y firmado por órgano competente adopta dicha posición. "Si no existe ningún expediente para sustituir al estudio de 2015, el argumento de la obsolescencia se cae por su propio peso", advierten los 'populares'.

"Estamos ante un problema de gestión pública de primera magnitud", según Catalá, que ha remarcado que se trata también "de 635.000 euros de dinero público de todos los españoles que están hoy en un limbo administrativo". "Dinero que se ha gastado en elaborar documentos técnicos que el propio Ministerio ahora pretende que no sirven, que no se pueden entregar, o que están a medias y no se sabe cuándo se terminarán", ha censurado.

"A eso le llamo yo despilfarro institucional. Y a los valencianos y a todos los españoles nos merecemos una explicación detallada de por qué nuestro dinero acaba en este tipo de agujeros negros administrativos", ha agregado.

Coordinación

La batería de preguntas sobre coordinación con el Ayuntamiento de València exige al Ministerio explicar "cómo puede sostener que no había recibido documentación municipal desde junio de 2024 cuando el propio Ayuntamiento remitió, el 11 de septiembre de 2024, informes del Servicio del Ciclo Integral del Agua, Movilidad y Asesoramiento Urbanístico, así como el tratamiento administrativo dado a esos informes y su incorporación al expediente 2019F463O430".

"El Ministerio incumple simultáneamente con el Ayuntamiento, con el Consejo de Transparencia y con los ciudadanos. Un triple incumplimiento que solo se explica por una estrategia deliberada de opacidad. No le pedimos un favor: le pedimos que cumpla la ley", ha zanjado.