VALÈNCIA. El colapso en los exámenes de conducir en la Comunitat Valenciana se ha 'colado' en el debate parlamentario. El PP presentaba este lunes una proposición no de ley (PNL) a la que dio una relevancia más habitual de lo común: la desgranó mediante una rueda de prensa en la que el síndic popular, Nando Pastor, y el diputado José Forés denunciaron un agravio comparativo entre la Comunitat Valenciana y otros territorios como Cataluña o el País Vasco. Con esta iniciativa, el PP evidenció el atasco de jóvenes esperando fecha de examen y, al mismo tiempo, dirigió las críticas al Gobierno de España mientras trató de poner el foco en un tema alejado del escándalo de las Viviendas de Protección Pública, que vienen protagonizando el debate político en las últimas semanas.
"Marlaska no hace nada y Pilar Bernabé mira hacia otro lado", consideró el síndic del PP, apuntando hacia el Gobierno de España. Pastor remarcó que hay "45.000 jóvenes atrapados contra su voluntad", con importantes consecuencias en materia social y laboral. "Sin examen no hay carnet y sin carnet no hay futuro", enfatizó. Forés consideró que esta situación se ha convertido "en un problema estructural por la ineficacia y la falta de gestión del Gobierno de España": "Antes se tardaba cuatro o cinco días desde el pago de la tasa en hacer el examen teórico, ahora hay un retraso de 2 meses con 2.500 jóvenes valencianos".
El diputado consideró que la situación tiene una causa principal: "El reparto de examinadores hacia la Comunitat Valenciana es discriminatorio". En este sentido, puso de relieve que a los centros de examen de la provincia de Valencia se han agregado un total de 9 examinadores entre 2021 y 2025. Durante el mismo periodo, Girona ha recibido 16 nuevos examinadores, mientras Donosti y Lleida han sumado 15 y 8 examinadores más, respectivamente. Todas ellas provincias con menor número de habitantes que Valencia.
"Pedimos que los valencianos tengamos el mismo trato que el resto de españoles", apuntó Forés, una expresión habitual en otras reivindicaciones históricas de la Comunitat Valenciana frente al Gobierno central, pero que en este caso se basa en el colapso de exámenes de conducir. Ante el panorama descrito por los populares, la PNL registrada insta al Gobierno a incrementar de manera "urgente y permanente" la plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la Comunitat Valenciana, "atendiendo a criterios objetivos de población, volumen de alumnos y demanda real de exámenes".
Horas extra, refuerzo de personal y plan de choque
La propuesta también plantea que se autorice a la plantilla actual de examinadores "a hacer horas extras" para desbloquear el atasco existente. Además, pide que se cubran las bajas médicas y jubilaciones de personal. Los populares también plantean cubrir con carácter "prioritario y urgente" las bajas y jubilaciones mediante procedimientos ágiles de sustitución, "garantizando la continuidad del servicio", y reforzar el personal administrativo en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de la Comunitat Valenciana, especialmente en el área de gestión de autoescuelas, con el fin de agilizar "la planificación de exámenes y la resolución de incidencias".
Además, proponen la puesta en marcha un plan extraordinario de choque, con objetivos "cuantificables y calendario público", para reducir las listas de espera existentes antes del inicio del periodo estival, y garantizar una distribución territorial "equitativa" de examinadores en todo el Estado, basada "exclusivamente en criterios técnicos, demográficos y de carga de trabajo, asegurando que la Comunitat Valenciana reciba el número de efectivos que le corresponde".
"Nadie entiende que sea un privilegio examinarse del carnet"
Ante este escenario, los populares aprovecharon para poner en el centro las críticas a la gestión del Gobierno de España: "Nadie entiende que en 2026 sea un privilegio examinarse del carnet de conducir. No es un problema que depende de grandes acuerdos o de mayorías parlamentarias, depende de soluciones sencillas y de sentido común", expresó Pastor.
El síndic reclamó que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "se ponga las pilas y adopte soluciones". También apuntó hacia la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé: "Que dé la cara y atienda las peticiones de reunión que el sector ha planteado desde julio de 2025", exigió el portavoz popular en Les Corts. "No es lógico ni decente que una delegada del Gobierno no se haya reunido con Avae para resolver un problema que ellos han generado", apostilló Pastor. Este periódico ha preguntado a Delegación del Gobierno sobre la problemática, pero no ha obtenido respuesta sobre la cuestión planteada.
En todo caso, lo cierto es que, con este movimiento, los populares consiguen llevar al debate parlamentario una situación que afecta a varias decenas de miles de jóvenes de la Comunitat Valenciana al tiempo que se reduce el protagonismo del escándalo relacionado con las VPP, que ha venido protagonizando la actualidad política de las últimas semanas.
De hecho, el síndic del PSPV, José Muñoz, reconoció la existencia de un posible "problema" en torno a los exámenes de conducir, pero pidió "no desenfocar": "Lo más importante es la situación de la vivienda y que los jetas que se han quedado viviendas públicas en la primera promoción después de 20 años --en Alicante--, que además son personas vinculadas al PP, las devuelvan". "Otras cosas se pueden hablar, pero que hablen sobre todo y primero de lo más importante", sentenció.
El sector denuncia un "sistema desbordado"
En todo caso, lo cierto es que desde la Asociación Valenciana de Autoescuelas (Avae) consideran que el sistema actual está "desbordado". "La falta de examinadores у funcionarios que tramiten la documentación necesaria anterior a la realización de un examen limita la capacidad para convocar pruebas y están provocando un cuello de botella que no deja de aumentar", denuncia el presidente de Avae, Juan Carlos Muñoz.
Desde la organización aseguran que la lista de espera a nivel autonómico está creciendo a un ritmo de unas mil personas cada mes: de las cerca de 40.000 personas en esta situación a finales de septiembre a las 45.700 de mediados de febrero. Según los datos facilitados por esta organización a Plaza, la Jefatura de Tráfico de València es la que mayor número de alumnado acumula, con cerca de 21.000. Le siguen la de Alicante, con casi 8.000 aspirantes; la de Castellón, con algo más de 4.000; y la de Orihuela, con más de 3.500 personas en lista de espera.
Muñoz explica que las consecuencias de este atasco "afectan directamente a los alumnos", pues muchos continúan pagando clases 'extra' para no perder práctica, lo que supone un incremento del coste de su formación. Además, también supone un desajuste para las autoescuelas, que ven como el número de alumnos pendientes de examen va in crescendo, lo que "complica la organización de las clases, ralentiza la entrada de nuevos estudiantes y genera una situación de frustración". El presidente de Avae, además, remarca que para muchos jóvenes es fundamental disponer de permiso de conducir para acceder al mercado laboral. "Retrasar los exámenes significa, en muchos casos, retrasar oportunidades de empleo", remarca.
