El PP relaja la ley de Publicidad Institucional: los políticos podrán hacer entregas de llaves y poner vallas para anunciar obras

Comunitat Valenciana

  • El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
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VALÈNCIA. El Partido Popular ha planteado una reforma de calado de la norma autonómica de publicidad institucional, empezando por su propio nombre, que pasaría a tener la escueta denominación de "Ley de Publicidad Institucional de la Comunitat Valenciana". En una de las 32 enmiendas presentadas a la ley de Acompañamiento a los Presupuestos, los populares plantean una serie de cambios en esta norma con la intención de eliminar restricciones, relajar los criterios de adjudicación de campañas institucionales o permitir la colocación de vallas anunciando futuras obras, entre otras cuestiones.

Cabe mencionar que esta ley empezó a gestarse en septiembre de 2015 a propuesta de Compromís y terminó saliendo adelante en mayo de 2018 con el respaldo de las formaciones que integraban el Consell del Botànic. La norma estableció una serie de limitaciones en materia de publicidad institucional y sobre el papel que los dirigentes públicos pueden desempeñar en la construcción e inauguración de obras y servicios públicos.

Colocación de primeras piedras, placas conmemorativas...

Entre las prohibiciones actuales que desaparecerían con la entrada en vigor de esta modificación destaca la de cualquier acto público de entrega de llaves por parte de personas con cargos electos o en un gobierno. Es decir, con la norma actual los políticos no podían escenificar un acto público de entrega de llaves de, por ejemplo, una promoción de viviendas públicas. Con la reforma planteada por el PP, estos actos volverían a estar permitidos.

También se levanta la prohibición de que los cargos políticos protagonicen actos de inauguración de obras o servicios financiados con fondos públicos. Además, se podrían instalar placas conmemorativas con referencias a los dirigentes políticos que hayan participado en la construcción o puesta en marcha de dicha infraestructura. La propuesta de los populares también levanta el veto a los actos de políticos en los que se pone una primera piedra en una obra financiada con fondos públicos.

Se elimina el criterio de la audiencia para la publicidad institucional

Los requisitos de elección de los medios de comunicación para la difusión de publicidad institucional también experimentarían un cambio relevante. La norma actual también pide que los medios de difusión se elijan teniendo en cuenta como principal criterio su audiencia, y, en segundo lugar, su implantación territorial y social. De hecho, la ley plantea que la publicidad se inserte "con proporcionalidad a las audiencias" a partir de "criterios independientes y objetivos". La enmienda de los populares sí recoge que haya una "consideración especial por los medios de comunicación locales y comarcales", pero evita cualquier referencia a las audiencias de los medios.

Permite las vallas anunciando futuras obras

A su vez, la reforma de los populares se carga al completo el apartado dedicado a la temporalidad. Este artículo fija una serie de restricciones a la publicidad institucional sobre obras financiadas con fondos públicos. Entre ellas, se prohíbe colocar anuncios de obras futuras ni antes ni al comienzo de la obra. Un caso bien conocido de este tipo de actuaciones es el cartel que durante años anunció un nuevo hospital en Torrent, que nunca llegó a construirse.

  • Foto: GVA Participa -

El artículo que se propone eliminar también señala que la publicidad institucional sobre obras o servicios no podrá llevarse a cabo hasta que las actuaciones hayan concluido. Además, los anuncios solo podrán tener "mero carácter informativo" del servicio prestado o el uso del inmueble que se haya construido.

Este apartado de la norma, además, limita las vallas en las obras licitadas a un "sucinto" cartel con detalles sobre lo que se está construyendo, su coste, la empresa adjudicataria y las fechas de inicio y finalización de las actuaciones. "En caso de que la obra fuera paralizada, el servicio se dejara de prestar o se retirara la financiación, la publicidad será inmediatamente retirada", señala el artículo actualmente en vigor. De entrar en funcionamiento la reforma planteada por el PP, todo ello dejaría de estar recogido en el texto.

El valenciano pierde protagonismo

A todo ello cabe sumar que la ley autonómica de publicidad institucional recoge que la lengua que, preferentemente, deberá utilizarse será el valenciano, a excepción de los ámbitos de predominio lingüístico castellano, donde la lengua principal será el castellano.

El PP aplica 'chapa y pintura' en este apartado para poner el valenciano y el castellano a la misma altura: "Se utilizarán las dos lenguas oficiales de la Comunitat". A su vez, permite la posibilidad de utilizar "otras lenguas no oficiales si así lo requiere el objeto de la campaña". 

Por último, en una nueva disposición adicional, los populares establecen que los departamentos encargados de la gestión de la publicidad institucional podrán "encargar a terceros independientes" servicios de "seguimiento de los resultados y análisis del impacto de las campañas, tanto de forma global como individual". Una medida que justifican en el hecho de "comprobar la eficacia y el cumplimiento de los objetivos de las campañas", al mismo tiempo que se "certifica el buen uso de los recursos empleados" para acometer este tipo de acciones.

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