VALÈNCIA. La crisis migratoria desatada en Ceuta en los últimos días ha provocado que se reedite una discusión que apunta a ser recurrente en el bloque conservador de la política española entre dos fuerzas políticas que comparten espacio y parte del electorado: PP y Vox.
Ambas formaciones, a lo largo de la presente legislatura, ya han tenido discusiones respecto a las políticas migratorias y a las posiciones a adoptar ante las decisiones del Gobierno de España presidido por el socialista Pedro Sánchez.
De hecho, uno de los principales motivos de fricción en estos años se ha centrado en el reparto de menores migrantes no acompañados que ha aplicado el Ejecutivo central.
Más aún, esta fue una de las razones principales por las que el líder de Vox, Santiago Abascal, justificó la ruptura del pacto con el PP y salida de los gobierno autonómicos de los que formaba parte junto a los populares en julio de 2024.
Una causa que, precisamente ahora, amenaza con repetirse con la intención por parte del Ejecutivo central de un nuevo reparto de menores migrantes derivado de la avalancha acaecida en Ceuta en los días pasados, que ha elevado a más de un millar los menores asistidos en la ciudad autónoma.
En la actualidad, tras las diversas elecciones autonómicas celebradas en los últimos meses, PP y Vox vuelven a compartir gobiernos regionales en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía; mientras los votos del partido de Abascal son necesarios para tener la mayoría en los parlamentos autonómicos de la Comunitat Valenciana, Murcia o Baleares.
Así, mientras desde Vox rechazan de plano la opción de reparto que plantea el Gobierno de España, en el PP se han mostrado más cautos y han insistido en que "cumplirán la ley", lo que se ha interpretado como una puerta abierta a la recepción de migrantes. Pese a que las posiciones no son idénticas, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, aseguraba este jueves que ahora no se dan las mismas condiciones para la ruptura que en 2024.

- El presidente del PP, Alberto Núéz Feijóo, junto a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, a 1 de agosto de 2026. Foto: EP/SEBASTIÁN HIPPERDINGER
En este sentido, el dirigente de Vox matizó que en aquel momento los consejeros autonómicos del PP avalaron en una conferencia sectorial con el Gobierno el reparto de 400 menores migrantes no acompañados, siendo esta la causa del abandono de los ejecutivos regionales. Una razón que, no obstante, muchos vieron como una excusa para forzar la salida de los gobiernos por motivos estratégicos de Abascal, al considerar que la presencia de Vox en estos ejecutivos no estaba beneficiando la visibilidad y posición del partido para su objetivo final, que no es otro que el sorpaso al PP y el asalto a la Moncloa.
Figaredo, no obstante, considera ahora que la situación es diferente, para asegurar que en esta ocasión es el Gobierno el que asume "de forma total la decisión del reparto" en virtud del Real Decreto de 2025. "Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que se van a oponer", subrayó el dirigente de Vox en referencia a la formación popular.
Sin embargo, las declaraciones vertidas este mismo jueves por dirigentes del PP no se situaban en el mismo nivel de oposición que el mostrado por Vox. "El Partido Popular siempre cumple la ley; en esta ocasión, también. Nosotros y nuestros gobiernos", señaló el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, al ser preguntado por esta cuestión.
No obstante, desde Vox recuerdan que en los pactos de gobiernos regionales se especificaba el rechazo a aceptar la llegada de más menores migrantes no acompañados. "En los documentos firmados se habla de que cumplirán la ley en materia de inmigración. Vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el Gobierno porque lo ha generado directa o indirectamente", interpretó el popular Bendodo.

- Abascal, ante los medios en Ceuta. Foto: EP/MARCOS MORENO
Una línea similar a la que empleó un día antes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien marcó distancias con Abascal en este asunto para defender que la situación debía abordarse aplicando los mecanismos que prevé la ley, como la reagrupación familiar o el retorno de los menores a los servicios sociales de sus países de origen, pero sin descartar el reparto de migrantes.
De esta manera, los próximos días serán relevantes para observar cuál es la posición definitiva del PP y, en especial, en las autonomías donde gobierna con Vox. Es decir, cuando el Ejecutivo central active el reparto de los menores migrantes, los populares deberán decidir si más allá de las críticas a la política de Sánchez se alinean con Vox, o aceptan el mandado tal y como indica la ley y se enfrentan a la primera crisis con su socio de gobierno en varios autonomías.
