VALÈNCIA (EP). La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, organizarán una tractorada y manifestación en la ciudad de València el próximo 29 de enero.
Los representantes del sector agrario valenciano invitan a productores, empresas auxiliares, entidades de la sociedad civil y consumidores a participar en esta movilización contra los acuerdos comerciales de la Unión Europea firmados sin reciprocidad, como el tratado con Mercosur, los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), el exceso de burocracia y las políticas que "amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea".
Esta protesta coincidirá con otras convocadas en toda España a lo largo de la semana que viene, pero que tendrá en el 29 de enero la jornada central: "el 'superjueves' del campo español", han informado en un comunicado conjunto.
"No es un acto solo de agricultores. Está en juego la competitividad y viabilidad de quienes producen los alimentos que comemos todos los días, que generan un motor económico tan importante como es el agroalimentario en términos de empleo y riqueza, y que mantienen un manto verde que no se quema", han señalado las entidades agrarias.
En ese sentido, han advertido que "está en juego una Europa que no dependa de los alimentos de fuera, que son menos seguros, más contaminantes y, a largo plazo, más caros. Está en juego, en un entorno de inestabilidad internacional, nuestra elección como pueblo entre tener soberanía o incertidumbre alimentaria", advierten los dirigentes agrarios".
La manifestación empezará a las 10 horas frente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el objeto de reivindicar "una solución justa y digna a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la dana y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH)", además de defender los regadíos y las infraestructuras hidráulicas. El recorrido discurrirá por las emblemáticas Torres de Serranos y concluirá a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los dirigentes pronunciarán sendos discursos a las personas asistentes.
Reivindicaciones
CCPV-COAG, UPA-PV, La Unió y AVA-Asaja reclamarán el rechazo de la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, exigiendo un estudio de impacto sobre el sector agrario objetivo y creíble, reciprocidad, cláusulas de salvaguardia verdaderamente eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma línea, exigirán revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros países, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica.
El sector también se opondrá a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC post-2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad histórica; un recorte del 22% del presupuesto; la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC; un aumento de la complejidad administrativa; y la tendencia a una renacionalización de los fondos.
Otra reivindicación será la simplificación, seguridad jurídica y la puesta en marcha de regulaciones más adaptadas a la realidad agraria que no impliquen una pérdida de competitividad; la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; y reorientar las políticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios científicos.
Al respecto, pedirán reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Entre las medidas solicitadas igualmente destacarán intensificar y armonizar los controles fitosanitarios de plagas y enfermedades en los puertos de entrada, inspecciones en origen, extensión y rigurosidad del tratamiento en frío y, en caso de excesivos incumplimientos, la suspensión de las exportaciones a la UE.
Igualmente, reivindicarán una nueva política hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, así como un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas; mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; e impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.
Finalmente, las organizaciones agrarias pedirán un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y publicación oficial de los costes medios de producción; aprobar una Ley Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias; actualizar los módulos del IRPF agrario; y revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos.
