VALÈNCIA. El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha presentado este martes ante Les Corts Valencianes el informe anual de la institución correspondiente al ejercicio 2025. Un año en el que, nuevamente, se incrementaron el número de quejas por parte de los ciudadanos y en el que, sobre todo, se agravó la relación entre el Parlamento autonómico y este órgano estatutario. 

“Ha resultado una experiencia decepcionante”, ha sintetizado Luna sobre su relación con la Cámara autonómica, a lo largo de una rueda de prensa en la que se ha deshecho en críticas hacia la institución que preside Llanos Massó. A nivel normativo, ha cargado por el hecho de que no haya sido llamado a comparecer en el Parlamento para presentar el informe de 2025, “incumpliendo flagrantemente la Ley del Síndic”. “Se está observando claramente una regresión democrática, tanto del síndic de Greuges como de otras instituciones con Les Corts”, ha apuntado. 

De hecho, ha acusado a la Cámara de “tapar la boca de las instituciones” estatutarias con el objetivo de que “las quejas de los ciudadanos no lleguen donde tienen que llegar”. En esta línea, ha cargado con especial dureza contra la reciente reforma del Reglamento de Les Corts impulsada por PP y Vox, que plantea que el síndic deje de presentar su informe ante el Pleno para hacer lo propio en la Comisión de Peticiones: “Es una regresión democrática en toda regla. No podemos pasar por el pleno de la Cámara y debatir con los diputados”, ha denunciado. 

Además, ha hecho referencia a otra reforma de este reglamento para que los grupos parlamentarios puedan modificar el presupuesto total de órganos estatutarios vía enmiendas parciales. Luna ha considerado que con esta medida “se está amenazando a las instituciones estatutarias con un recorte presupuestario”. “Ya se ha vivido en el caso de la AVL y consistió en encapsular las actuaciones de la academia, recortar gastos y poner nombres y apellidos a las subvenciones que podía otorgar y las actuaciones que podía llevar a cabo”, ha enfatizado. 

De hecho, ha criticado que se intente debilitar las instituciones estatutarias “sin tener mayoría suficiente para ello”. Cabe mencionar que el Estatut de Autonomía establece que cualquier modificación legislativa de un órgano estatutario precisa de una mayoría de tres quintas partes del Parlamento autonómico. Para el síndic, con la reforma del Reglamento, que precisa de mayoría simple de Les Corts, se intenta modificar cuestiones troncales de estos órganos, como es su presupuesto. 

Sin respuesta de Llanos Massó

Luna ha explicado que comunicó a la presidenta de Les Corts su ausencia en la Cámara para exponer el informe del ejercicio 2024. Lo hizo durante la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat el pasado mes de diciembre. “Me dijo que había junta de portavoces la semana siguiente y que se hablaría, pero no supe nada más”, ha asegurado. De hecho, ha explicado que ha trasladado la situación tanto a Llanos Massó como a algún portavoz: “No recibo respuesta ni formal ni informal”. 

En todo caso, descarta recurrir a los tribunales para denunciar la situación. Una decisión que justifica en que el papel del síndic debe ser el de “supervisar el trabajo de las instituciones y explicar qué funciona mal y cómo se podría corregir”. “La vulneración de la ley del síndic debería tener una consecuencia política. Hay algunas voces que han reclamado capacidad de sanción, pero yo creo que no. El síndic es un instrumento de los ciudadanos y estos deben tomar nota para reclamar responsabilidades a sus representantes políticos”, ha apostillado. 

Hacia una "república bananera"

Preguntado hacia dónde lleva la deriva institucional que ha denunciado, Luna ha apuntado a una “degradación de la vida política, del estado de derecho y del respeto al entramado institucional”. El síndic ha alertado de que el país camina hacia “una situación de deterioro democrático de tal naturaleza que va a ser muy difícil recomponer los usos y costumbres que tan buenos frutos han dado en España”. 

Luna ha reconocido que cualquier ley puede cambiarse, pero ha reclamado que se respeten los procedimientos legales marcados para ello: “Si no, podemos acabar como en muchos países sudamericanos que son paraísos desde el punto de vista legal, pero eso nada tiene que ver con la realidad posterior”. “En muchos casos son repúblicas bananeras donde no se respeta nada. Al final se va degradando la vida institucional y esto se convierte en algo que se parece de lejos a una democracia”, ha sentenciado.