MADRID/VALÈNCIA (EP). El Tribunal Supremo ha planteado formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.
A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras sendos recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.
Los magistrados señalan que el real decreto incorpora dos disposiciones adicionales que son las que contienen el proceso de regularización para la obtención de permisos de residencia para extranjeros en situación irregular en España y "no se trata, pues, de un reconocimiento individualizado de dicho permiso, sino de un régimen general a nivel normativo para todos aquellos ciudadanos de terceros países que se encontrasen en España en situación irregular, debiendo reunir determinadas condiciones, ahora irrelevantes".
"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo aprobado en la Unión Europea en 2024, subraya.
El Supremo somete al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".
Mera decisión política
Asimismo, emplazan a las partes para que se pronuncien sobre si es compatible con el derecho comunitario que un Estado miembro "adopte y aplique, mediante norma reglamentaria, de rango infralegal, un proceso de regularización masiva de nacionales de terceros países en situación irregular, con efectos potenciales sobre un número indeterminado de personas, pero comprendido aproximadamente entre 900.000 y 1.650.000, sin que conste notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con los demás Estados miembros".
También quieren conocer su parecer sobre si, con la vigencia del Pacto sobre Migración y Asilo y, en particular, lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/1351, "un Estado puede establecer, sin condicionamiento alguno que no sea la mera decisión política, una regularización masiva de ciudadanos extranjeros en situación irregular".
Y llegan semanas después de que el propio Supremo rechazara suspender de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril, algo que habían reclamado Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid.
Para rechazar la suspensión cautelar, el alto tribunal incidió en el "interés público" y el "sustrato humano" que "se contrae, en esencia, a permitir la plena integración de aquellas personas extranjeras que permanecen en España de forma prolongada y que, por causas ajenas a su voluntad, no pueden acceder a una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales".
El plazo de presentación de solicitudes a la regularización extraordinaria de migrantes concluye este martes, tras más de dos meses desde que el Gobierno impulsó el proceso, en el que se han registrado 1,2 millones de solicitudes, según fuentes gubernamentales.
Desde el Ejecutivo, que previó en un principio que más de 500.000 personas se beneficiarían de este mecanismo, han explicado que el número de solicitudes está "todavía pendiente de filtrado", ya que "pueden existir duplicidades y factores que influyan provisionalmente en los datos iniciales".
