VALÈNCIA. Tino Calero (Vila-real, 1968) lleva cinco meses al frente de la delegación valenciana de UGT, aunque su vinculación con el sindicato se remonta a hace más de treinta años. En ese periodo destaca su papel como secretario general de UGT en Castellón durante trece años. Ahora, Calero aspira a continuar el legado de Ismael Saez al frente de UGT-PV pero haciendo frente a los nuevos desafíos que surgen en el mercado laboral derivados de la digitalización, la inteligencia artificial y el cambio climático.

-Lleva apenas cinco meses al frente de la secretaría general. Aunque es poco tiempo, ¿qué balance hace de este periodo?

-El balance es eminentemente positivo. No me he encontrado sorpresas porque ya llevaba nueve años en la Comisión Ejecutiva a nivel nacional, así que conocía bien la situación y los temas. El gran cambio ha sido el rol: pasar de secretario de Organización, un ámbito más interno, a ocupar la Secretaría General. Eso es importante. La valoración es positiva también por el equipo que conformamos en el último congreso, donde se mezclan juventud y veteranía, trayectorias diversas y muchas ganas de seguir trabajando. La línea es continuar lo desarrollado en la etapa de Ismael Sáez, afrontar nuevos proyectos y los retos que van surgiendo día a día.

-Ha participado ya en la mesa de diálogo social. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

-En junio tuvimos una reunión con el president de la Generalitat, pero no fue formalmente de diálogo social, sino para abordar el FLA extraordinario. Aprovechamos para plantear la necesidad de revitalizar el diálogo social, tanto en la mesa general como en las sectoriales. La última reunión había sido en febrero, antes de la DANA, que paralizó los trabajos. Entregamos un documento con propuestas para un pacto socioeconómico en la Comunitat Valenciana, que incluye reactivación económica, sectores productivos, reindustrialización... A día de hoy no hemos recibido respuesta del Consell. Esperamos que tras el verano se retome el diálogo.

-¿Cómo afectan a UGT-PV los recortes presupuestarios autonómicos en las partidas destinadas a los agentes sociales?

-No nos afectan de forma directa porque la financiación principal procede de las cuotas de afiliados. Pero sí repercuten en actividades que benefician al conjunto de los trabajadores, no solo a nuestros afiliados. Por ejemplo, subvenciones para prevención de riesgos laborales o para planes de igualdad. Estas partidas compensan el trabajo sindical que beneficia a todos. Lo que recibimos no son subvenciones en sentido estricto, sino una compensación. Pedimos el mismo trato que reciben los partidos políticos: financiación transparente, control y auditorías, porque nuestra labor también es de interés general, reconocida constitucionalmente.

-La política fiscal del Consell ha sido objeto de debate. ¿Qué posición mantienen desde UGT-PV?

-Estamos en contra de la política fiscal del actual gobierno valenciano. Consideramos que beneficia mayoritariamente a las rentas altas. No se puede reducir impuestos en un contexto de expansión económica y con un grave problema de infrafinanciación. Subir el mínimo exento del impuesto de patrimonio de 500.000 a un millón de euros, o incrementar la bonificación del impuesto de sucesiones, beneficia a quienes más tienen. Esto significa dejar de recaudar recursos necesarios para sanidad, educación o dependencia. Lo que necesitamos es aprovechar el ciclo económico expansivo para fortalecer los ingresos públicos, no desaprovecharlo.

-¿Cree que el Gobierno central está negando el FLA a la Generalitat por poner contra la cuerdas al Consell del PP?

-Lo desconozco, pero lo cierto es que necesitamos el FLA para compensar el déficit derivado de la infrafinanciación. El FLA es un parche, nos da vida en un momento puntual, pero incrementa la deuda. La solución pasa por un nuevo modelo de financiación que sitúe a la Comunitat Valenciana, como mínimo, en la media estatal y que incluya la compensación de la deuda y un fondo de nivelación que no compute como deuda. Además, exigimos que cualquier acuerdo se haga de forma multilateral y transparente.

-Venimos de un Consell socialista con un Gobierno central también socialista. Si no se consiguió entonces un nuevo modelo, ¿cómo se logrará ahora?

-El problema viene de lejos, el modelo caducó en 2014 y han pasado gobiernos de distinto signo. Lo importante es que exista una posición de país, de comunidad, al margen de quién gobierne en Madrid o en València. Hay que defender los intereses de los ciudadanos valencianos, no de una sigla política. El objetivo es un modelo de financiación justo, compensación de la deuda y un fondo de nivelación.

-¿Cómo afecta a los trabajadores valencianos a falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado?

-La ausencia de presupuestos genera incertidumbre política, aunque la recaudación aumenta por el ciclo económico expansivo. Lo ideal sería contar con nuevos presupuestos, que darían estabilidad y un horizonte claro de financiación. Las cuestiones que más afectan a los trabajadores, como normativa laboral o salario mínimo, se han ido resolviendo en paralelo, pero los presupuestos son necesarios para inversiones y para reforzar políticas sociales.

-Yolanda Díaz plantea una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2025. ¿La veis posible teniendo en cuenta el punto en el que se encuentra el diálogo social con la patronal?

-Nuestro objetivo es que el SMI alcance el 60% del salario medio. Hemos avanzado mucho. Cualquier subida es positiva porque incrementa la renta disponible de los trabajadores más vulnerables, lo que dinamiza la economía al destinarse a consumo. Si alguna empresa no puede soportar este incremento, es porque no era competitiva previamente. La competitividad no puede basarse en salarios bajos. Estamos en un momento de transformación tecnológica y climática que obliga a repensar el mercado de trabajo. La subida del SMI ha sido positiva y debe seguir avanzando.

-Algunos estudios señalan que el incremento del SMI desplaza empleo de pymes a grandes empresas. ¿Puede esto impulsar un cambio de modelo productivo?

-Puede ser. España es un país de microempresas, y siempre hemos defendido que nuestras empresas ganen tamaño. Es posible que algunas pequeñas empresas no hayan resistido, pero la actividad económica no se ha perdido. El mercado de trabajo está en plena transformación por la digitalización y el cambio climático. La economía de mercado implica que surgen y desaparecen empresas, y lo importante es que hoy tenemos 22 millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, el máximo histórico.

-Los últimos datos de la EPA muestran creación de empleo privado pero destrucción en el sector público, además de una brecha de género significativa. ¿Estamos retrocediendo en igualdad?

-Hemos avanzado, pero persisten problemas. Hay sectores muy feminizados y aún existe brecha salarial y de género. El empleo creado se concentra en el sector servicios, lo que condiciona. Necesitamos diversificar la economía, impulsar la industria, revisar el plan de reindustrialización y apostar por sectores que permitan más incorporación femenina y juvenil. No podemos perder talento.

-La falta de mano de obra se ha convertido en un problema en varios sectores. ¿A qué lo atribuye?

-Es multifactorial. La inmigración está siendo clave para cubrir puestos que no se cubren con trabajadores nacionales. Hay que mejorar la intermediación laboral y la formación continua. También influyen factores externos como el precio de la vivienda: si un trabajador no puede permitirse vivir cerca de su empleo, no cubrirá esa vacante. Además, en algunos sectores habrá que subir salarios para atraer mano de obra. La ley de la oferta y la demanda también debe aplicarse aquí.

-¿Qué medidas considera necesarias para paliar la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana?

-Tenemos un problema evidente. Hay que aplicar la Ley de Vivienda, declarar zonas tensionadas y regular los pisos turísticos. También limitar la compra masiva de viviendas por fondos y poner en el mercado más vivienda pública, de alquiler y en colaboración público-privada. Subir el módulo de VPO puede estimular la construcción, pero beneficia más a las constructoras que a las familias trabajadoras. Sin acceso a una vivienda digna y sin empleo estable, estamos fallando como sociedad. Es un problema de primer orden, junto al cambio climático.

-El INE indica que ha aumentado ligeramente el poder adquisitivo entre 2020 y 2024, pero la percepción ciudadana es distinta. ¿Cómo se explica?

-Porque no todas las familias tienen la misma cesta de la compra. Los datos agregados no reflejan la realidad de las clases trabajadoras, que han perdido poder adquisitivo. Por eso es fundamental seguir subiendo salarios en la negociación colectiva, trasladando parte de los beneficios empresariales a los trabajadores. También necesitamos una política fiscal progresiva y redistributiva que garantice que quien más tiene, más paga. Los beneficios empresariales crecen mientras las rentas del trabajo pierden peso.

-¿Debería el SMI estar siempre exento de IRPF?

-No necesariamente siempre. Dependerá del nivel del SMI y de la coyuntura. Lo que debe revisarse es el mínimo exento de forma anual, teniendo en cuenta la situación familiar de cada trabajador. En este caso concreto la exención ha sido adecuada, pero es una cuestión de política fiscal que hay que analizar año a año.

-¿Ve factible aplicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a todos los sectores por igual?

-Es una medida positiva, aunque difícil de aprobar ahora mismo por falta de mayoría parlamentaria. Pero estamos convencidos de que tendrá efectos beneficiosos para los trabajadores y para la economía, igual que ocurrió con la subida del SMI. La digitalización y las nuevas tecnologías lo permiten. La aplicación debe ser paulatina y sectorial, teniendo en cuenta las particularidades, pero el objetivo es trabajar menos y mejor.

-¿Cree que la reconstrucción tras la Dana avanza al ritmo necesario?

-Las obras avanzan, tanto las del Gobierno central como las del autonómico, pero siempre llegan tarde para las víctimas. Hay preocupación porque se acerca el aniversario y volvemos al periodo de riesgo. Es fundamental garantizar sistemas de alerta eficaces, avanzar en infraestructuras que reduzcan el impacto y, sobre todo, que las administraciones trasladen una imagen de unidad y coordinación. Una comisión mixta con agentes sociales habría sido positiva para generar confianza. La ciudadanía necesita seguridad y certezas de que estamos preparados ante futuros episodios.