VALÈNCIA. Homologar un título universitario extranjero en España lleva años siendo una carrera de fondo. Al trámite burocrático inicial se le suma un periodo de espera incierto con miles de expedientes que acumulan más de tres años pendientes de resolución, pese a que el plazo máximo fijado por la norma vigente es de seis meses. Mientras esperan el veredicto del Ministerio de Universidades, estas personas, con titulaciones relacionadas principalmente con el sector sanitario (Medicina, Enfermería y Psicología), se enfrentan a realidades diversas, aunque en su mayoría dicen pasar por situaciones delicadas a nivel económico y emocional. 

Así lo constata también un estudio sobre el reconocimiento de títulos extranjeros en la provincia de Valencia elaborado por la ONG Aesco en el marco de un proyecto sobre igualdad de trato y reconocimiento profesional subvencionado por la Generalitat Valenciana. El informe parte de 400 entrevistas realizadas entre febrero y julio del pasado ejercicio a personas residentes en la provincia de Valencia y concluye que el trámite de homologación de títulos impacta "de forma acumulativa y severa en la salud emocional, la estabilidad económica y la trayectoria profesional de las personas afectadas".

El estudio refleja que apenas un 12,9% de las personas encuestadas había recibido respuesta a la solicitud del reconocimiento de su título extranjero en el momento de la entrevista. Además, el 70% de estas personas buscaban la homologación de un título de Bachillerato, por lo que el porcentaje se reduce drásticamente en el caso de la formación universitaria. 

Mientras dura este trámite, la mayoría no puede ejercer su profesión. Con ello, apenas un 14% asegura tener un trabajo en España vinculado a sus estudios, mientras que más de la mitad señalan que carecen de un empleo estable. Una situación que golpea la economía de las familias afectadas: siete de cada diez personas encuestadas considera que la espera en este proceso ha afectado negativamente su situación económica. "Refleja de forma clara la estrecha vinculación entre el reconocimiento de títulos y el acceso al mercado laboral en condiciones adecuadas", señala el estudio.

El documento, además, insiste en que la inactividad o subocupación profesional de las personas homologantes se traduce en una pérdida de ingresos, dificultades para sostener el nivel de vida y una mayor precariedad económica entre los colectivos afectados, acentuando su vulnerabilidad social. 

Siete de cada diez encuestados asegura sufrir estrés o ansiedad

Al impacto económico se suma, en numerosas ocasiones, el emocional. El 68,8% de las personas encuestadas aseguran que el proceso de reconocimiento de la titulación ha afectado a su bienestar emocional o mental. Entre las afecciones destacan especialmente el estrés y la ansiedad, subrayados por aproximadamente siete de cada diez personas. También afloran otras problemáticas como el miedo al futuro, la depresión, el insomnio, la baja autoestima o el aumento de conflictos familiares.

Los autores de este estudio consideran que los datos ponen de manifiesto "la carga psicológica asociada a la incertidumbre, frustración y desvalorización profesional percibida durante el proceso". Además, inciden en las "profundas consecuencias sobre la salud mental de las personas migrantes" que tiene el trámite de espera a una homologación "al limitar sus oportunidades de desarrollo personal y profesional en el país de acogida". 

Por todo ello, el estudio apunta que el "problema" del reconocimiento de títulos administrativos no debe reducirse a una cuestión técnica, sino que debe abordarse como un asunto "estratégico" para el conjunto del país al estar en juego la capacidad de ejercer su profesión por parte de migrantes cualificados en un contexto de déficit de profesionales en sectores como el sanitario. "El aprovechamiento del talento migrante cualificado no solo constituye un imperativo ético y social, sino también una prioridad nacional indiscutible para el desarrollo sostenible del país", sentencia el documento.

Siete recomendaciones para mejorar el proceso de homologación

En base al estudio realizado, el informe plantea una batería de siete recomendaciones "orientadas a promover un modelo más ágil, transparente y equitativo". La primera medida apunta a una reforma estructural del sistema que garantice que los tiempos de resolución se cumplan de manera "concreta y verificable". Por otro lado, el estudio propone estandarizar y publicar los criterios de evaluación utilizados por las autoridades competentes, de modo que las personas solicitantes comprendan claramente cómo y por qué se toman las decisiones.

También se plantea mejorar la coordinación entre organismos como el Ministerio de Universidades y la ANECA, mediante sistemas digitalizados e interoperables que reduzcan duplicidades y agilicen los trámites. El informe subraya, además, la necesidad de crear unidades institucionales que ofrezcan orientación especializada durante el trámite.

En el plano técnico, se propone incorporar de forma sistemática el reconocimiento de competencias adquiridas por vías no formales y de la experiencia laboral, especialmente en sectores con escasez de profesionales. Para ello, se plantean mecanismos de evaluación más flexibles, alineados con los estándares europeos, que permitan valorar de forma integral las capacidades reales y evitar la sobrecualificación forzada.

El informe también aboga por reducir las tasas administrativas, al considerarlas actualmente como "una barrera" para muchas personas migrantes. Asimismo, plantea flexibilizar la exigencia documental, especialmente cuando obtener originales resulte "inviable". También insiste en que se incremente el número de profesionales encargados de evaluar los expedientes y garantizar su formación continua para mejorar la calidad técnica de las decisiones en los procesos de reconocimiento.