VALÈNCIA (EP). Expertos del ámbito urbanístico, legal o inmobiliario han expuesto los puntos positivos y negativos de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, que se tramitará en las próximas semanas por la vía de urgencia en Les Corts, y han coincidido en defender que esta norma contribuya a la construcción de vivienda pública ante la crisis actual a nivel estatal.
Así lo han trasladado en la comisión de Territorio de Les Corts, dentro de la fase de participación ciudadana antes de la presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios. La Ley del Suelo, aprobada por el Consell el pasado 25 de septiembre, establece que los nuevos instrumentos públicos reserven al menos el 50% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida y crea un planeamiento urbanístico simplificado para municipios de menos de mil habitantes.
José Vicente Sánchez, profesor de Urbanismo de la Universitat de València (UV), ha señalado que la ley supone “un paso contundente de flexibilización y de uso del suelo”, pero ha advertido que “puede generar distintas controversias” por incluir “menos participación y evaluación”.
“Es un yo me lo guiso, yo me lo como”, ha ilustrado, y ha pedido tener “mucho cuidado” porque “se pueden agilizar los trámites, pero no a costa de perder garantías”. Y ha subrayado: “El suelo no urbanizable no es una hoja en blanco, hay condicionantes”.
En materia de vivienda, el profesor de la UV ha advertido que la norma “deja demasiado en manos de los promotores la capacidad de construir” y ha pedido medidas regulatorias para “frenar un problema que es mucho más complejo de lo que pretende resolver esta ley con un plan de acción territorial de carácter sectorial”.
No repetir errores de la Dana
“La vivienda se tiene que trabajar de forma integrada en todo el territorio, teniendo en cuenta cuestiones de riesgo, movilidad, accesibilidad, transporte y, por tanto, disponibilidad del planeamiento urbanístico (...) No podemos repetir errores en relación a las lecciones que nos dio la Dana”, ha expuesto en alusión a la catástrofe del 29 de 2024 que provocó 233 fallecidos.
En el caso del área metropolitana de València, ha indicado que hay sectorizadas “más de 180.000 viviendas pendientes de ejecutar en los próximos 20 años”: “Por tanto, no es un problema de falta de suelo, es que ese suelo esté orientado a que se haga vivienda de carácter protegido o accesible, o al menos una parte de ella”.
Además, ha puesto el foco sobre que muchas de las viviendas pendientes en el área de València están en colisión con zonas en riesgo de inundación. Y en general, ha instado a “romper la dinámica de los últimos años”, tanto a nivel autonómico como estatal, para que la vivienda protegida llegue de verdad a la gente que lo necesita.
La también profesora de Urbanismo Salma Santos, de la Politècnica de València (UPV), ha admitido que la ley dota de agilidad a los procedimientos, algo que comparte, pero ha alertado que “se puede ver comprometida la seguridad” y generar “problemas jurídicos” a pequeños ayuntamientos.
Sobre los proyectos de interés autonómico, ha abogado por realizar actuaciones complementarias medioambientales para “asegurar que ese instrumento no acabe convirtiéndose en una perversión de la propia norma o una puerta de atrás a una reclasificación permanente”.
Arquitectos lamentan la parálisis burocrática
Por su parte, el arquitecto urbanista Alejandro Escribano se ha mostrado a favor de la ley al considerar que “es la que hace falta en este momento” y que puede resolver los “dos problemas graves” del urbanismo valenciano. El primero, ha apuntado, es un sistema de planeamiento “muy ineficiente” que hace que los planes generales tarden “15 años” en aprobarse.
El segundo problema, a su parecer, es la gestión del suelo, puesto que cree que “esta ley tiene las herramientas necesarias para hacer grandes operaciones de viviendas”. “Sin eso, el problema de la vivienda no tiene solución”, ha sostenido.
A partir de ahí, el arquitecto ha opinado que la ley requiere de algunos ajustes “de menor escala”, pero ha hecho hincapié en que “es un paso enorme respecto de la legislación que tenemos, que es paralizante”. “Eso es lo peor que le puede pasar a una comunidad: que su urbanismo no funcione, porque entonces funciona mal todo”, ha argumentado.
Cuestionado por las críticas que ha recibido la ley, sobre que podría abrir la puerta a la especulación o fomentar usos turísticos, ha afirmado que “no cambia nada sustancial”, sino que permite que los ayuntamientos “tengan herramientas muy potentes para ordenar su suelo, de manera que pueden regular no solamente las viviendas turísticas, sino también la necesidad de suelo para nuevas viviendas”.
“Sin construir muchas nuevas viviendas, no va a haber solución al problema de vivienda, es tan simple como eso –ha incidido–. Si no se dota a los ayuntamientos de herramientas ágiles, no habrá solución al problema de vivienda. Esa es la cuestión clave para la gran crisis que tenemos".
El también arquitecto Víctor García Gil ha valorado positivamente la ley por intentar combatir la “parálisis burocrática” o por introducir cambios en los planes generales. Ahora bien, ha exigido un compromiso político firme para que tenga un cumplimiento real.
Abogados defienden la ley, aunque no la ven "revolucionaria"
Rafael Ballester, abogado urbanista, ha coincidido en que esta ley es “necesaria” porque el marco legislativo ha sufrido “16 o 17 modificaciones” en los últimos 12 años y la normativa actual tiene “muchas costuras que ya se han descosido”.
En su opinión, el proyecto puede dar una respuesta al problema de la vivienda porque “permite generar incentivos para reforzar la oferta y aumentar el parque público”. Después ha indicado que la Generalitat, “con la ley en la mano”, debe utilizar esas herramientas para ponerlas a disposición del mercado de vivienda y, como es un proceso lento, “cuanto antes empecemos, antes terminamos”.
Preguntado por si esta ley elimina controles, el abogado ha recalcado que la evaluación ambiental depende del Estado y que las reclasificaciones de suelo solo se podrían hacer “puntualmente” dentro de los planes especiales de vivienda pública, “una herramienta que se pone al servicio exclusivo de la producción de vivienda pública en cualquier tipo de suelo que no esté protegido”.
El también abogado Juan Enrique Serrano ha asegurado que “esta ley es lo mejor que hay” porque, aunque ha admitido que “no es revolucionaria” como otras como la de la Comunidad de Madrid “ni especialmente ilusionante”, es “sólida, pacífica”, está “muy bien hecha” y debe servir para que "el funcionamiento del urbanismo y la relación de territorio y actividades particulares mejore”. ?
Considera que la norma, “si se cumple”, ayudará a fomentar la construcción de vivienda, aunque “no es el único instrumento” necesario para resolver este problema.
Promotores piden reducir los plazos
Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros ha destacado que la ley introduce “mejoras importantes” para “un urbanismo más sencillo, ejecutable y que permita construir más vivienda”.
Como posibles mejoras, ha abogado por reducir el plazo para resolver licencias de tres a dos meses y declaración responsable salvo en casos de obras de nueva planta o edificios catalogados.
Todo ello, ha subrayado, para agilizar las licencias de obra en la situación actual en la que “hay una necesidad imperiosa de vivienda”. Por último, ha instado a la Conselleria a publicar unos criterios generales y vinculantes sobre las “cuestiones conflictivas” para que tanto los ayuntamientos como los técnicos “sepan a qué atenerse”.
