VALÈNCIA (EP). La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido archivar las diligencias de investigación abiertas sobre la anulación por parte del Consell de sanciones impuestas a diversas empresas tras la trágica Dana del 29 de octubre de 2024.
Según ha adelantado Las Provincias y han confirmado fuentes conocedoras a Europa Press, el ministerio público, tras estudiar la información y documentación recabada, ha resuelto archivar las diligencias.
Entre otras actuaciones, la Fiscalía había requerido a la Secretaría de Estado de Trabajo los expedientes de las sanciones que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia impuso a empresas por los accidentes laborales que se produjeron de facto o por los riesgos graves ocurridos durante la barrancada dentro de las diligencias preprocesales abiertas para investigar la anulación por parte de la Generalitat Valenciana de varias de esas multas.
El ministerio público abrió dichas diligencias a resultas de una denuncia de la Inspección de Trabajo por esa anulación. Según pudo saber Europa Press, se trataba de los expedientes de Inspección de Trabajo que ya se entregaron al denunciar los hechos y que afectaban a las empresas UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.
El Ministerio de Trabajo instó el pasado mes de marzo a la Fiscalía a investigar la anulación por parte de la Generalitat Valenciana de una serie de sanciones impuestas por la Inspección durante la Dana en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para comprobar si hubo un delito de prevaricación administrativa.
En los expedientes de la Inspección se constataba la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores, lo que provocó, según Trabajo, que estos se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, se materializó en la muerte de un trabajador.
No obstante, según el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, estos expedientes fueron anulados por la autoridad laboral valenciana "de forma totalmente injustificada", evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores.
Por consiguiente, Trabajo llevó a Fiscalía los procedimientos sancionadores anulados por la Generalitat Valenciana al considerar que la decisión de anulación fue "arbitraria y eventualmente delictiva" y ahora el ministerio público ha cerrado las diligencias.
