VALÈNCIA (EP). Fiscalía ha requerido a la Secretaría de Estado de Trabajo los expedientes de las sanciones que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia impuso a empresas por los accidentes laborales que se produjeron de facto o por los riesgos graves ocurridos durante la dana del 29 de octubre de 2024 dentro de las diligencias preprocesales abiertas para investigar la anulación por parte de la Generalitat Valenciana de varias de esas multas, según ha podido saber Europa Press.
El ministerio público tiene abiertas estas diligencias, en las que ha designado fiscal para la investigación, a resultas de una denuncia de la Inspección de Trabajo por esa anulación y, en este momento está a la espera de recibir la documentación que se ha recabado, según han confirmado a Europa Press fuentes de Fiscalía.
Según ha podido saber Europa Press, se trata de los expedientes de Inspección de Trabajo que ya se entregaron al denunciar los hechos y que afectan a las empresas UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL.
De acuerdo con la información avanzada por elDiario.es, el decreto de la Fiscalía de incoación de diligencias apunta a indicios de un posible delito del artículo 404 del Código Penal --que recoge la prevaricación administrativa-- en el director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Social --dependiente en ese momento de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo--.
Fuentes del departamento de Empleo de la Generalitat valenciana han señalado a Europa Press que estas diligencias fueron abiertas por la Fiscalía el pasado 30 de marzo y "desde el primer momento", el Consell ha colaborado "plenamente" con la Fiscalía y facilitado la documentación solicitada, unos documentos que remitieron el pasado mes de mayo.
Al respecto, señalan que se trata de unas diligencias de investigación destinadas "a esclarecer determinados hechos y determinar si tienen relevancia penal" y no de una conclusión sobre la existencia de delito.
En cuanto al fondo de los expedientes, indican que la Dirección General competente, "en su condición de autoridad laboral, ejerce las funciones que le atribuye la legislación para resolver los procedimientos sancionadores derivados de las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social", que contienen propuestas de sanción que deben ser objeto del correspondiente procedimiento administrativo y de valoración jurídica antes de que la autoridad laboral dicte resolución.
Análisis individual
En los expedientes relacionados con la dana, defienden que las propuestas de la Inspección fueron analizadas individualmente "atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso" y que, como resultado de ese análisis, la Generalitat "confirmó seis de las sanciones propuestas y dejó sin efecto aquellas en las que consideró que no concurrían los presupuestos jurídicos necesarios para sancionar".
Las resoluciones se adoptaron "tras la tramitación del procedimiento legalmente establecido, sobre la base de los informes y elementos obrantes en cada expediente y mediante resoluciones motivadas", sostienen al tiempo que recalcan el contexto "absolutamente excepcional" en el que se produjeron los hechos.
En esta línea sostienen que la legislación estatal aprobada específicamente como consecuencia de las riadas "reconoció expresamente determinadas situaciones derivadas directa o indirectamente de aquella emergencia como supuestos de fuerza mayor" y que la incidencia concreta de esas circunstancias sobre cada procedimiento sancionador "debe valorarse individualmente conforme a la normativa aplicable".
En todo caso, subrayan que las resoluciones administrativas adoptadas "están sujetas, como cualquier acto de la administración, a los mecanismos ordinarios de recurso y al control de los tribunales".
Compromís pide "aclaraciones"
La diputada de Compromís en Les Corts Mónica Àlvaro ha señalado en un comunicado que la coalición esperaba que la Fiscalía investigara los hechos y cree que el director general de Trabajo en la fecha de la dana "tendrá que dar explicaciones de por qué exoneraba a empresas que habían sido requeridas por la Inspección por poner en riesgo la vida de las personas trabajadoras".
Àlvaro ha subrayado que Compromís ha pedido esta documentación al Consell "en varias ocasiones" y ha exigido que aclare "públicamente" los expedientes "de aquellas empresas que se saltaron la normativa de riesgos laborales".
La diputada también ha apuntado directamente al entonces conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, quien considera que "tendrá que esclarecer su complicidad respecto a estas anulaciones" y cree que "también tendrá que responder por la muerte de trabajadores durante la dana, puesto que siguiendo sus órdenes, en domingo, murió un operario al derrumbarse un colegio en un pueblo afectado por la dana".
Denuncia en marzo
El Ministerio de Trabajo instó el pasado mes de marzo a la Fiscalía a investigar la anulación por parte de la Generalitat Valenciana de una serie de sanciones impuestas por la Inspección durante la dana en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para comprobar si hubo un delito de prevaricación administrativa.
En los expedientes de la Inspección se constataba la falta de adopción, por parte de las empresas, de las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus trabajadores, lo que provocó, según Trabajo, que estos se viesen sometidos a situaciones de riesgo grave que, en uno de los casos, se materializó en la muerte de un trabajador.
No obstante, según el Ministerio que dirige Yolanda Díaz, estos expedientes fueron anulados por la autoridad laboral valenciana "de forma totalmente injustificada", evitando de forma consciente, la sanción a las empresas por los graves hechos puestos de manifiesto por los inspectores. Trabajo llevó a Fiscalía los procedimientos sancionadores anulados por la Generalitat Valenciana al considerar que la decisión de anulación fue "arbitraria y eventualmente delictiva".
