VALÈNCIA (EP). La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha archivado una denuncia presentada por el PSPV contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por presunto trato de favor a Ribera Salud en, entre otras cuestiones, la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó, según ha avanzado Las Provincias y confirmado el ministerio público.
En este caso, la Fiscalía Superior, competente por razón de aforamiento del denunciado, ha archivado las diligencias de investigación penal seguidas a raíz de la denuncia del PSPV contra Gómez "sin perjuicio de su posible reconducción por vía judicial", señala la Fiscalía.
Según publicó en su día elDiario.es, el PSPV denunció ante el fiscal a Marciano Gómez por siete delitos: negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios y prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión de los deberes de supervisión por parte de la Generalitat Valenciana.
La denuncia afectaba tanto al consellera como a la directora financiera de Ribera Salud, familiar suyo, y a su hermano, gerente de Clínica Benidorm.
De acuerdo con la información publicada, la denuncia apuntaba a un presunto trato de favor hacia Ribera Salud por la aprobación de la prórroga de cinco años para la gestión del hospital del Vinalopó y de las liquidaciones "en condiciones económicas ventajosas" que permitieron la compra de Clínica Benidorm.
A su vez, Gómez anunció una querella contra la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, tras haberle acusado de "lucrarse con la privatización de la sanidad pública". El conseller confirmó que seguiría adelante con esta acción tras no no presentarse la dirigente socialista ni su representación legal al acto de conciliación previo fijado para el 2 de abril.
Por su parte, este fin de semana, el PSPV, a través de la portavoz de Sanidad en Les Corts Valencianes, Yaissel Sánchez, anunció la presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de un recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales tras la "negativa" de Gómez "a informar al Parlamento autonómico de los pagos realizados a cada una de las empresas de la sanidad privada a las que ha derivado operaciones, pruebas diagnósticas y lectura de informes en los ejercicios de 2024 y 2025".
