VALÈNCIA (EP). La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat ha convocado por 398.000 euros las subvenciones destinadas a mejorar las condiciones de accesibilidad al entorno físico y de la comunicación.

La resolución completa, con los detalles de la convocatoria, las bases reguladoras y los anexos puede consultarse en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Estas subvenciones están orientadas a las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro que sean titulares o tengan derecho de uso sobre inmuebles o espacios públicos ubicados en la Comunitat Valenciana.

Se enmarcan en el compromiso institucional de promover la autonomía personal y la plena participación de todas las personas, en especial de aquellas con discapacidad física, sensorial o cognitiva, garantizando entornos comprensibles, seguros y accesibles que permitan a todas las personas disfrutar de una vida más autónoma y participativa, ha destacado la Generalitat.

Estas ayudas tienen como objetivo principal fomentar la inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad, así como garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a entornos y servicios públicos, en el marco de la Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de Accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana, y de la Ley 6/2022, que modifica la normativa estatal en materia de derechos de las personas con discapacidad.

En ellas se establecen dos líneas de actuación: la primera, destinada a la adquisición de equipamiento para la eliminación de barreras en espacios públicos, con una subvención máxima de 50.000 euros por proyecto.

Por su parte, la segunda se orienta específicamente a la promoción de la accesibilidad cognitiva y de la comunicación, con un tope de 30.000 euros. En este ámbito se incluyen actuaciones como la instalación de bucles magnéticos, sistemas de alerta accesibles, señalización en braille, QR o encaminamiento podotáctil.

Quedan excluidas las actuaciones en edificios de administraciones estatales o autonómicas, centros sanitarios, centros educativos de enseñanza reglada y vías públicas, salvo que se trate de mejoras en señalización cognitiva o sensorial.

Entre los criterios de valoración se tendrán en cuenta el interés social del proyecto, la incidencia demográfica, la existencia de planes municipales de accesibilidad y la promoción del empleo para personas con discapacidad.