VALÈNCIA (EP). La Generalitat ha remitido a la Agencia Estatal de Transformación Digital un informe en el que advierte de las deficiencias detectadas en el servicio de soporte del Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores (CAID), responsable de gestionar las incidencias y autorizaciones necesarias para acceder a los servicios de la Plataforma de Intermediación de Datos.
El ejecutivo autonómico considera que esta situación trasciende el ámbito estrictamente tecnológico y afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al dificultar la utilización de una infraestructura esencial para la tramitación administrativa y para el ejercicio efectivo del derecho de la ciudadanía a no aportar documentos que ya obran en poder de las administraciones públicas, reconocido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
La Plataforma de Intermediación de Datos permite que las administraciones consulten directamente información como la identidad, el empadronamiento, la situación tributaria o con la Seguridad Social, los títulos académicos, la condición de familia numerosa, la discapacidad o los datos catastrales. Gracias a estos servicios, ciudadanos y empresas no tienen que presentar certificados que ya obran en poder de otra administración, reduciendo cargas administrativas y agilizando la tramitación de procedimientos. Solo la Generalitat realiza más de 38 millones de consultas interoperables al año mediante estos servicios, que constituyen uno de los pilares sobre los que se apoya la administración digital.
En este contexto, el informe remitido al Estado señala que desde hace meses se vienen produciendo "demoras significativas" en la resolución de incidencias, especialmente en la tramitación de autorizaciones necesarias para acceder a determinados servicios de verificación de datos.
"Estas demoras están dificultando la implantación de nuevos procedimientos administrativos y afectan también a la tramitación de procedimientos ya existentes cuya regulación prevé expresamente que la administración obtenga la información necesaria mediante consulta interoperable", explica el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega.
Afecta a becas, ayudas y licencias
Entre los procedimientos afectados figuran becas universitarias, ayudas a comunidades de regantes, subvenciones de innovación educativa, ayudas al deporte, licencias de pesca, procedimientos agrarios, ayudas sanitarias o expedientes de entidades locales de la Comunitat Valenciana.
"Cuando un procedimiento ha sido diseñado para que el ciudadano no tenga que aportar determinada documentación, la falta de acceso a los servicios de interoperabilidad sitúa a la administración en una posición especialmente compleja: necesita verificar el cumplimiento de los requisitos para resolver el expediente, pero tampoco resulta coherente trasladar nuevamente al ciudadano la obligación de aportar una documentación que la propia normativa ha eliminado", añade el director general.
Además del impacto sobre la tramitación administrativa, el informe incorpora una estimación orientativa del coste que tendría sustituir las consultas interoperables por actuaciones manuales. Según sus cifras, solo en la Comunitat Valenciana, esta situación supondría dedicar más de 6,3 millones de horas de trabajo administrativo, con un coste interno estimado cercano a los 140 millones de euros anuales, además del incremento de cargas para ciudadanos y empresas.
La Generalitat advierte que una degradación prolongada de estos servicios compromete la seguridad jurídica de los procedimientos, ralentiza la implantación de nuevas políticas públicas y deteriora la confianza en los servicios públicos digitales.
Ante esta situación, las direcciones generales de Simplificación y de Tecnologías de la Información solicitan a la Agencia Estatal de Transformación Digital la adopción urgente de medidas para reforzar la capacidad operativa del servicio de soporte, agilizar la tramitación de autorizaciones, establecer compromisos claros de nivel de servicio y mejorar la coordinación entre los equipos responsables de la Plataforma de Intermediación de Datos y las administraciones usuarias. Y trasladan su "plena disposición" a colaborar con el organismo estatal para identificar e implantar las mejoras necesarias.
