VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha mostrado su apoyo a la propuesta planteada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de crear 37 nuevas unidades judiciales en la Comunitat Valenciana, 18 de ellas consideradas prioritarias.

Así lo ha manifestado, un día después de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya aprobado una propuesta de necesidades de incremento de la planta judicial en la que cifra en 509 nuevas unidades judiciales, que se consideran "imprescindibles" para agilizar la actividad de juzgados y tribunales, solicitando igualmente adecuar la planta a la litigiosidad existente.

De las 509 nuevas unidades consideradas imprescindibles, 40 deben ser plazas de jueces de adscripción territorial y que la creación de 195 de ellas tiene carácter prioritario. Entre estas últimas, destacan la solicitud de 34 plazas para Cataluña, 31 de Andalucía, 29 en la Comunidad de Madrid, 18 en la Comunitat Valenciana, 12 en Canarias y 10 en Castilla-La Mancha.

Según han señalado desde la Generalitat en un comunicado, esta propuesta incluye reivindicaciones ya planteadas por la Conselleria al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, y que se incluirán también en una nueva solicitud al ministro.

Nuria Martínez ha incidido en que la Comunitat Valenciana está "infradotada de jueces, una situación que no podemos permitir que se perpetúe, porque los valencianos no merecen una justicia sobrecargada, que muchas veces se traduce en una justicia lenta".

Por eso mismo, ha avanzado que la Generalitat irá "de la mano" del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para reivindicar al Ministerio de Justicia "las plazas de jueces necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la Justicia en nuestro territorio".

"Maniiobra desesperada" y "parche" del Gobierno

En este sentido, ha vuelto a mostrar su preocupación por el impacto en la Comunitat Valenciana de la implementación de la nueva Ley Orgánica 1/25 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma a su juicio "deficiente" que llega "sin recursos ni coordinación" por parte del Ministerio y que, en secciones como las de violencia contra la mujer, supondrá "una carga de trabajo considerable".

"El Gobierno central, en una maniobra desesperada, ha puesto un parche para intentar mitigar el problema que se viene con la aplicación de la nueva ley en las secciones de violencia sobre la mujer y, en el caso de Castellón, convierte un juzgado de instrucción en uno de violencia sobre la mujer", ha considerado.

A su juicio, esta situación resulta "inadmisible" y se debe crear una nueva plaza de juez "para no perder la que se tenía en Castellón de instrucción, no reconvertirla y mermar de recursos a este partido judicial". "Los ciudadanos no lo merecen y este Consell no lo va a consentir", ha garantizado.

Sobrecargas de trabajo

Por otro lado, Martínez se ha referido a las cifras de informes del CGPJ y el TSJCV que recogen "sobrecargas de trabajo superiores al 200%, que incluso en algunos casos alcanzan el 300%". "Estos datos avalan nuestra reivindicación: necesitamos más jueces y más recursos económicos para descongestionar la justicia valenciana y más en un momento como el actual, en el que, habida cuenta de la catástrofe vivida, se espera una dana judicial", ha sostenido.

Según ha expuesto la consellera de Justicia, resulta "prioritario aligerar la carga de trabajo en los juzgados para garantizar una tutela efectiva de los derechos de la ciudadanía".

Martínez ha asegurado que asume "como propia" la petición del CGPJ y suma esta a la que ya realizó al ministro de Justicia en junio, en la que reclamaba los "medios precisos" para garantizar la "correcta" prestación del servicio público de Justicia y poder contar con una Administración de Justicia "adecuada a la realidad y necesidades de los valencianos".

"Se trata de una propuesta que ofrece una solución equilibrada, sostenible y ajustada a los parámetros de racionalidad organizativa, además de permitir cubrir las nuevas funciones de dirección de servicios comunes en los tribunales de instancia, fortalecer las estructuras de tramitación y garantizar la continuidad del servicio público de Justicia", ha señalado.