VALÈNCIA (EP). El Gobierno y la Generalitat Valenciana han iniciado negociaciones para solucionar las "discrepancias" manifestadas con varios artículos de la Ley 3/2026 de medidas urgentes frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, el conocido como 'plan Simplifica 2'.
Así lo recoge una resolución que publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la citada norma.
Este decreto ley, que finalmente se tramitó en Les Corts como proyecto de ley por unanimidad de todos los grupos y que supone la segunda fase del plan de simplificación administrativa de la Generalitat, elimina o modifica 96 normas y establece el compromiso de que cada nueva regulación lleve aparejada la supresión de redundancias normativas.
Según explicó en su día el Consell, tiene el objeto "responder a la necesidad de combatir la excesiva burocracia y modernizar el funcionamiento administrativo". Sumando las medidas del primer decreto ley de simplificación administrativa, supondría la modificación o eliminación de 149 normas en total.
La disposición se estructura en 111 artículos distribuidos en nueve títulos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales. Con este decreto ley se van a modificar o eliminar 96 normas, entre ellas, 38 leyes y 43 decretos; 750 artículos que, en conjunto con los modificados en la ley de simplificación anterior, suman más de 1.300 artículos modificados o eliminados con el objetivo de "modernizar, agilizar y simplificar" la Administración Pública.
Ahora, Gobierno y Generalitat Valenciana han iniciado las negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 26, 28, 29, 55, 58, 101 y la disposición transitoria tercera de la citada norma y han acordado designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación "la solución que proceda".
La resolución publicada este miércoles en el BOE, de fecha 17 de julio, la suscriben el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.
Por otro lado, el BOE publica también otro acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con el Decreto-ley 14/2025, de 26 de diciembre, del Consell, por el que ambas administraciones entienden procedente remitir las cuestiones suscitadas a las negociaciones que puedan producirse respecto de dicha ley, "teniendo en cuenta la coincidencia material de los contenidos de los preceptos en cuanto a las controversias suscitadas" por la disposición derogatoria única 1.c) de la Ley 3/2026, de 29 de junio, de la Generalitat.
