VALÈNCIA (EP). La Inspección de Trabajo ha emitido una propuesta de requerimiento a la Conselleria de Sanidad a "proporcionar al personal que realiza asistencia domiciliaria los medios materiales adecuados para el desempeño de dicha actividad, garantizando así que tanto dichos desplazamientos como el transporte de los equipos garantice en todo momento su seguridad y salud".
Según ha informado el sindicato SATSE en un comunicado, la Inspección ha formulado este requerimiento tras las denuncias presentadas porque la Conselleria de Sanidad "obligaba a las enfermeras a utilizar sus vehículos particulares para realizar avisos domiciliarios, tanto urgentes como programados, durante el horario de apertura de los centros de salud y consultorios auxiliares de toda la Comunitat Valenciana".
SATSE señala que esta situación "se prolonga desde hace décadas" ya que el personal "debe desplazarse a domicilios alejados de los centros sanitarios en coches, motos, bicicletas e incluso patinetes eléctricos propios, bajo la amenaza de exponerse a un expediente disciplinario si no realiza la asistencia".
El sindicato ha recalcado que, para trabajar en centros de salud y consultorios auxiliares de la Comunidad Valenciana, "se exige el título de enfermera, pero no el carné de conducir ni disponer de un vehículo para ponerlo al servicio de la Conselleria" y ha señalado que, en los avisos ordinarios, "se transportan medicamentos peligrosos, muestras de sangre, heces y orina, y material de curas usado".
"Un derrame puede contaminar el vehículo, cuya limpieza recae sobre el propio personal, con el consiguiente riesgo para las enfermeras y sus familiares o allegados. En las urgencias, además, se trasladan bolsas con medicación que superan los 13 kilos y bombonas de oxígeno con riesgo de explosión", enumera el sindicato.
SATSE denunciaba que el obligar a los profesionales a poner sus vehículos particulares a disposición de la Conselleria de Sanidad, "vulnera tanto la normativa sanitaria estatal, la laboral, la de prevención de riesgos laborales y la normativa de tráfico, además de vulnerar el derecho a la protección de la propiedad privada".
En esta línea, añade que la Ley General de Sanidad exige dotar a los centros "de los medios materiales necesarios"; la normativa de prevención de riesgos laborales indica "claramente" la utilización de equipos de trabajo y protección frente a agentes biológicos y obliga a evaluar y prevenir los riesgos, además de proporcionar vehículos homologados y adaptados, formar y autorizar al personal, garantizar una vigilancia específica de la salud y asumir la limpieza y el mantenimiento.
Asimismo, el Reglamento General de Vehículos reserva la asistencia sanitaria a vehículos "registrados y acondicionados para ese servicio", mientras que la Constitución y el Código Civil "protegen la propiedad privada y limitan su puesta a disposición de la Administración a situaciones de catástrofe o emergencia".
Las evaluaciones de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales reconocen "explícitamente" el uso de vehículos particulares y califican el riesgo entre "moderado e importante". Sin embargo, "no se adoptan medidas preventivas y la responsabilidad de la limpieza, el mantenimiento, la ITV y los seguros continúa recayendo sobre los profesionales, quienes se ven obligados a usar sus vehículos particulares para prestar un servicio a la ciudadanía", denuncia SATSE.
Arrendamiento de 475 vehículos
Fuentes de la Conselleria de Sanidad han señalado, ante esta denuncia, que este departamento trabaja en la preparación de un contrato para el arrendamiento de un total de 475 vehículos dedicados a la prestación de la actividad sanitaria en la Comunitat Valenciana. El contrato prevé tener un presupuesto base de licitación de 19,2 millones de euros (IVA incluido) y saldrá "próximamente" a licitación.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el 11 de septiembre una resolución por la que la Conselleria de Hacienda delega en el titular de la Conselleria de Sanidad la competencia para formalizar el acuerdo marco que permitirá el suministro de estos vehículos en régimen de alquiler sin opción a compra.
Según la resolución, los vehículos estarán destinados "a los servicios asistenciales desarrollados por los profesionales sanitarios en el ámbito de la atención primaria, los puntos de atención continuada y las unidades de hospitalización domiciliaria".
Estudio
Desde el Sindicato de Enfermería subrayan que están terminando de elaborar un estudio sobre las necesidades de vehículos para los centros de salud y consultorios auxiliares, por departamento de salud y provincia, y avisan de que "será muy superior a los 475 vehículos anunciados" ya que "se debe cubrir las necesidades de dotación de vehículos en cantidad suficiente, para el personal sanitario de los 283 centros de salud y 565 consultorios auxiliares".
SATSE advierte, no obstante, que este anuncio "no resuelve otras obligaciones pendientes, como la vigilancia de la salud y las autorizaciones administrativas de las personas que vayan a utilizar los vehículos".
